María Lucia Ruiz Galloso y Otros.
Expediente 1353/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Lucia Ruiz Galloso y Otros.
- María Lucia Ruiz Galloso
Actuaciones
- Principal
Agréguese la razón de imposibilidad para enterar personalmente a la parte quejosa el proveído de seis de diciembre pasado; en consecuencia notifíquese por medio de lista dicho auto, éste y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL PROVEÍDO DE SEIS DE DICIEMBRE PASADO, SEÑALA: "Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención ordenada y exhibe copias de la sentencia, de donde se observa la información procesal del juicio de origen; en consecuencia, se provee: SE DESECHA LA DEMANDA I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso numeral 62 de la ley de la materia , las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Novena Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca 626/2015-3, donde confirmó el auto de tres de julio anterior, dictado por el Juez Octavo de lo Civil de la Ciudad de México en el juicio ordinario civil 876/2013de su índice. En la determinación primigenia, se ordenó girar oficio Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de la Ciudad de México; para que diera cumplimiento al proveído de veintisiete de abril anterior, en el que a su vez se ordenó la cancelación de la escritura pública que obra en el volumen 18 numero 818 de veintiocho de mayo de dos mil trece, pasada ante la fe del notario público número 11, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de la Ciudad de México, con el folio real 5132191, en cumplimiento a la sentencia definitiva. Además, respecto de diversas peticiones de aclaraciones de datos solicitadas por el quejoso, se le indicó que debía formularlas ante la autoridad registral, por ser quien expidió el certificado de libertad de gravámenes al que se refiere en su solicitud. La fijación de los actos reclamados en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus aclaraciones para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." También se cita al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." III. El presente juicio es improcedente respecto de los actos reclamados al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos transcritos se advierte que contra acto reclamado derivado de un proceso judicial, el juicio de amparo biinstancial procede sólo contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. } Conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, debe entenderse a aquella donde se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla ; pudiendo reclamar en ella las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En el caso, la parte quejosa reclama la sentencia que confirmó el proveído donde se giró oficio a la entidad registral para que diera cumplimiento a un auto previo, que a su vez ordenó cancelar la escritura pública que obra en el volumen 18 numero 818 de veintiocho de mayo de dos mil trece, pasada ante la fe del notario público número 11, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de la Ciudad de México, con el folio real 5132191, en cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, la cual causó ejecutoria mediante proveído de cuatro de abril de dos mil dieciocho. Así, se afirma que se está en la etapa de ejecución de sentencia, dentro de un procedimiento donde los peticionarios son parte actora; además, es importante tener en cuenta lo siguiente: - El objeto de la sentencia definitiva es lograr la cancelación de la escritura pública referida, pues expresamente así lo dispuso en su punto resolutivo tercero. - La pretensión de la parte quejosa consiste en realizar correcciones o modificaciones sobre los datos relativos al folio real respectivo. De modo que, la realidad registral solicitada por el quejoso, deberá confrontarse con lo sentenciado en o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." definitiva, porque ese es el estado jurídico del folio real, y eso sucederá hasta que se dicte la última resolución en la fase de ejecución. En ese sentido, puede afirmarse que la materia del acto reclamado no constituye la última resolución emitida en la etapa de ejecución de la sentencia definitiva, puesto que no aprueba o reconoce aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para ello, ni la orden de archivo definitivo del expediente. En efecto, será hasta ese momento, en que la autoridad determine que podrán confrontarse las violaciones que la parte quejosa considere que influyan en dicha determinación y que la dejaran sin defensa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala del Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, Novena Época, Materia Civil, registro 164639, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Consecuentemente, al no constituir el acto que reclama la última resolución dictada en ejecución de sentencia, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo y lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ... y ..., contra actos de la Novena Sala y Juez Octavo ambos de lo Civil de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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