Maria Lorena de los Dolores Romero Diaz
Expediente 474/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Lorena de los Dolores Romero Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos los oficios signados por las autoridades responsables Encargado del despacho en suplencia del Delegado Estatal de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Encargado de despacho de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ambos con residencia en Celaya, Guanajuato, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe justificado que a su parte corresponde. Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, exhibida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la documental que la autoridad responsable mencionada en segundo término, adjuntó a su informe de ley. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Por otra parte, se desprende que el informe de mérito no fue rendido con una anticipación de ocho días del señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, para que las partes se impongan del contenido del mismo, conforme lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo cual es necesario para la debida integración del presente asunto. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas del once de julio de dos mil diecinueve, para que la misma tenga verificativo. Es aplicable la tesis visible en la página 409 del tomo VII, marzo de 1998, novena época, Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso, y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89.
- Incidental
En esta fecha, tuvo verificativo la audiencia incidental, la cual una vez concluida se resolvió: UNICO. Se niega a ***, la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos y autoridades indicadas en el resultando primero; por los motivos expuestos en los considerandos Primero y Segundo de la presente resolución interlocutoria.
- Incidental
Por recibido el oficio signado por el Encargado de Despacho de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Celaya, Guanajuato. En atención a su contenido, y con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe previo que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia incidental. Conforme al artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte, la documental que anexa a su oficio, la cual se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta dentro de la audiencia incidental. Como lo dispone el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante señalando domicilio para recibir notificaciones el que señala, siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones; asimismo, se tiene como delegados de su parte, conforme el artículo 9° de la ley de la materia, a las profesionistas que para tal efecto indica. Finalmente, en cuanto a su petición de que se niegue la suspensión defiitiva, dígasele que una vez que se emita la resolución correspondiente, se revolverá conforme a derecho.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ***, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Delegado en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y Director de Prestaciones Económicas, Sociales y del Trabajo de la Delegación en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ambos con residencia en Celaya, Guanajuato, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 apartado B, fracción IV, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 474/2019-II.1. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por María Lorena de los Dolores Romero Díaz, en contra de los actos reclamados al Delegado en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y Director de Prestaciones Económicas, Sociales y del Trabajo de la Delegación en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ambos con residencia en Celaya, Guanajuato. Pídase informe justificado a las autoridades responsables quienes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibidas que de ser omisas en rendirlo, se les impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado vía fax al número 01-461-61-5-57-93, telegráfica o correo electrónico a la dirección 5jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Se señalan las nueve horas con dieciocho minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término que se les concede para rendir su informe justificado, remitan copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que tomaron en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifiesten el impedimento que tenga para ello, apercibidas que de no hacer manifestación alguna se les impondrá una multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo actual. De igual manera, se ordena requerir a las autoridades responsables, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales vigente, informen de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se les impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, a fin de que proporcione el nombre y domicilio del tercero interesado. Ello en razón de que el presente asunto es contra un derecho constitucional violado a la quejosa directamente, sin que haya contraparte respecto del acto reclamado. Lo anterior, para favorecer la pronta impartición de justicia. Téngase a la parte quejosa exhibiendo como prueba de su parte la documental que acompaña a su escrito de demanda, la cual se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Se ordena la compulsa de la documental referida en el párrafo que antecede, para ser agregada a los cuadernos incidentales correlativos al presente juicio, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia 2ª./J 19/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala, publicada en la página 401 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, con el número de registro: 2000319 que establece: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, signada por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior la tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común que establece: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión, como lo ordena el artículo 128 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del ministerio público de la federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponda. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, el ubicado en calle ***. Asimismo, se tiene como autorizados de su parte a los licenciados ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco; y, a ***, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no cumplir con el requisito citado con antelación. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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