Maria Leticia Sanchez Carmona
Expediente 395/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Leticia Sanchez Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, dígase a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger la documental que exhibió en autos; con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento será destruido. Notifíquese por lista a la quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito de demanda recibido el doce abril de dos mil veintidós por Buzón Judicial, y remitido por razón de turno, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, María Leticia Sánchez Carmona, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes (foja 3): "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Investigación Oriente del Estado de Puebla. IV. NORMENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: 1.- La omisión de continuar con la investigación del delito de despojo, dentro de la carpeta de investigación PGEP/FIM/FIM-1/002723/2021. 2.- La omisión de dar contestación al escrito de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, presentado en oficialía de partes el veintidós del mismo mes y año," La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados el contenido en los artículos 8 y 17 de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós (fojas 7 a 17), se acordó lo siguiente: a) se desechó la demanda de amparo, por lo que hace al acto consistente en la omisión de continuar con la investigación del delito de despojo, dentro de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021, y la omisión de dar contestación a la petición de la quejosa de solicitar se desahogue una prueba pericial; b) se admitió la demanda sin incidente de suspensión, por lo que hace al diverso acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, presentado en oficialía de partes el veintidós del mismo mes y año, en la parte que solicitó la expedición de copias cotejadas de la carpeta de investigación; c) se requirió el informe justificado a la autoridad responsable; y d) se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 29). TERCERO. Autoridad sustituta. En auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvo como autoridad sustituta a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (Rosa María Guadalupe Morales González), por ser la que conoce actualmente de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021 (foja 35). CUARTO. Cita para audiencia. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós (foja 40), se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia, y, PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo r y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que la parte quejosa reclama a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (Rosa María Guadalupe Morales González): a) La omisión de dar contestación el escrito de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, presentado en oficialía de partes el veintidós del mismo mes y año, en la parte que solicitó la expedición de copias cotejadas de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (Rosa María Guadalupe Morales González), al rendir el informe justificado negó el acto que se le atribuye (foja 45). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, al haber prueba en contrario, pues si bien refirió que dio contestación a la petición de la quejosa, cierto es también que de las constancias que remitió en apoyo al informe justificado (fojas 46 a 54), a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se advierte que notificó a la parte quejosa hasta el veinticinco de mayo de dos mil veintidós el oficio 714/2022 (citatorio) que contiene la respuesta a la solitud de copias. Por lo que a la fecha de presentación de la demanda de garantías (doce de abril de dos mil veintidós), la autoridad responsable no había notificado a la parte quejosa el oficio 714/2022 (citatorio) que contiene la respuesta a la solitud de copias; de ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza del acto reclamado, consistente en una omisión, el mismo se considera de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. Por tanto, la promoción del juicio de amparo no está sujeta al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el día doce de abril de dos mil veintidós, mediante buzón judicial entonces, es evidente que su promoción fue oportuna. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que interpreta el artículo 21 de la Ley abrogada que es idéntico al numeral 17 de la Ley de Amparo vigente en cuanto al término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La omisión que reclama la parte quejosa, tiene su origen en una carpeta de investigación que se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, los actos combatidos serán analizados con las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que la quejosa tienen el carácter de víctima, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SEXTO. Improcedencia del amparo indirecto respecto al acto reclamado. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito juez de Distrito pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juez de Distrito advierte de oficio que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (Rosa María Guadalupe Morales González), de dar contestación al escrito de la quejosa de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, presentado en oficialía de partes el veintidós del mismo mes y año, en la parte que solicitó la expedición de copias cotejadas de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 la Ley de Amparo que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; XXII (.)" Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Luego, de las documentales públicas que remitió la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (Rosa María Guadalupe Morales González), consistentes en las constancias que integran la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021 (fojas 46 a 54), ya valoradas se advierten a manera de antecedentes, los siguientes: 1. Que el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la quejosa presentó, en oficialía de partes de la entonces autoridad responsable, escrito de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por el que solicitó, entre otras cosas, la expedición de copias cotejadas de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021 (foja 47). 2. Que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la agente ministerial responsable emitió el oficio 714/2022 (citatorio) que contiene la respuesta a la solitud de copias de la quejosa; la parte conducente dice (foja 52): "(.) SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DEBERÁ ACUDIR A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL., CON NÚMERO DE TELÉFONO 222117900 EXT 4044, CUALQUIER DÍA Y HORA HÁBIL DE OFICINA COMPRENDIDO DE LUNES A VIERNES CON HORARIO DE 9:30 HORAS A 14:00 HORAS Y DE 18:00 HORAS A 20:00 HORAS Y REALICE EL TRÁMITE DE LAS COPIAS COTEJADAS SOLICITADAS A LA C. ABOGADA GINA KARLA PASTRANA CADENA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DELEGACIÓN ORIENTE." 3. Dicho oficio (citatorio) se le notificó el mismo veinticinco de mayo de dos mil veintidós, vía telefónica, como se advierte de la constancia levantada para tal efecto (foja 53). De lo anteriormente narrado, se advierte que si bien la parte quejosa reclamó a la agente ministerial responsable, la omisión de dar contestación el escrito de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, presentado en oficialía de partes el veintidós del mismo mes y año, en la parte que solicitó la expedición de copias cotejadas de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021; al respecto, dicho acto al ser de naturaleza omisiva, de concederse la protección constitucional tendría como efectos obligar a la autoridad responsable para que en breve término acordará el escrito de la quejosa; sin embargo, ello ya aconteció. En efecto, de los antecedentes que han quedado narrados, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito que presentó la quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el que solicitó la expedición de copias cotejadas de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021; pues si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de abril de dos mil veintidós), la omisión reclamada sí existía, se tiene que se acordó y se le notificó a la quejosa con posterioridad, esto es, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós (fojas 52 y 53), esto es, después de admitida la demanda de amparo. Entonces, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía individual transgredida (derecho de justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 Constitucional). Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la referida Ley de Amparo procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS respecto del acto que María Leticia Sánchez Carmona, reclamó a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (Rosa María Guadalupe Morales González), consistente en la omisión de dar contestación el escrito de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, presentado en oficialía de partes el veintidós del mismo mes y año, en la parte que solicitó la expedición de copias cotejadas de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por María Leticia Sánchez Carmona, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, en virtud de lo narrado en el considerando sexto de la resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese: a la parte quejosa por lista, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y por oficio a la autoridad responsable, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Maribel Pereda Corvera, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. Elaboró: HORM/AARL. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría y se giraron los oficios correspondientes. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, hago constar y certifico 1) que la presente hoja corresponde a la última de la resolución de trece de junio de dos mil veintidós, del juicio de amparo 395/2022 del índice de este juzgado de distrito, promovido por María Leticia Sánchez Carmona, en el que se sobreseyó el juicio en relación a los actos reclamados y 2) que la resolución que antecede se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE).AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con veintiocho minutos del trece de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas (foja 41) para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de garantías 395/2022, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de Maribel Pereda Corvera, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, el escrito de demanda presentado por María Leticia Sánchez Carmona respecto del acto que reclamó al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Investigación Oriente del Estado de Puebla (fojas 2 a 5); auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós (fojas 7 a 17); proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós por el que se tuvo como autoridad sustituta a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla (Rosa María Guadalupe Morales González); así como el informe justificado que rindió esta última autoridad; y se certifica que transcurrieron los ocho días concedidos a las partes para que se impusieran de los mismos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio: La Secretaria da cuenta con la prueba documental pública que exhibió la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, Rosa María Guadalupe Morales González, al rendir su correspondiente informe (fojas 46 a 54). También se da cuenta con la documental que exhibió la quejosa, consistente en el original del acuse de recibo del escrito que presentó el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno ante la agente ministerial que conoció en primer lugar de la denuncia de la quejosa (agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Investigación Oriente del Estado de Puebla). Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales relacionadas por la Secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita no presentó pedimento y que las demás partes tampoco lo hicieron. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Se tiene a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, y a las demás partes por precluido el derecho para ofrecer alegatos, con lo que se cierra el periodo de referencia. Al no existir más promociones que acordar ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo que se levanta esta acta para constancia, y acto seguido el suscrito juez de Distrito dicta
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables siguientes: No.Autoridades responsables1 Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla -Rosa María Guadalupe Morales González- Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBAS De igual manera, con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase al juez penal responsable ofreciendo como prueba la documental que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes...
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que en auto de cuatro de mayo pasado, se tuvo a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Investigación Oriente del Estado de Puebla -Yolanda Torres Rodríguez-, informando a este órgano de control constitucional su imposibilidad para rendir el informe justificado que se le solicitó en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós (admisión), pues refirió que quien conoce ahora de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021 es la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Razón por la cual en dicho auto se tuvo como autoridad responsable sustituta al Fiscal adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, encargado de la carpeta de investigación PGEP/CDI/FIM/FIM-1/002723/2021 y se le solicitó su informe justificado en términos de lo señalado en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós (admisión). CONOCIMIENTO DE AUTORIDAD Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable sustituta Fiscal adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuzo de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, en acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, para que rindan su informe justificado. En tales condiciones, para los efectos legales a que haya lugar, se hace del conocimiento de la autoridad antes referida que el término de referencia, transcurre del nueve al veintisiete de mayo de dos mil veintidós, atento que el oficio por el que le fue requerido dicho informe con justificación, se le notificó el cuatro de mayo de la anualidad en curso, por lo que surtió efectos dicha notificación en la misma data, sin tomar en consideración los días sábado, domingo y cinco de mayo pasado, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como 6 de mayo en atención a la circular 5/2022 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIFERIMIENTO ANTICIPADO En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticuatro minutos del veinte de mayo de dos mil veintidós, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE; y, en su lugar se señalan las nueve horas con veintiocho minutos del trece de junio de dos mil veintidós, para su celebración Notifíquese por lista a las partes debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a la autoridad sustituta requerida.
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