María Lorena Mercedes Hernández Jiménez
Expediente 197/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
- María Lorena Mercedes Hernández Jiménez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 12 a 17), en el que desechó la demanda de amparo promovida por María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido en auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (foja 763), a fin de que el perito oficial Ubaldo Flores Gorostieta, acudiera ante este Juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido, así como a ratificar el dictamen emitido, sin que a la fecha haya acontecido. Se requiere nuevamente a perito. En virtud de lo anterior, requiérase al perito oficial Ubaldo Flores Gorostieta, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que en el término de tres días, siguientes al en que se le notifique este auto acuda a este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido y ratificar el dictamen que emitió, apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de ocho de marzo de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve María Lorena Mercedes Hernández Jiménez por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otros. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 197/2019-II. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en las fracciones V, que a la letra señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado actos, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y V, 110 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, señale: La fecha en que se ordenó la formulación del proyecto de laudo en autos del expediente laboral 38/2015-B del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; o bien, manifieste cuál fue la última actuación en dicho expediente y la fecha de la misma. Lo anterior, dado que en el capítulo de hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, hace referencia al acto que reclama y por lo que respecta a los antecedentes que lo constituyen no precisa la fecha de la última actuación, lo que resulta indispensable para proveer respecto de la tramitación del presente juicio de amparo. Además, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos antes formulados en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Todo lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, teniéndose como autorizados en términos amplios a María del Carmen Islas García, Alicia Mata Galindo y Fernando Luna Rojas, por contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma de oficios Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Oposición datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la promovente.
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