María Lorena Zambrano Luna

Expediente 760/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
760/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • María Lorena Zambrano Luna
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a trece de junio de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio signado por la Secretaria del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite el testimonio de la resolución dictada mediante sesión de veinte de mayo de dos mil veintidós, en el toca R.A.-51/2022. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor, por mayoría de votos, resolvió: Acúsese el recibo de estilo correspondiente, vía interconexión, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, es conveniente precisar que los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días. (Lo subrayado es propio). respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal Ahora bien, conviene precisar que mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: Por lo tanto, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá dejar insubsistente el oficio reclamado, desvincular de la esfera jurídica de los quejosos los preceptos reclamados y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de los quejosos, otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Además, la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor de los quejosos para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados. Tampoco implica la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la importación, enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, asimismo, no podrá conducirse vehículos bajo el influjo de dicha sustancia. Asimismo, la autorización que de ser el caso otorgue la autoridad, tendrá que observar los controles administrativos conducentes y limitarse al consumo estrictamente personal de los quejosos. Lo cual deberá acreditar ante este juzgado de Distrito en su totalidad, dentro del término de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192, de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I, del supletorio código adjetivo federal, se requiere al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante éste Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibido que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) Se impondrá a la persona física que ostente el cargo de autoridad responsable, una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta en que la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones de cumplimiento realizadas, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, dos de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la promoción en que el Director General Jurídico en representación del Auditor Superior de la Federación, revoca la autorización otorgada para promover y consultar el expediente electrónico relativo al presente asunto a ciertas personas y claves de usuarios y autoriza para tales efectos a unos nuevos; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo solicitado, se tienen por revocada la autorización otorgada a las personas que indica y las claves de usuarios ... y ... Como lo solicita y toda vez que los usuarios ... y ... se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, párrafo quinto, se le autoriza para consultar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    El licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; CERTIFICA: que obran en su totalidad las constancias de notificación a las partes del proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, por el que se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, por lo que el juicio en que se actúa, se encuentra debidamente integrado. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; se hace disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso que se remite, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa", por lo que con esta fecha se remiten únicamente de manera electrónica, vía interconexión, el escrito de agravios, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós. Ciudad de México a veintidós de abril de dos mil veintidós. Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Licenciado Alberto Torres Rivera

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