María Leal Sandoval
Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- María Leal Sandoval
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del Acuerdo normativo.
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
Debido a que la parte quejosa ***********, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de seis de marzo del presente año que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****************, por propio derecho, contra actos de la Jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Decimoprimer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el libro de gobierno con el número de juicio 203/2019. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. HIPOTÉSIS NORMATIVA En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.-------- (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: ---------------- (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Lo anterior, implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. HECHOS En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La resolución de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en los autos de la Causa Penal ***************** del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en el sentido de confirmar el auto de veinte de febrero de este año, en donde se dictó el cierre de instrucción. CONCLUSIÓN Se concluye que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino únicamente derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa, al dictarse sentencia en la Causa Penal ***************** del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, obtiene una resolución favorable a sus intereses, y en caso que la violación trascienda, podrá impugnarla conjuntamente al promover amparo directo contra la sentencia definitiva que se dicte en dicho asunto, en términos de los artículos 171,172 y 173 de la Ley de Amparo. En efecto, el acto que combate la parte quejosa en esta instancia constituye meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ello en virtud que no se afectan los derechos sustantivos de la quejosa, ni implica necesariamente que se dicte una resolución desfavorable a sus intereses y la afectación procesal que en todo caso llegue a sufrir, puede subsanarse con la obtención de una sentencia favorable en los autos de la Causa Penal ***************** del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; en caso contrario, tienen la posibilidad de impugnar tal violación en amparo directo junto con la sentencia respectiva, lo que en modo alguno le privaría de su derecho a la defensa. De ahí que, en el caso, no se actualizan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues el derecho que reclama la parte quejosa no reviste la categoría de sustantivo, por no constituir el acto que reclama una afectación actual, sino que depende del hecho que llegue o no a trascender al desenlace del juicio de origen. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: Época: Décima Época Registro: 2012822 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.III.P. J/9 K (10a.) Página: 2092 "INSTRUCCIÓN. EL AUTO QUE LA DECLARA AGOTADA Y EL ACUERDO QUE RESUELVE QUE ES INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA AQUÉL, NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los artículos 147 y 150 del Código Federal de Procedimientos Penales prevén el procedimiento y las reglas para declarar agotada la instrucción, entre de lo que destaca que el Juez del proceso debe avisar a las partes sobre el estado procesal que guarda la causa penal un mes antes de que venzan los plazos ahí establecidos para declarar agotada la instrucción, y les dará un plazo inicial de 10 días para que se pronuncien al respecto, hecho lo cual, dictará el acuerdo respectivo, en el que les otorgará otro plazo de 10 días para que ofrezcan las últimas pruebas, las que se desahogarán dentro de los 15 días siguientes; sin embargo, el legislador dejó abierta la posibilidad de que el Juez recabe de oficio pruebas para mejor proveer e incluso, que duplique el término de 10 días para el ofrecimiento de pruebas, de suerte que dicho auto, así como el acuerdo que resuelve que es infundado el recurso de revocación interpuesto contra aquél, no constituyen actos de imposible reparación pues no afectan de manera material el derecho fundamental de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino al contrario, se prevén diversas posibilidades para agotar las expectativas de defensa del justiciable, por lo que únicamente producen efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto y, por ende, el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo donde tiene expedito su derecho a recurrirla; y, de continuar siéndole desfavorable, controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo." Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Época: Novena Época Registro: 184249 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Mayo de 2003 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/231 Página: 1186 "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en el escrito de demanda; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************** por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. Por otra parte, se autoriza a *****************, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. UTILIZACION DE MEDIOS ELECTRONICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.
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