Maria Jose Cruz Toledo
Expediente 406/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2020
Partes del expediente
- Maria Jose Cruz Toledo
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de diciembre de dos mil veinte. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el seis de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias a la autoridad responsable. Por lo expuesto, devuélvase al juez responsable, el tomo de constancias que remitió en vía de justificación. Notifíquese.
- Principal
Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se da por concluida la misma, firmando al calce la Jueza y secretario con quien actúa y da fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 406/2020-II; y, R E S U L T A N D O S Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, María José Cruz Toledo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo de la siguiente manera: "III.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.- 1.- C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL, DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, y con domicilio bien conocido en esta ciudad. 2.- C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL, DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA y con domicilio bien conocido en esta ciudad". "IV.- ACTO RECLAMADO.- 1.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL, DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, esta ciudad. 2.- C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL, DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, esta ciudad, SE RECLAMA: a).- Le reclamo la Sentencia dictada en el Juicio Hipotecario Civil que se identifica como 1370/14, así como los actos que se derivan desde el momento del emplazamiento en el citado Juicio. b).- Así mismo reclamo todos los actos derivados de la Sentencia, concretamente de la orden emitida por la parte actora para que la parte demandada de cumplimiento voluntario a la misma Sentencia y de no hacerlo así se haga el trance y remate del bien dado en garantía en el Juicio de Origen, mismo bien que la suscrita es propietaria y posesionada tal y como se acredita en el presente Juicio de Garantías con el Contrato Privado de Cesión de Derechos de fecha 10 diez de diciembre del dos mil 2014 dos mil catorce, sin que para ello haya sido escuchada por las autoridades responsables, y sin cumplir los elementos y garantías que previene los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, como son Audiencia, Legalidad, Seguridad Jurídica, fundamentación y motivación, razón por la cual no se han cumplido las elementales garantías que previenen los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, como son audiencia legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación. c.- Le reclamo cualquier orden dada para desposeerme del bien inmueble ubicado calle Aurora, número 18493-B, colonia Terrazas de la Presa, código postal 22680 de esta ciudad de Tijuana, baja california, bien inmueble que soy propietaria y detento la posesión del mismo, tal y como lo acredito en el presente Juicio de Garantías. Lo anterior en razón de que el quejoso es un tercero extraño a dicho Juicio, no obstante que soy la actual Propietaria y poseedora del mismo bien inmueble en cita, desde la fecha de la firma del contrato de compra venta, mismo que se anexa a la presente demanda de garantías. Y suponiendo sin conceder que el inmueble propiedad del quejoso tuviere un traslape con los terceros perjudicados, (actores en el Juicio de Origen), aun así no se deben emitir actos de Privación o Molestia sin que se haya respetado la garantía de Audiencia del Suscrito". Segundo. Trámite del juicio. El siete de agosto del año en curso, la demanda se radicó bajo el número de expediente 406/2020-II, se admitió a trámite la referida demanda de amparo. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda de amparo y constancias allegadas al juicio, ya que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, se advierte que la quejosa solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridad que enseguida se precisan: Del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad. La orden de desalojo, desposeimiento o lanzamiento que se haya girado respecto del bien inmueble que aduce ser propietaria con motivo de un contrato de cesión de derechos relativa al inmueble identificado como unidad AP 8-D, del condominio horizontes 2-d, ubicado en calle aurora, número 18493-d, del fraccionamiento Terrazas de la Presa de esta ciudad. La falta de llamamiento a juicio, todos los actos, decretos y resoluciones, así como la sentencia definitiva que se dictó en dicho juicio, tendentes a desposeerla del citado inmueble. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: No. Autoridad responsable Sentido del Informe Fojas 1 Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil. Cierto. 20 2 Juez Quinto de lo Civil. Cierto 21 Como se ve, las autoridades responsables reconocieron expresamente la existencia de los actos reclamados en cuanto a que BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer promovió el juicio especial hipotecario 1370/2014 en contra de Martha Adriana Cruz Toledo, José Cruz Astudillo y Marta Toledo Gumeta, relacionado con el bien inmueble que defiende la quejosa; esto es, el identificado como vivienda número 8-D del condominio Horizontes 2-D, ubicado en la calle Aurora número 18,493-D, fraccionamiento Terrazas de la Presa, en esta ciudad, mismo que constituye confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Confesión que está corroborada con la copia certificada de las constancias relativas a las constancias de origen, que fueron remitidas por las autoridades señaladas como responsables; por ende, se toma en cuenta como prueba documental pública y con valor pleno". Lo que se corrobora con las copias certificadas del mencionado juicio especial hipotecario 1370/2014 que remitió la jueza responsable; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copias certificadas emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena" . Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en la especie se actualiza algún motivo de improcedencia, sea que las partes lo hagan valer o no, ya que su estudio es de orden público y preferente. Falta de interés jurídico. Del análisis de las constancias de estudio, este órgano de control constitucional de oficio, estima que el presente juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, cuarto párrafo, del ordenamiento legal en cita, dado que no está acreditado que los actos reclamados afecten el interés jurídico de la parte quejosa, en tanto que no demostró, con documento idóneo, que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión sobre el bien inmueble que defiende y por ende, que debió llamársele a la controversia de origen. Para dilucidar lo anterior, conviene precisar el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y el 5, fracción I, cuarto párrafo, de dicho ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (...)". En primer término, con relación a la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio constitucional no procederá contra los actos de autoridad que de ninguna manera vulneren el interés jurídico del gobernado, de lo que se deduce que el interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad debe incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico; sin embargo, la figura del interés legítimo se encuentra excluida tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dado que desde la reforma constitucional en materia de amparo se consideró que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal, que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Por tanto, se advierte que la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que dicho interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Ahora bien, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, ya que este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Con relación a este último punto, el artículo 14 constitucional dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado sin los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Por tanto, el interés jurídico debe ser plenamente demostrado en el transcurso del juicio de amparo, con el fin de que la autoridad esté en aptitud de entrar al estudio de lo planteado por la parte quejosa, pues de lo contrario y en atención a la misma causa de improcedencia que establece la fracción XII en comento, el juicio resultaría improcedente. Así, el interés jurídico podrá ser demostrado en el desarrollo del proceso, a través de los medios de convicción idóneos que lo acrediten, de forma tal que no exista duda de que la persona que comparece sea la titular del derecho que se dice afectado, criterio que ha sido ampliamente reiterado por los tribunales federales de nuestro país. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Lo anterior se considera así, atento a que en casos como este en particular, en el que una persona defiende el derecho de audiencia y por ende pretende su llamamiento al juicio, conlleva la finalidad de defender los derechos que alega tiene sobre alguna cuestión que es materia de conflicto en el juicio natural. Es decir, por regla general una persona ajena a la relación procesal natural carece del interés jurídico para solicitar ser llamado a juicio, a menos que ostente un derecho subjetivo o interés jurídico. Caso concreto. En este asunto la quejosa María José Cruz Toledo, por propio derecho acude a esta instancia constitucional ostentándose como persona tercera extraña típica o stricto sensu, al juicio especial hipotecario 1370/2014 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el cual se demandó el pago de hipoteca respecto del gravamen impuesto al inmueble identificado como vivienda número 8-D del condominio Horizontes 2-D, ubicado en la calle Aurora número 18,493-D, fraccionamiento Terrazas de la Presa, en esta ciudad y que la peticionaria del amparo afirma se tramitó sin haber sido oída ni vencida en juicio a pesar de que cuenta con un derecho de propiedad sobre el mismo, derivado del contrato de cesión de derechos que celebró respecto de dicho bien raíz. Al respecto este órgano jurisdiccional, debe analizar si efectivamente le asiste tal carácter para estimar la actualización de la transgresión a su derecho fundamental de audiencia previa. Por lo que dicho estudio estará orientado a verificar si en el caso se cumplen los requisitos que actualizan la hipótesis en que aduce se encuentra la parte quejosa, los cuales a saber son: a) Que no haya figurado como parte en sentido material dentro del juicio o procedimiento de origen; b) Que no obstante de no haber sido parte, sufra afectaciones en su esfera de derechos durante la secuela procesal o en su ejecución; c) Que desconozca el expediente o las actuaciones practicadas en el mismo; d) Que no contó con la posibilidad de ser oída para oponer defensas. Elementos esenciales que se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J.7/98, la cual si bien interpreta el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia abrogada, no contraviene disposiciones de la Ley de Amparo, es de similar contenido, criterio de epígrafe y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Primer requisito. Esta exigencia se considera colmada, ya que efectivamente la parte quejosa es tercera extraña típica al procedimiento de origen del cual derivan los actos reclamados, según se desprende de las constancias remitidas por la jueza responsable en apoyo a su informe justificado (las cuales fueron valoradas con anterioridad) de las que se observa que María José Cruz Toledo, no tiene el carácter de parte en el juicio especial hipotecario 1370/2014, dado que la relación procesal se encuentra constituida por BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de actora y por Martha Adriana Cruz Toledo, José Cruz Astudillo y Marta Toledo Gumeta, en su calidad de parte demandada. Resulta pertinente destacar los antecedentes más relevantes que derivan del juicio especial hipotecario 1370/2014: 1. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil catorce, BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de sus apoderados legales demandó en la vía especial hipotecaria y en ejercicio de la acción de pago de hipoteca a Martha Adriana Cruz Toledo, José Cruz Astudillo y Marta Toledo Gumeta, respecto del inmueble identificado como vivienda número 8-D del condominio Horizontes 2-D, ubicado en la calle Aurora número 18,493-D, fraccionamiento Terrazas de la Presa, en esta ciudad. 2. En proveído de diez de diciembre de dos mil catorce, la Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, admitió la demanda en la vía y forma propuestas; entre otras cuestiones, ordenó emplazar a la parte demandada Martha Adriana Cruz Toledo, José Cruz Astudillo y Marta Toledo Gumeta. 3. Por auto de veinte de febrero de dos mil quince, tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda y oponiendo la excepción de incompetencia por declinatoria, por lo que ordenó la suspensión del procedimiento hasta en tanto la superioridad resolviera dicha excepción. 4. En proveído de tres de julio de dos mil quince, la responsable recibió los autos procedentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, toda vez que el quince de mayo de ese mismo año declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por la parte demandada y reanudó el procedimiento. 5. Finalmente, el nueve de mayo de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la acción de pago de hipoteca promovida por BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer; el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito concedido; asimismo, condenó a Martha Adriana Cruz Toledo, José Cruz Astudillo y Marta Toledo Gumeta a pagar a la parte actora el capital insoluto, amortizaciones vencidas e intereses moratorios vencidos; de igual forma, concedió a la parte demandada el término de cinco días para que cumplieran con la sentencia de forma voluntaria y en caso contrario, procedería al trance y remate del bien inmueble hipotecado. 6. En proveído de cinco de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia antes señalada y dio inicio a la ejecución de la sentencia. 7. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el remate en primera almoneda, en la que la juez natural declaró fincado el remate a favor de la parte actora. 8. Por auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el remate antes señalado y el tres de abril de dos mil dieciocho, ordenó al actuario responsable a fin de que procediera a poner en posesión material y jurídica de la actora el bien inmueble que le fue adjudicado. De la relatoría de antecedentes, se colige que María José Cruz Toledo tiene la calidad de persona tercera extraña típica a la controversia de origen, dado que no se encuentra incorporada a la misma como parte material (actor-demandado); y a través de esta instancia constitucional pretende que no se le prive de su derecho de propiedad que aduce tener respecto del inmueble identificado como vivienda número 8-D del condominio Horizontes 2-D, ubicado en la calle Aurora número 18,493-D, fraccionamiento Terrazas de la Presa, en esta ciudad. Segundo requisito. En cuanto a la segunda de las exigencias precisadas, esta autoridad estima que no se encuentra colmada, ya que la parte quejosa en su calidad de persona tercera extraña típica en la controversia de origen, debió acreditar durante la tramitación de este juicio constitucional que con la sustanciación del procedimiento natural se le causó una afectación a su interés jurídico que a su vez hiciera necesario su llamamiento dentro del mismo para la defensa de sus derechos o, en su caso, que no se le afectara su derecho de posesión por no tener relación alguna con lo controvertido en el juicio de origen; sin embargo, ello no fue probado de manera fehaciente por la peticionaria del amparo. Ello es así, dado que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como persona tercera extraña al procedimiento natural basando su interés jurídico en el hecho de que cuenta con un derecho de propiedad sobre el inmueble identificado como vivienda número 8-D del condominio Horizontes 2-D, ubicado en la calle Aurora número 18,493-D, fraccionamiento Terrazas de la Presa, en esta ciudad, con motivo del contrato privado de cesión de derechos que celebró en su carácter de cesionaria con Martha Adriana Cruz Toledo, José Cruz Astudillo y Marta Toledo Gumeta, en su calidad de cedentes. Sin embargo, para encontrarse en aptitud de acudir a la defensa del inmueble sobre el que supuestamente tiene un derecho de propiedad, resultaba necesario que acompañara un título de fecha cierta, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer y detentar el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; empero, tal carga procesal no fue colmada por la peticionaria del amparo. En efecto, para acreditar su interés jurídico la parte quejosa ofreció como prueba en esta instancia constitucional el original del contrato privado de cesión de derechos celebrado entre la quejosa María José Cruz Toledo en su carácter de cesionaria con Martha Adriana Cruz Toledo, José Cruz Astudillo y Marta Toledo Gumeta, en su calidad de cedentes, respecto del inmueble identificado como vivienda número 8-D del condominio Horizontes 2-D, ubicado en la calle Aurora número 18,493-D, fraccionamiento Terrazas de la Presa, en esta ciudad. Documento que adquiere valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de una documental privada. Sin embargo, tal documental es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la quejosa con base en los siguientes razonamientos. Primeramente, debe partirse de la base que el aludido contrato privado de cesión de derechos no es de fecha cierta. En efecto, debe resaltarse que, dado que es obligación de la quejosa comprobar que tiene un derecho subjetivo a su favor y que ha sufrido un agravio en éste, esta puede realizarlo, como en el caso, a través de un documento privado en el que conste el acto jurídico que le proporcione el derecho fundamental que aduce le fue afectado por la autoridad responsable; no obstante, es necesario que ese documento sea de fecha cierta, a fin de que surta efectos contra terceros, y no sólo entre los contratantes. Ello, ya que el hecho de que un documento privado sea de fecha cierta, permite generar convicción en el juez de amparo respecto a la existencia del derecho fundamental que se reclama, puesto que es posible determinar que éste deriva de un acto anterior a la supuesta transgresión, lo que garantiza la legalidad y certeza jurídica y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Para tal efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los documentos privados adquieren fecha cierta cuando acontecen cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Cuando son presentados ante un fedatario público. b) Cuando son inscritos en el Registro Público de la Propiedad. c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Razones que se desprenden de la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes". En esa medida, los documentos privados sólo producen efectos jurídicos entre las partes que intervienen, pero no pueden perjudicar a terceros, a menos que hayan adquirido fecha cierta por alguno de los modos antes indicados. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito". Ahora bien, el contrato privado de cesión de derechos celebrado supuestamente el diez de diciembre de dos mil catorce, entre la quejosa María José Cruz Toledo en su carácter de cesionaria con Martha Adriana Cruz Toledo, José Cruz Astudillo y Marta Toledo Gumeta, en su calidad de cedentes, sobre el inmueble identificado como vivienda número 8-D del condominio Horizontes 2-D, ubicado en la calle Aurora número 18,493-D, fraccionamiento Terrazas de la Presa, en esta ciudad, guarda relación con el inmueble materia del juicio especial hipotecario 1370/2014. Sin embargo, como se dijo, dicho contrato carece de fecha cierta y, por ende, de la eficacia probatoria necesaria para acreditar el interés jurídico de la quejosa para promover el juicio de amparo. Esto es así, dado que si las partes firmantes de un contrato privado pretenden que en un momento dado éste pueda oponerse en forma válida a un tercero y adquiera fecha cierta, es necesario que se celebre o ratifique ante un fedatario público, se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, o se acredite la muerte de uno de los contratantes, con independencia de las formalidades que para su validez exija la ley de la materia. En consecuencia, si en el caso del contrato privado de cesión de derechos presentado por la quejosa o de lo aportado en el juicio, no se observa ninguna de las circunstancias anteriores, se concluye que tal documento no tiene fecha cierta y no puede oponerse frente a terceros ni acreditar su interés jurídico. Por tanto, se considera que si el aludido acuerdo de voluntades aportado por la quejosa carece de fecha cierta, no es posible determinar si antes de la emisión del acto reclamado en este juicio de amparo contaba con el derecho que alega le fue transgredido y, en consecuencia, se estima que no acredita su interés jurídico para demandar la protección constitucional contra la afectación a las prerrogativas defendidas respecto del inmueble citado. Por tal motivo, si el medio de prueba ofertado por la parte quejosa no es suficiente para demostrar que contaba con un derecho constituido respecto del inmueble que dice tiene en posesión y si el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclame, resulta indiscutible que no acreditó fehacientemente el interés jurídico para reclamar las violaciones que señala en su escrito de demanda, por lo que se surte la causal de improcedencia examinada. Atento a lo anterior, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia y en consecuencia lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por no haberse reclamado por vicios propios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra señala: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Consecuentemente, en razón de la actualización de la causal de improcedencia analizada, no se estudian los conceptos de violación planteados por la promovente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María José Cruz Toledo, por los actos reclamados y motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
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RESUELVE. ÚNICO.Se sobresee en el presente juicio de amparo...
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