Maria Lucero Blanco Tolentino

Expediente 979/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
979/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
15/01/2021

Partes del expediente

  • Maria Lucero Blanco Tolentino

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente María Lucero Blanco Tolentino interpusiera recurso de queja, en contra del auto de treinta de diciembre de dos mil veinte, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009). Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se advierte que mediante circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, se establece que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos con las salvedades de los asuntos que se califiquen como urgentes, ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Por lo que, tomando en consideración que la parte quejosa estableció la solicitud de acceso al expediente electrónico, y que se le practiquen las notificaciones de por la misma vía, se provee: Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la promovente María Lucero Blanco Tolentino, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el nueve de diciembre de dos mil veinte, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a las actuaciones, el escrito aclaratorio signado física y electrónicamente por Diego de Jesús Huerta Romero, autorizado en términos amplios de la quejosa María Lucero Blanco Tolentino, a través del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de diciembre de dos mil veinte; no obstante sin que haya lugar a realizar pronunciamiento al respecto, en razón a que el desahogo de la prevención formulada en ese auto, debió presentarse signado por el mismo quejoso, y no por autorizado alguno. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo no confiere a los autorizados la facultad para aclarar la demanda, o subsanar los requisitos establecidos en la Ley de la Materia, pues dicho numeral únicamente le otorga la facultad de interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir a la parte quejosa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Hágase del conocimiento de la parte quejosa que en virtud de que el escrito con el cual pretendió desahogar la prevención, fue presentado ante este órgano de Control Constitucional el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, es decir, al segundo día de los cinco concedidos ya que el auto de nueve de diciembre se notificó electrónicamente el trece de diciembre del año en curso (día inhábil), por lo que se tiene por hecha el catorce de diciembre pasado, aún cuenta con tres días concedidos en el referido proveído para desahogar íntegramente la prevención de mérito, pues con la interposición del ocurso de cuenta se interrumpió el término en cuestión; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente auto, dé cumplimiento a la prevención formulada en el multicitado proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, subsistiendo los apercibimientos decretados en el mismo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vistos los autos y el contenido de la certificación que antecede se advierte que por sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Fernando Hernández Aldrete y que dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "(.) SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En virtud de las consideraciones expuestas en el considerando octavo de esta resolución, donde se concedió el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, con fundamento en los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo, se exponen los efectos de dicha concesión. Se requiere al 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para el efecto de que una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de formal prisión que emitió el diez de noviembre de dos mil diecinueve, en el proceso penal 296/2013, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD. II. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales y materiales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: 1. Señalará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir el auto reclamado (fundamentación), y expresará las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto I del considerando que antecede). 2. Motivará, en el apartado del cuerpo del delito, los elementos del cuerpo del delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, así como los medios de prueba, con su valoración, para acreditar cada uno de ellos, y las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución del delito en estudio, respecto de procesado, aquí quejoso, José Fernando Hernández Aldrete y no de la diversa coprocesada HILDA HOYOS GUTIÉRREZ), en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto II del considerando que antecede); y, 3. Motivará, en el apartado de la probable responsabilidad, las circunstancias de tiempo, lugar y de ejecución del delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, que atribuyan la comisión del mismo a un sujeto específico, en el caso, al aquí quejoso, José Fernando Hernández Aldrete y no de la diversa coprocesada HILDA HOYOS GUTIÉRREZ), en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto III del considerando que antecede). 4. Notifique esa nueva determinación al quejoso y remita las constancias que acrediten el cumplimiento. No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, ya que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales y materiales. Signifíquese al 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que la concesión del amparo no implica dictar auto de libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, consistente en la ejecución del auto de formal prisión reclamado, consistente en la identificación administrativa del quejoso, por ser una consecuencia del mismo, por el que se concedió la protección de la justicia federal, ya que al ser violatorio de garantías, su ejecución también lo es. (.) En virtud de lo anterior, el 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla: III. No deberá realizar actos tendentes a la ejecución del auto de formal prisión emitido por el 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el diez de noviembre de dos mil diecinueve, en el proceso penal 296/2013, seguido en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, consistente en la identificación administrativa del quejoso." Se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no cumplir dentro del término que se señala, o bien informar el impedimento que tengan para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; en el particular, toda vez que al tratarse del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, tal autoridad cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia P.J 63/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a la tercera interesada, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del acuerdo general 21/2020, y por oficio a las autoridades responsables, al ministerio público adscrito a la responsable ordenadora, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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