María Lorena Mercedes Hernández Jiménez
Expediente 142/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Lorena Mercedes Hernández Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de garantías promovido por María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
JA 142-2017-II Notifico por medio de lista a la parte quejosa María Lorena Mercedes Hernández Jiménez; el proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, cuya síntesis dice: Agréguense a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite copia certificada del proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete dictado en el juicio laboral 38/2015-D de su índice; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Ahora, del análisis de la documental aportada por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, acordó lo conducente respecto del escrito petitorio de la parte quejosa de veinticinco de enero del año en curso. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir el acuerdo de mérito cesó la omisión inicialmente reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Bajo esa óptica, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo respecto del escrito petitorio de la parte quejosa de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, que podría vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que prevé lo siguiente: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Cabe precisar que si bien, la parte quejosa cita en su demanda de amparo como preceptos violados los artículo 1, 8, 17 y 123 de la Constitución Federal; sin embargo, con base en lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, que establece la facultad al órgano jurisdiccional para corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, se precisa que en atención a la naturaleza del acto reclamado, lo que en realidad podría vulnerar es el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Aclarado lo anterior, cabe señalar que en la especie, se actualiza de oficio la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 38/2015-D de su índice, mismo que a la letra dice: ... De lo transcrito se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el veintidós de febrero de la presente anualidad, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, acordó lo conducente respecto del escrito petitorio de la parte quejosa de veinticinco de enero de la presente anualidad. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, por el que da cumplimiento al requerimiento de veinte de febrero de dos mil diecisiete y manifiesta como actos reclamados: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, la omisión de acordar su escrito de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, presentado en el juicio laboral 38/2015-D, de su índice, por el que solicitó la reanudación del procedimiento. Del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, la falta de responsabilidad para que el juicio laboral citado no quede inactivo, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda. En consecuencia, dado que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta. Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidas de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, además de que de no rendirlo o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, gírese oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados a la Secretaría de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos, ambos del Estado de Tlaxcala; por tanto, al tener carácter de autoridades, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a las terceras interesadas de referencia mediante oficio, adjuntándose copia simple de la demanda de amparo, haciéndoseles saber la fecha de la audiencia constitucional, así como el derecho que tienen de apersonarse a juicio a través de su representante legal si a su interés conviene. Se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Vista la demanda de cuenta que promueve María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 142/2017-II. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran el establecido en la fracción IV, que a la letra dice: ... Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y dado que con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; Precise si el acto reclamado lo constituye la omisión en acordar su escrito de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, presentado en el juicio laboral 38/2015-D, del índice de la autoridad responsable, por el que solicito la reanudación del procedimiento; o en su caso, únicamente la omisión en reanudar el procedimiento en el juicio laboral. Lo anterior, así se requiere así, dado que la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado refiere señalar "I. No dictar la reanudación del procedimiento laboral 38/2015-D y; II. Como consecuencia el retardar el procedimiento laboral y de no impartir justicia, dentro de los plazos y términos que contempla el artículo 17 Constitucional, no observar los plazos y términos previstos en los artículos 114 y 143 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado Tlaxcala y sus Municipios", sin embargo, en sus antecedentes del acto reclamado manifestó que presentó ante el tribunal responsable el ocurso de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por el que solicitó la reanudación del procedimiento en el juicio laboral sin que hasta la fecha la autoridad responsable haya proveído sobre el mismo, de ahí que no se tenga la certeza de cuál es su acto reclamado. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos precisados dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de amparo vigente. Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días, informe a este órgano jurisdiccional si ya acordó el escrito de veinticinco de enero de dos mil diecisiete presentado por la quejosa María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, por el que solicito la reanudación del procedimiento en el juicio laboral 38/2015-D, de su índice, y de ser así remita las constancias conducentes.
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