Maria Letizia Arroyo Amezcua

Expediente 756/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
756/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Maria Letizia Arroyo Amezcua

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, uno de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito en que el autorizado de la parte quejosa, hace del conocimiento el incumplimiento a la interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito tomando conocimiento de su contenido, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento hasta en tanto fenezca el plazo otorgado en el proveído treinta de junio pasado, en el que se requirió su cumplimiento, junto con la suspensión definitiva otorgadas en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, promovida por María Letizia Arroyo Amescua por propio derecho, contra actos de Susana Bátiz Zavala, Consejera Semanera como integrante de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 756/2021-II. Asimismo, con fundamento en los artículos 21 y 22, del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 JUICIO DE AMPARO P- 756/2021-II Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro y texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192,097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, página: 32). Ahora bien, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que la promovente señala como actos reclamados los siguientes: ? De Susana Bátiz Zavala, Consejera Semanera como integrante de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México: ? La resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, por la que se desechó el recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa dentro del procedimiento de queja administrativa con el número de expediente Q.228/2021. Respecto de dicho acto, el suscrito advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. La causa de improcedencia en estudio, establece que el juicio de amparo puede promoverse por quien acredite la afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, cuando exista un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo); siendo además que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este contexto, el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 JUICIO DE AMPARO P- 756/2021-II amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación publicado el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, de rubro : "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Así, se puede concluir que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. Para demostrar la actualización de la referida causal de improcedencia en el caso concreto, es oportuno imponerse de algunos de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como del Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México que regulan el procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos, iniciados con motivo de una queja administrativa; los cuales, incluso, fueron el sustento del procedimiento número 228/2021; artículos que son: "Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Artículo 291. El procedimiento para determinar las responsabilidades de las personas servidoras públicas de la administración de justicia de la Ciudad de México, se iniciará de oficio; por denuncia presentada por cualquier persona; por queja presentada en términos del artículo 288 de esta Ley; por petición de la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México o bien derivadas de las visitas judiciales practicadas a los órganos jurisdiccionales en los términos de éste artículo. Las denuncias a que se refiere el párrafo anterior podrán efectuarse de forma anónima, escrita, vía telefónica o por cualquier medio electrónico cuyo único requisito para su trámite es que se establezcan de forma clara circunstancias de modo, tiempo y lugar, y permitan identificar o hacer identificables a las personas servidoras públicas involucradas. Las denuncias que se formulen se podrán acompañar de las pruebas documentales o elementos probatorios suficientes que permitan a la sección de la Comisión de Disciplina Judicial, para determinar la existencia de la irregularidad que se atribuye a la persona servidora pública denunciada. (.) Artículo 292. El recurso de inconformidad tiene por objeto que el Pleno del Consejo de la Judicatura confirme, revoque o modifique la resolución dictada por la Comisión de Disciplina Judicial. El término para interponer el recurso de inconformidad será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en que le sea hecha la notificación de la resolución que se recurre. (.) Artículo 293. La persona servidora pública dispondrá de un término de tres días hábiles, contados a partir del día Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 JUICIO DE AMPARO P- 756/2021-II siguiente a la notificación de la resolución recurrida, para interponer el recurso. El recurso de inconformidad deberá presentarse por escrito ante la propia Comisión de Disciplina, conteniendo los siguientes requisitos: (.) Artículo 294. En caso de que sea admitido a trámite dicho recurso, la interposición de éste tendrá como efecto el que la resolución recurrida no sea ejecutada hasta en tanto no sea resuelto en definitiva por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La suspensión de la ejecución de la resolución de primera instancia que se decrete al resolver el recurso de inconformidad, tendrá el efecto de impedir que se realicen aquellos actos que afecten o causen agravio en la esfera jurídica de la o del servidor público declarado responsable. Asimismo, no podrá inhibirse del conocimiento del asunto del que devenga la queja, hasta en tanto el fallo que resuelva el recurso de inconformidad cause ejecutoria. Artículo 298. Tienen acción para denunciar la comisión de faltas de las personas servidoras públicas de la administración de justicia de la Ciudad de México: I. Las partes en el juicio en que se cometieren; (.). Artículo 319. Si la Comisión de Disciplina no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, se admitirá el escrito de queja, y en mismo auto, pedirá a las o a los servidores públicos, que dentro del término de tres días rindan el informe con justificación en el que expondrán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes, para sostener la legalidad del acto o conducta que se denuncia y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, dentro del término de diez días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley. (.) Artículo 332. La audiencia será pública, hecha excepción de la que, a juicio de las y los Consejeros, de oficio o a petición de parte, se determine que sea privada. Abierta la audiencia se procederá a recibir y desahogar, en primer término, las pruebas; a continuación las justificaciones y explicaciones del caso, otorgando el uso de la palabra a la o al denunciante y al denunciado, si hubiera Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 asistido y, acto continuo, se asignará el asunto a la o al consejero que por turno le corresponda, para la elaboración de la resolución correspondiente. Artículo 339. Contra las resoluciones dictadas por las Secciones que integran a la Comisión de Disciplina Judicial, que declaren la responsabilidad de la persona servidora pública, procede el recurso de inconformidad, en los términos del artículo 392 de esta Ley. Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Artículo 129. El recurso de inconformidad procederá contra las resoluciones dictadas por las Secciones que integran a la Comisión de Disciplina Judicial, que declaren la responsabilidad de la persona servidora pública, en términos de lo previsto en los artículos 292, 293 y 339 de la Ley Orgánica. [Lo destacado es propio]. De los artículos transcritos, se advierte que se otorga a los particulares, la posibilidad de presentar una queja contra de algún servidor público por incumplimiento a sus obligaciones, de cuyo conocimiento corresponde a la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, quien substanciará el siguiente procedimiento: 1.- De no encontrar motivos de improcedencia, admitirá el escrito de queja. 2.- En el mismo auto pedirá a las o a los servidores públicos, que dentro del término de tres días rindan el informe con justificación en el que expondrán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes, para sostener la legalidad del acto o conducta que se denuncia y ofrecerán pruebas para apoyar su informe. Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 JUICIO DE AMPARO P- 756/2021-II 3.- Señalará día y hora para la celebración de la audiencia, en la cual se recibirán y desahogaran, las pruebas; las justificaciones y explicaciones del caso, y, se otorgará el uso de la palabra a la o al denunciante y al denunciado, si hubiera asistido 4.- Acto continuo, se asignará el asunto a la o al consejero que por turno le corresponda, para la elaboración de la resolución correspondiente. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como el reglamento interior del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México establecen que el recurso de inconformidad procede únicamente en contra de las resoluciones dictadas por las Secciones que integran a la Comisión de Disciplina Judicial, que declaren la responsabilidad de la persona servidora pública, en términos de lo previsto en los artículos 292, 293 y 339 de la Ley Orgánica. Sin embargo, de los artículos referidos también se observa que no se otorga a quienes presentan esas quejas, el derecho de exigir de la autoridad ante quien las presenta, una determinada conducta respecto de sus pretensiones, ni a presentar el recurso de inconformidad en mención. Bajo este contexto, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y/o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad ante quien las presenta, una determinada conducta respecto de sus pretensiones, por lo que se concluye que en el caso, la quejosa carece de interés Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 jurídico para impugnar en amparo la determinación emitida en el expediente formado con motivo de la queja por responsabilidad administrativa que presentó la quejosa, en contra del Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, de tres de junio de dos mil veintiuno, en que se declaró improcedente el recurso de inconformidad interpuesto en contra de la diversa resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el cual, se desechó la queja administrativa promovida por la quejosa. La anterior afirmación encuentra sustento, por el criterio que informa, en lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2005-SS, en el que se concluye que el denunciante de una queja administrativa no tiene algún interés particular, al determinar que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Es por eso que resulta aplicable al presente asunto el análisis abordado al resolver la referida contradicción, pues resalta el objeto de las quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos, así como el papel que juega quien presenta la denuncia, quien únicamente tiene la Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 JUICIO DE AMPARO P- 756/2021-II facultad de presentarla, sin que ello lo legitime para dar seguimiento a ésta e instar a la autoridad ante la que se presentó la denuncia, a que actúe de determinada manera. Se insiste, el estudio realizado en la contradicción citada, resulta aplicable al caso particular por el criterio que informa pues, por una parte, la conclusión a la que arribó nuestro Máximo Tribunal radica en que el derecho que tiene el denunciante de la queja administrativa se limita a una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, pero ese derecho no tiene el alcance de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. La ejecutoria aludida, dio origen a la jurisprudencia número 2a/J.1/2006, consultable en la página 1120, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa". Resulta aplicable, por analogía de criterio y en lo conducente, la tesis publicada en el Apéndice 2000, Tomo Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 III, Administrativa, Jurisprudencia TCC, consultable en la página 496, cuyo rubro y texto es el siguiente: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES, LAS NORMAS QUE COMPONEN EL REGIMEN DE, NO RECONOCEN NI TUTELAN INTERESES PARTICULARES. Y SUS TITULARES CARECEN DE INTERES JURIDICO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE PRODUZCAN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES. Las normas que componen el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores judiciales, no reconocen ni tutelan intereses particulares, pues su único objetivo es garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de la función pública de impartición de justicia. En este sentido, es evidente que tales normas, al no estar dirigidas a la satisfacción de intereses individuales, no conceden a ningún particular la facultad de exigir a los órganos estatales que actúen en una forma determinada, máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en este ámbito, y sus miembros como subordinados a ella. Así sucede en el caso particular, según se advierte con la lectura de los artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal comprendidos en su título décimo segundo, al tenor de los cuales el procedimiento previsto para la determinación de faltas administrativas se desarrolla con intervención exclusiva del tribunal, por conducto del Magistrado visitador, y el Juez acusado, sin que al denunciante se otorgue alguna intervención que se traduzca en la posibilidad de ofrecer pruebas, de alegar o de oponerse a los proveídos y providencias que se adopten en cada caso. En este orden de ideas, si dichas normas no reconocen ni tutelan intereses individuales, ni tampoco conceden a los particulares, ni a un a aquellos que sean partes contendientes en los juicios en donde se produzcan irregularidades, facultad de exigir la imposición de sanciones por faltas disciplinarias, es incuestionable que tales particulares carecen de interés jurídico para impugnar los actos que se produzcan en materia de responsabilidad administrativa de los servidores judiciales, no sólo porque la ley no les confiere derechos subjetivos, sino porque además no sufrirán ningún perjuicio ni obtendrán ninguna ventaja de los actos de aplicación de normas disciplinarias. Así las cosas, aunque cualquier miembro de la colectividad esté interesado en que se apliquen debidamente las normas disciplinarias sobre las personas físicas que encarnan a los órganos encargados de administrar justicia, lo cierto es que tal interés, al carecer del rango de derecho subjetivo por no recibir una protección jurídica directa, persiste únicamente como interés simple, de este modo, el único papel que pueden desempeñar los particulares, en su calidad de contendientes en un juicio cualquiera, es de denunciantes, según lo reconocen el artículo 280 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. Su labor será la de poner en marcha los mecanismos necesarios para que la organización judicial ejerza su potestad disciplinaria doméstica, haciendo de su conocimiento las irregularidades cometidas por el servidor judicial, cuando a su parecer puedan Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 JUICIO DE AMPARO P- 756/2021-II ser constitutivas de alguna falta administrativa. No podría rebatirse tal conclusión con el argumento de la parte de que ella se beneficiaría particularmente si el Juez fuera declarado responsable porque entonces cesaría su conocimiento del juicio relativo, toda vez que no existiendo regla de derecho que le otorgue el derecho a exigir la imposición de sanciones, sería irrelevante el supuesto beneficio que alega la revisionista, máxime que no existe certeza ni indicio que permita sostener que de continuar el Juez la tramitación del juicio, el fallo le sería desfavorable o que el cambio de Juez traería aparejada necesariamente una resolución favorable a sus intereses. Registro digital: 248315, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, Materias(s): Administrativa, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216, Sexta Parte, página 619, Tipo: Jurisprudencia. Ahora, si bien el último precepto transcrito establece que en la audiencia de ley, se podrá otorgar el uso de la palabra a la o al denunciante, si hubiera asistido; ello no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra la resolución que se emita en el procedimiento de responsabilidades, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba o alegatos, se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si sanciona o no al servidor público. Lo anterior, tal como lo dispone la jurisprudencia número 2a./J. 124/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 259, del rubro y contenido siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN. Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público." Corolario de lo anterior, se determina que en el caso concreto, la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de inconformidad derivado de la queja administrativa 288/2021, en la que se determinó declarar improcedente el recurso de inconformidad interpuesto en contra de la resolución de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en que declaró improcedente la queja interpuesta por la quejosa, en contra del Juez Trigésimo Séptimo de lo Familia de la Ciudad de México; pues se insiste, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, la intervención del quejoso dentro de la aludida queja se limita a la presentación de la queja en contra del servidor público, al ofrecimiento de las pruebas correspondientes junto con la queja y, en su caso, con la intervención verbal que se le puede dar en la audiencia de ley respectiva; pero dicha ley, de ninguna manera le otorga el derecho para inconformarse con el sentido de la resolución final ni, de recurrirla a través del recurso de inconformidad ahí previsto; lo anterior porque, se reitera, la queja prevista en el artículo 291, de la citada legislación, no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. Lo anterior, en razón que si bien la quejosa tiene la facultad o el derecho a informar a la autoridad los hechos que probablemente constituyan una responsabilidad administrativa, no lleva aparejado el derecho a impugnar lo que ésta determine, así como a interponer el recurso de inconformidad a que se refieren los ordenamientos jurídicos antes citados. En efecto, los criterios antes citados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también abarcan, al desechamiento del recurso de inconformidad intentado por el hoy quejoso, toda vez que, se insiste, lo que busca con él, es controvertir la decisión del resultado del recurso de inconformidad que interpuso en contra de la resolución de la queja interpuesta en contra de un servidor público, por lo cual, si de conformidad con lo ya determinado por la referida Sala del Máximo Tribunal del país, los denunciantes carecen de interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo, el sentido de la resolución emitida en los procedimientos de responsabilidades, es inconcuso que también carecen de ese interés tratándose de medios de impugnación ordinarios interpuestos en contra del mismo sentido de la resolución. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 113, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Así, en el presente juicio, el suscrito Juzgador Federal advierte que se actualiza un motivo de improcedencia que reúne las características de manifiesta e indudable, que hace innecesario la substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, se dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Mismo criterio sostuvo este órgano jurisdiccional al proveer sobre la demanda en el juicio de amparo 429/2020, el cual fue confirmado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 69/2020, que se interpuso en contra de dicha determinación. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Maurice Pierre Duval Carranco, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia, y los artículos 35, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, por conducto del usuario que refiere la quejosa, toda vez que "mpduval", se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a efecto de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en Pilares número 7 (siete) Colonia Tlacoquemecatl, Colonia del Valle Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano