María Luisa Bautista Flores
Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- María Luisa Bautista Flores
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guarda este asunto, se advierte que en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se dejó a disposición de la quejosa ******* el billete de depósito ******* que ampara la cantidad de $*******), que exhibió como medida de aseguramiento en este asunto; siendo que dicha determinación le fue notificada por lista de acuerdos el veintiséis de abril del propio año, sin que haya comparecido ante este órgano jurisdiccional para recibirlo. Al respecto, consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el término de dos años previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación para la prescripción del depósito al cuidado del Gobierno Federal; consecuentemente, se declara prescrito a favor del Fisco Federal el billete de depósito *******, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $*******). En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 882 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, una vez que se declare firme este acuerdo, envíese la garantía descrita debidamente endosada a la Tesorería de la Federación con residencia en la Ciudad de México, para su cobro, con copia certificada del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, de la notificación respectiva y de este acuerdo. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
Debido a que la parte quejosa ******* no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Catastro del Municipio de Xalapa de Enríquez, Veracruz; por lo tanto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 341/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, el quejoso deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe -previamente a su promoción-, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución General de la República. Ahora bien, atento a los actos que la quejosa reclama en la demanda en estudio, conviene traer a contexto el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, que dispone lo siguiente: Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute a trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; (REFORMADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; (REFORMADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; REFORMADA, G.O. 5 DE NOVIEMBRE DE 2010) VIII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; REFORMADA; G.O. 13 DE AGOSTO DE 2013) IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; REFORMADA; G.O. 13 DE AGOSTO DE 2013) X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; (ADICIONADA, G.O. 13 DE AGOSTO DE 2013) XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y (ADICIONADA, G.O. 13 DE AGOSTO DE 2013) XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley." (Lo subrayado es propio) HECHOS En el caso, los actos reclamados por la quejosa consiste en: 1. Las determinaciones contenidas en los oficios ******* de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitidos por el Jefe de Departamento de Catastro del Municipio de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a través de los cuales se le niega la "Constancia de Medidas y Colindancia, así como su respectivo plano certificado" y la Constancia de Valor Catastral referido del año 1990", respecto de los lotes marcados con los números *******en esta Ciudad, de los cuales refiere tener la posesión. No obsta a lo anterior, que la parte quejosa en el apartado relativo a IV. ACTO RECLAMADO", haya expresado que señalaba como tales la falta de congruencia entre lo peticionado y lo contestado en los oficios antes referidos , así como el impedimento" por parte de la autoridad responsable de otorgarle el acceso a la información requerida; sin embargo, se tratan de argumentos encaminados a demostrar la ilegalidad de los actos ya precisados, por lo que en su caso, constituyen conceptos de violación. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, se concluye que este juicio de amparo es improcedente, porque la parte promovente antes de acudir a la instancia de amparo, debió agotar el Juicio Contencioso Administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, para combatir el acto reclamado, pues a través de este último puede obtener la nulidad de los oficios a través de los cuales se le negaron respectivamente las "Constancias de Medidas y Colindancia, así como su respectivo plano certificado" y las "Constancias de Valor Catastral referido del año 1990". En ese sentido, la parte quejosa antes de acudir a la vía de amparo debió agotar el juicio contencioso administrativo, por lo que al no haberlo hecho así incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de la materia. Tienen aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020596 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 326 Tipo: Jurisprudencia JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. Sin que en el caso, se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, debido a que no se reclama alguna disposición general y abstracta; ni se proponen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución; ni los oficios señalados como actos reclamados carecen de fundamentación, como se desprende de su lectura, ya que los mismos se encuentran anexos al ocurso de demanda; ni la ley que rige el juicio contencioso prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En consecuencia, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, y con las restricciones que impone dicho numeral a las restantes personas por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DOMICILIO Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, ubicado en esta ciudad. INVITACIÓN PARA TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga a *******, en su carácter de autorizada de la parte quejosa con usuario "*******", el ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para efectos de consulta del expediente electrónico; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, en virtud que consta en la certificación secretarial que dicho usuario se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que resulta necesario habilitar a dicho usuario, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. DATOS DE CONTACTO Se toma como dato de contacto el correo electrónico que proporciona la parte quejosa para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, para la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este juicio. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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