María Luisa Muñoz Sánchez

Expediente 283/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
283/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • María Luisa Muñoz Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, acepta la competencia declinada por este Juzgado, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    En virtud de no haberse presentado el promovente o alguno de sus autorizados, a notificarse personalmente del acuerdo de cinco de marzo del dos mil veintiuno, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice: FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo remitida por *****, por el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, misma que cuenta con firma criptográfica, por su propio derecho, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Delegado en Sinaloa del Instituto de Seguridad Social al Servicios de los Trabajadores del Estado., con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese el expediente 283/2021-III-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Este Juzgado carece de competencia por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; 52, fracción III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como en atención a la naturaleza de los actos que se reclaman. En principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente será determinar si este juzgado es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". Asimismo, cobra aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente". A efecto de establecer la competencia, no sólo debe atenderse al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado, lo que será acorde con su jurisdicción. Es aplicable al tema, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En ese orden de ideas, se destaca que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia. Por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Así, la competencia constituye una condición presupuestal esencial para que sea válida y eficaz la actuación de una determinada autoridad en el desarrollo de la función estatal que genéricamente le corresponde. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, se le ha considerado como un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla; de ahí que como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces o tribunales. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de criterios de asignación de la competencia: a) Por territorio; b) Por materia; c) Por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, como se precisó la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, destacando que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda presentarse ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción se advierte que el dispositivo en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; y c) Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el Juez de Distrito en la jurisdicción en que se haya presentado la demanda. De ahí que como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, determinó que cuando se reclama en amparo la indebida cuantificación de la pensión por no aplicarse los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de los pensionados (acto positivo), el cual se desenvuelve en su domicilio, por lo que será en éste en donde resientan su ejecución y, por ende, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio del quejoso. Jurisprudencia 2a./J.152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXX, correspondiente al mes de octubre de dos mil nueve, página 95, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Ahora del criterio jurisprudencial antes citado en lo que interesa se desprende lo siguiente: 1) Que el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo; y, 2) Cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Por lo que hace al escrito inicial de demanda se advierte lo siguiente: 1) Que la parte quejosa tiene su domicilio particular en la calle Sauces, número 154, colonia del Bosque, código postal 81040, de Guasave, Sinaloa; 2) Que de las autoridades Delegado en Sinaloa, Subdelegada de Prestaciones y Titular del Departamento de Pensiones todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclama la negativa de otorgar la pensión de viudez y de orfandad. 3) Para acreditar el interés jurídico allegó como prueba documental de una concesión de pensión a nombre del beneficiario Heriberto Fidel Aguirre Bernal, radicándose el pago en Guasave, Sinaloa. 4) El acto consiste en una negativa verbal de otorgar esa pensión. Lo anterior revela que este Juzgado carece de competencia por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, toda vez que la parte quejosa tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, es decir en Guasave, Sinaloa. De este modo, si la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de otorgar la pensión de viudez, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de derechos de pensión de la promovente, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de ésta, en consecuencia, dichos efectos se materializan, por seguridad jurídica, en el lugar de su domicilio (el ubicado en Guasave, Sinaloa) y no en varios. Es decir, ante una posible concesión de la protección constitucional los pagos referentes a la pensión por viudez y orfandad que aduce la promovente se materializarían en el domicilio de ésta, es decir en Guasave, Sinaloa. En consecuencia se estima que es aplicable por analogía la Jurisprudencia 2a./J.152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, como se adelantó, se considera que se actualiza el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en una circunscripción territorial distinta a la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, estos es, Guasave, Sinaloa. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y acorde con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de distrito, se declara incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por María Luisa Muñoz Sánchez. Por lo tanto, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa Ciudad, acompañándole los autos originales del expediente en que se actúa, con el objeto de informarle la presente resolución y para lo que tenga a bien determinar. Solicitándole, de no existir inconveniente, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. CUADERNO DE ANTECEDENTES Ahora bien, con copia certificada de la demanda y demás constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios de la Ley de Amparo a J. Rosario Zavala Valdez, ******, tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, tal como se advierte de la certificación de cuenta, y ténganse únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Ángel Bojórquez Villaseñor y Sergio Saúl Solano Arredondo, por así haberse solicitado expresamente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.

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