Maria Lorena Valenzuela Rabago

Expediente 820/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
820/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Maria Lorena Valenzuela Rabago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído trece de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado fuera de audiencia el sobreseimiento, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Incidente de suspensión. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, por haberse concedido la suspensión provisional y en parte la definitiva, de conformidad con la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General de mérito. Cuaderno duplicado. En otro sentido, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, inciso a); ello, toda vez que se cuenta con el original de la medida cautelar. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de marzo de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Se tiene por recibido el oficio de cuenta que remite el Juez del Control del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por el cual se le tiene informando que con motivo del recurso de apelación interpuesto en autos, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, dentro del toca penal N-575-2022 dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil veintidós y ordenó reponer el procedimiento penal para que el Juez de Control, en la causa penal 5139/2021, llevara nuevamente la audiencia de vinculación a proceso y resolviera con plenitud de jurisdicción; por tanto, el juez responsable en audiencia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en presencia de las partes, les hizo conocer la determinación de la Sala, y fijó el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de la quejosa María Elena Valenzuela Rábago, y otra persona. Asimismo, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable resolvió la situación jurídica de la quejosa y otra persona, en una determinación por la cual nuevamente la vinculó a proceso por el delito de despojo; remitiendo al efecto copia del audio y video de las audiencias celebradas el veintiuno y veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Medios magnéticos que tienen el carácter de ser documentos públicos con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página setecientas tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, con registro electrónico 2004362, publicada en la Décima Época del: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Actualización de causal de improcedencia. Visto el contenido de las videograbaciones y documentales remitidas por el juez autoridad responsable, se evidencia que debido al recurso de apelación interpuesto en autos, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, dentro del toca penal N-575-2022 dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil veintidós y ordenó reponer el procedimiento de la causa penal 539/2022 para que el Juez de Control, llevara nuevamente la audiencia de vinculación a proceso y resolviera con plenitud de jurisdicción la situación jurídica de la quejosa. En consecuencia, el juez responsable el audiencia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en presencia de las partes, les hizo conocer la determinación de la Sala, y fijó el día veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de la quejosa María Elena Valenzuela Rábago, y otra persona, fecha en la cual, el juez responsable dictó determinación por la cual nuevamente vinculó a proceso a María Elena Valenzuela Rábago y a otra persona, por el ilícito de despojo dentro de la mencionada causa penal. Entonces, esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61, en relación con el 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo1 , 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [...] Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: consistente en el cambio de situación jurídica, el cual se actualiza cuando en el procedimiento judicial que se sigue se emite un acto que hace que los efectos del motivo de reclamo se consumen en su totalidad, resultando imposible entrar al estudio de su constitucionalidad, sin afectar la nueva determinación de la autoridad. La causal de improcedencia aludida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el precepto que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso, la quejosa María Elena Valenzuela Rábago reclamó el auto de vinculación a proceso que se le dictó en audiencia de uno de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 5139/2021, así como la orden de restitución del bien inmueble emitido en la misma audiencia. Ahora, de los audios y video así como las documentales remitidas por la responsable, se advierte lo siguiente: Que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el coimputado Raúl Artega Enriquez y el defensor particular, el quince de febrero de dos mil veintitrés, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, dentro del toca penal N-575-2022, resolvió dejar sin efecto el auto de I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil veintidós y ordenó reponer el procedimiento penal para que el Juez de Control, en la causa penal 5139/2021, llevara nuevamente la audiencia de vinculación a proceso y resolviera con plenitud de jurisdicción. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia celebrada en presencia de las partes, el juez de control les hizo conocer la determinación de la Sala, y fijó el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de la quejosa María Elena Valenzuela Rábago, y otra persona. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable resolvió la situación jurídica de la quejosa y otra persona, en una determinación por la cual nuevamente la vincula a proceso por el delito de despojo. Lo anterior ocasionó que se actualizara un cambio de situación jurídica en el procedimiento, en virtud de que con el dictado del auto de vinculación a proceso de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se destruyeron totalmente los efectos y consecuencias del anterior auto de vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil veintitrés. Lo que permite concluir que a pesar de que surtió sus efectos la determinación de uno de noviembre de dos mil veintidós reclamada tanto por lo que ve al auto de vinculación a proceso, como respecto de la orden de restitución de bien inmueble, se considera incluso que con las violaciones a la esfera jurídica de la quejosa, que en su caso pudiera existir, se trata de actos consumados irreparablemente, al no poder entrar al estudio de la constitucionalidad de ambos, sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento judicial instaurado en su contra, en el cual, como se dijo, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés se le vinculó de nueva cuenta a proceso a la aquí quejosa en los términos expuestos en dicha audiencia. En las relatadas circunstancias, se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues al cambiar la situación jurídica de la solicitante del amparo, se consumaron irreparablemente los actos y las violaciones reclamadas por ésta de forma definitiva; por lo que, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, ya que no es posible actuar como lo dispone el artículo 77 de la ley de la materia, y obligar a la responsable a restituir el goce del derecho violado a la peticionaria del amparo, sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la gobernada, con motivo del auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XVII y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia2 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema 2 Época: Novena Época; Registro: 184572; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, Marzo de 2003; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 10/2003; Página: 386. Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.)3 , que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos 3 Época: Décima Época; Registro: 2005917; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I; Materia(s):Constitucional, Común; Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.); Página: 325. propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)4 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de 4 Época: Décima Época; Registro: 2005717; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.); Página: 487. cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Además, lo anterior encuentra sustento con el criterio contenido en la tesis X.2o.1 P (10a.)5 , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de título y contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida-- cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente 5 Época: Décima Época; Registro: 2022025;; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Tesis Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI; Materia(s): Común, Penal; Tesis: X.2o.1 P (10a.); Página: 5981 consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Finalmente, se ordena dejar sin efecto la hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Certificación secretarial. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; asimismo, que en fecha veintisiete de febrero pasado, se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por admitida la demanda de amparo promovida por la quejosa María Lorena Valenzuela Rábago, dándole así la intervención legal correspondiente en el presente juicio de amparo; por lo cual, aún no empieza a transcurrir el plazo de ocho días que establece la ley para que el fiscal federal adscrito se imponga del contenido de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo. Diferimiento de audiencia. A fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para este día, y en su lugar, se programan las diez horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, para su verificativo. Parte quejosa formula alegatos. Agréguense a los autos para que obren como corresponda, los escritos presentados por Gildardo Valenzuela Borbón, autorizado legal de la parte quejosa, mediante los cuales formula diversas manifestaciones en vía de alegatos, lo cual será tomado en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Certificación secretarial. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveídos de tres de febrero de dos mil veintitrés, a fin de que corrigiera la denominación, o bien, acreditara la existencia de la autoridad responsable que señaló como: ? Secretario de Seguridad del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Sin que a la fecha la parte quejosa haya dado cumplimiento al mismo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de tres de febrero del presente año y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por inexistente a la autoridad ante mencionada, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Incidente de suspensión. Por otra parte, provéase lo conducente en el incidente de suspensión el cual deriva del presente asunto, con relación a la autoridad a que se hizo alusión.

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