Maria Luisa Echagaray Idiarte
Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Maria Luisa Echagaray Idiarte
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la promovente *************************, mediante el cual, solicita la devolución de los documentos originales que acompaño al escrito inicial de demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele la documental que refiere, previa razón de recibo que se deje asentada en el expediente, debiéndose hacer entrega de la misma a la persona que indica, previo folio de sustitución que se deje en su lugar.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto recurso alguno contra el referido proveído; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ********************, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento realizado a través de proveído de treinta y uno de enero del año en curso. ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, antes de admitir una demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A ese respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.13o.A. J/6 emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 180663, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. ANTECEDENTES En principio, es conveniente precisar que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la promovente bajo protesta de decir verdad expuso lo siguiente: ... En ese orden de ideas, resulta oportuno señalar que la parte quejosa reclama los siguientes actos: ... Además, de las constancias adjuntas al escrito inicial de demanda, la parte quejosa, adjuntó la cédula o instructivo de notificación de dieciséis de enero del año en curso (fojas 15 a 19), de la cual, en lo que aquí interesa, se aprecia: ... De lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de once de enero de dos mil veintitrés, en la cual se decretó el lanzamiento reclamado de la vivienda ubicada en ********************lo cual se determinó en cumplimiento al juicio de amparo********************, es decir, reclama actos emitidos dentro de un juicio de amparo y en cumplimiento del mismo. En atención a los anterior, cabe destacar que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para la suscrita la sentencia emitida en el juicio de amparo ********************del índice de este Juzgado de Distrito Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10 a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 10, Tomo I, junio de 2018, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual no se opone a la ley de amparo vigente, con registro digital 2017123, cuyo rubro y texto son: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". En esos término, es menester precisar que en el juicio de amparo********************, en veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se causó ejecutoria la sentencia dictada el uno de agosto de dos mil veintidós, en la cual, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa ******************** (aquí tercera interesada) y su menor hija con identificación reservada, para los siguientes efectos: Provea lo que en derecho corresponda respecto del escrito presentado por la parte quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte; esto es, el relacionado con el registro 7979, en el que la parte quejosa solicitó: Que se ordenada al Instituto Mexicano del Seguro Social, el alta de la quejosa y su menor hija como beneficiarias directas familiares y dependientes económicos del aquí tercero interesado. De manera inmediata emita un acuerdo en el que restituya a la menor de iniciales ********************. y a su madre en la posesión del domicilio familiar; esto es, el ubicado en ******************** número ******************** entre ******************** y ******************** de la colonia ********************, de esta ciudad. En ese acuerdo deberá autorizar el uso de fuerza pública. Precisar al actuario o personal que comisione que al realizar la diligencia, únicamente en caso de que la parte demandada, aquí tercero interesado, se negara a salir del inmueble, empleen el uso de la fuerza pública y autorizar y la autorización de rompimiento de chapas y cerraduras. Decretar todas las medidas que estimen necesarias para proteger a la madre y a su menor hija de cualquier acto que pudiera atentar contra su integridad. Únicamente en el supuesto de que el inmueble se encuentre en posesión de un tercero, deberá emitir pronunciamiento en el que pondere de manera preeminente el interés superior de la niña frente al derecho de posesión del tercero, e indicar cómo debe proceder el actuario. En el entendido, de que en este supuesto deberá emitir de manera inmediata (una vez que tenga conocimiento con lo actuado en la diligencia que ordenó), lo que estime conforme a los lineamientos precisados en el punto previo (párrafo inmediato anterior), así como las razones expuestas en este considerando.". De lo anteriormente expuesto, se advierte que la parte quejosa se duele de actos que provienen del juicio de amparo indirecto número ********************del índice de este Juzgado de Distrito. Actualización de causa de improcedencia En el caso, respecto a los actos reclamados se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. (...).". De lo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando la acción constitucional que se plantea en una demanda de amparo se intente contra actos que hubiesen sido emitidos o se deriven del trámite de un juicio de amparo o determinaciones que constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata; es así, en virtud de que tales cuestiones forman parte del trámite de un juicio de amparo, o bien de su ejecución, en el cual el gobernado acudió en busca de la protección de la Justicia Federal, a través del sumario como un medio de control constitucional de legalidad y derechos humanos, de modo tal, que las determinaciones que se emitan en dicho procedimiento no pueden ser combatidas a través de otra instancia constitucional de igual naturaleza. En otras palabras, el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, inclusive, las omisiones en que pudiera incurrir la autoridad que conozca del mismo, es su no impugnabilidad mediante otro juicio de amparo, ya que, como se apuntó, el juicio de amparo es un medio extraordinario de control constitucional de legalidad y derechos humanos, cuyas determinaciones u omisiones, dictadas dentro del trámite o en ejecución de sentencia, no pueden impugnarse a través del mismo medio de control extraordinario, pues desnaturalizaría la finalidad del juicio de amparo, ya que de permitirse tal eventualidad, implicaría el nacimiento de una serie de juicios de amparo contra actos o abstenciones originados en otros juicios de amparo, pudiendo llegarse al extremo de perder incluso el sentido protector de legalidad y tutela de derechos constitucionales y humanos que previó el legislador a través del medio de control constitucional extraordinario, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Lo anterior encuentra sustento en la tesis II.2º.C.48 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en página 1235, Tomo XI, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 193061, cuyo rubro y texto son: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito". En tal virtud, si como ya se precisó, los actos que reclama la quejosa, como se advierte de la lectura de su escrito de demanda, son derivados del juicio de amparo indirecto número ********************del índice de este Juzgado de Distrito y la ejecución del mismo; por tanto, es inconcuso que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto. Es de destacarse que, por disposición expresa del legislador, se encuentra vedada la posibilidad jurídica de promover juicio de amparo contra las resoluciones pronunciadas en otro de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, siendo que la idea de suprimir el ejercicio de control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario contra otro del mismo orden jurídico. Por tanto, no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos emanados en ejecución de las resolución de los juicios de amparo, pues ello implicaría juicios de amparo contra otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables, lo que no es factible conforme a derecho; de ahí que, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 503, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196832, la cual no se opone a la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se desecha de plano la presente demanda de amparo, pues a nada práctico conduciría admitir a trámite una demanda que a la postre, aún con los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, no cambiaría el criterio respecto de la actualización de la causal de improcedencia tratada en la presente determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 40, marzo de 2017, Décima Época, cuyo registro es 2014019, y rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital 194725, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.".
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