María Luisa Castillo Muñoz
Expediente 1216/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1216/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Luisa Castillo Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el estado procesal, el veintiséis de abril del año en curso, se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https: //www. cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites..htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta este momento se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Agréguese el ocurso de la tercera interesada, en atención a su contenido y a la certificación secretarial, sin que sea procedente proveer su solicitud, en razón de que se encuentra transcurriendo el término para que cause ejecutoria la resolución dictada en autos. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema correspondiente; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1216/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) informes justificados; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció la documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, así como la inspección ocular. Pronunciamiento: Por lo que refiere a las tres primeras, se admiten y desahogan por su propia naturaleza; por su parte, respecto a la inspección judicial, no ha lugar a acordar favorable su admisión, pues a criterio del suscrito tal elemento de convicción no cumple con el requisito de idoneidad que deben satisfacer las pruebas conforme a los artículos 79 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia. Lo anterior, ya que la idoneidad consiste en que el medio de convicción sea adecuado o apropiado para demostrar el hecho controvertido; sin embargo, en el presente asunto la parte quejosa tiene el carácter de tercera extraña auténtica al juicio de origen y desde esa posición defiende la posesión legal de un inmueble, por lo que la cuestión central a examinar lo constituye el interés jurídico, que para el caso es una cuestión de iure y no de facto. Ello, pues al resolver la contradicción de tesis 40/2019, de la que derivó el criterio jurisprudencial 1a./J. 62/2019 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: "En ese orden, no es menester para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de contratos traslativos de uso, como el de arrendamiento; probar además de la fecha anterior a la orden de desposesión reclamada; la posesión material del bien inmueble de que se trate; pues el Pleno de este Alto Tribunal, ha emitido criterio en el sentido de que la posesión que protege el artículo 14 constitucional, no es la simple tenencia de las cosas o bienes, sino aquella que se funda en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas, como lo es el contrato de arrendamiento, a través del cual se transmite legalmente el uso del bien de su objeto, otorgando el arrendador al arrendatario el derecho a la posesión material; de ahí que probada la causa generadora de la posesión, esto es, la existencia de un título a través del cual ésta fue otorgada; ello, sea suficiente para acreditar el interés jurídico necesario para instar el juicio de amparo." De ahí que la inspección judicial no es, para este caso, un medio idóneo para justificar el interés jurídico en el presente juicio, siendo este elemento el toral a acreditar en la acción. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2020978, que señala: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." De lo expuesto, se evidencia que la inspección judicial ofrecida no resulta idónea en el caso, porque la litis en el presente asunto se centra en determinar el interés jurídico de la parte quejosa, que en su momento será valorado a la luz de las documentales exhibidas con la demanda, así como los medios de autenticación reconocidos jurisprudencialmente para establecer su fecha cierta. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Es así, pues el juzgador de amparo al calificar la admisión o no de las pruebas ofrecidas por las partes, debe procurar evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, velando por el principio de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal; es decir, examinar que las pruebas sean el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, pues de recibir alguna que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. También se cita al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 41/2001, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Por tanto, al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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