Maria Lucia Cordoba Paz
Expediente 631/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Lucia Cordoba Paz
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese al cuaderno de antecedentes del juicio de amparo 631/2019-V-1, para que obre como corresponda, el oficio número 6545/2019, recibido vía electrónica, firmado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, por el que transcribe íntegro el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el amparo directo civil ** del índice del Colegiado de su adscripción; del que se desprende, en lo que aquí interesa, que se determinó que la competencia para conocer del asunto se surte a favor de ese Tribunal Colegiado, confirmando el auto de quince de julio del apuntado año, pronunciado por este Juzgado de la Federación dentro del juicio de amparo de donde deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Consecuencia de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control y al no existir diligencia que desahogar o recurso pendiente por resolver, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atendiendo al punto vigésimo fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes en que se actúa deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos del Juez Sexto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 631/2019-V-1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. De la demanda de amparo, se desprende que se señaló como autoridad responsable al Juez Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, autoridad a la que se reclamó el acto que se describió, en lo conducente, de la siguiente forma: III.- ACTO RECLAMADO - SENTENCIA DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NÚMERO: *** la cual me fue notificada en fecha: 21 de junio del 2019 QUE ORDENA EN SU RESOLUTIVO QUINTO : EJECUCIÓN TRANSE Y REMATE DE BIENES DE MI PROPIEDAD EMBARGADOS Y DONDE NO RECONOZCO LA FIRMA QUE OBRA EN LEL PAGARÉ NI TAMPOCO LO FIRMÓ LA SUSCRITA: HECHO QUE PROBÉ CON LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOLOGÍA Y DONDE SE CONCLUYÓ QUE LA FIRMA QUE CALZA EL "PAGARE" NO ES DE LA QUEJOSA POR LO QUE EL MANDAMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN TRANSE Y REMATE QUE ORDENA LA SENTENCIA EN CITA VIOLA EN MI PERJUICIO DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE MAS ADELANTE PRECISARE. Asimismo, de la lectura integral de la demanda de cuenta, como antecedentes del acto reclamado se obtiene, en lo que aquí interesa, que en el Juzgado Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, se radicó el juicio ejecutivo mercantil ***, promovido por el endosatario en procuración de *** en contra de la aquí quejosa ***, a quien demandó pago de pesos como suerte principal y otras prestaciones; expediente en el cual, una vez seguidos los trámites correspondientes, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se emitió sentencia definitiva, en la que se condenó a la aquí quejosa al pago de treinta mil pesos cero centavos moneda nacional, como suerte principal; y al pago de intereses moratorios a razón del 4.53% mensual a partir del dieciséis de enero de dos mil dieciséis, fecha de vencimiento del documento (pagaré) base de la acción, así como al pago de costas procesales, ordenando el remate de los bienes embargados dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen. De igual forma, de la demanda de cuenta se desprende que la quejosa considera que la sentencia dictada en su contra, en la que se le condenó al pago de las citadas prestaciones, es ilegal e injusta ya que asegura, nunca firmó el documento base de la acción; además de que no reconoce la firma que calza el documento; determinación que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Destacado lo anterior, se estima pertinente señalar que el artículo 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." (Lo destacado es nuestro). Lo hasta ahora anotado, pone de manifiesto que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida en razón de que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, puesto que como se apuntó, se trata de la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Sexto Menor Civil de Celaya, Guanajuato, que resolvió el expediente de 1460/2017; esto es, se trata de una sentencia definitiva que decidió en lo principal y pone fin al juicio de origen; misma resolución que de acuerdo con la Ley aplicable y atendiendo su cuantía, ya no existe recurso ordinario en su contra que pueda modificar o nulificar la sentencia reclamada. Sobre el tema, son aplicables por lo que informan, las Tesis siguientes: Octava Época Registro: 227370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: Página: 466 RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra resolución empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, resoluciones que pongan fin al juicio, no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas. Novena Época Registro: 182952 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Octubre de 2003 Materia(s): Común Tesis: XXVII.7 K Página: 1107 RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías directo, en tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio, se supedita no sólo a la peculiaridad de que dicha resolución dé por terminada la instancia, sino a que en absoluto admita la existencia de un recurso ordinario que sea procedente y, por tanto, exista la posibilidad de que en esa vía, pueda ser revocada o modificada. La interpretación que al respecto se tiene, se funda invariablemente en el hecho de que una de las notas distintivas de que hace uso tanto el Constituyente como el legislador federal para estructurar tales normas, se apoya precisamente en el principio de que contra resoluciones de esa índole o proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; en consecuencia, para dilucidar la competencia de un Tribunal Colegiado, en el caso de resoluciones que ponen fin al juicio y, por ende, determinar su definitividad debe entenderse, de manera primordial, no sólo al hecho de que con esa resolución se dé por concluida la instancia, sino también al requisito sine qua non, de que el ordenamiento que la rija, no prevea algún recurso o medio de defensa, por cuyo conducto pueda ser modificada o revocada; por ello, si ese tipo de resolución admite recurso ordinario, evidentemente no será definitiva y, por consiguiente, no pondrá fin al juicio, surtiéndose la competencia de un Juez de Distrito para resolver en vía indirecta, que puede encuadrar en la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; y si resulta lo contrario, es decir, si no admite recurso, entonces se actualizaría inobjetablemente la competencia del Tribunal Colegiado para conocer de esa resolución, a través del juicio de garantías de única instancia, en términos de los preceptos legales citados en un principio. En consecuencia, de conformidad con el artículo 47 primer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por *** por su propio derecho; y atendiendo el contenido del diverso numeral 34 del indicado ordenamiento legal, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito, punto segundo, fracción XVI, se ordena remitir la demanda promovida y sus copias; al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para que sea dicho órgano jurisdiccional quien se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos reclamados por *** por su propio derecho. Háganse las anotaciones en el libro de control y solicítese el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Cabe destacar que no se soslaya el contenido del artículo 37 párrafos primero y tercero de la Ley de Amparo, del que se desprende que es competente un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, el del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (primer párrafo); o bien, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material (párrafo tercero). Sin embargo, al margen de que la resolución reclamada tenga o no ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado de la Federación, lo cual implicaría que sea un Juez de Distrito el que conozca de la demanda promovida; se estima que en el caso, prevalece la hipótesis establecida en el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que se tiene el convencimiento de que el acto reclamado, constituye una determinación que da por concluido el juicio de origen; lo que permite concluir que se trata de una resolución de exclusiva competencia de un Tribunal Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En razón de la decisión a que se ha arribado, no es el caso hacer pronunciamiento respecto del señalamiento de domicilio y autorizados para recibir notificaciones de carácter personal que realizó la promovente en la demanda de cuenta; ya que ello corresponde a la autoridad jurisdiccional federal que resulte competente para conocer de la demanda promovida. Sin perjuicio de lo anterior, a efecto de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, notifíquesele personalmente este acuerdo. Ahora, en razón de que la solicitante del amparo señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el que describió como los estrados de este H. Tribunal, siendo que estos no constituyen un domicilio propiamente dicho; practíquese la notificación de este auto a la promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley.
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