María Leticia Vázquez Aguilera
Expediente 149/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María Leticia Vázquez Aguilera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos; atento a su petición, instrúyase al Oficial Judicial "A", para que en su oportunidad le dé acceso al expediente electrónico del presente juicio a la autoridad oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe precisar que aun cuando no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales. CON INCIDENTE. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Concede ambas medidas. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó concederla. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 21, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito de uno de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por turno correspondió conocer a esta autoridad federal, María Leticia Vázquez Aguilera, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: Autoridades responsables: Presidente Municipal, Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, Directora de Comercialización y Jefatura de Cobranza, estos del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos. Actos reclamados: "Del Presidente Municipal. las políticas y direcciones tomadas en la junta de gobierno las cuales determina los lineamientos y criterios aplicables en el sistema de agua potable del Ayuntamiento. los cuales derivaron en la privación del derecho humano de acceso al agua, con el reglamento interno. Del Director General y Director Administrativo. la orden de corte del servicio de suministro de agua potable el cual derivo en el corte absoluto de mi toma de aguay la instalación asesoría del mismo. Del Director Comercial y Jefatura de Cobranzas. el ilegal corte de tuberías y sus accesorios el cual me dejo sin servicio de agua potable en mi domicilio.". SEGUNDO. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió a trámite la demanda de amparo, radicó el asunto con el consecutivo 149/2021, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; emplazó al tercero interesado, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El corte de tuberías y suspensión definitiva del suministro de agua potable de la toma 22997, usuario JI0114792, del domicilio ubicado en privada laguna, casa 45-B, unidad habitacional el arroyo, municipio de Jiutepec, Morelos. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. El Presidente Municipal, Morelos, al rendir el informe justificado, negó el acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuada dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Por su parte las autoridades responsables Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua; Directora de Comercialización; y Jefatura de Cobranza; ambos del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, todos del Municipio de Jiutepec, Morelos, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, y remitió constancia de adeudo a nombre de la quejosa, que, por ser de carácter público goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, asimismo, refieren que la quejosa cuenta con un adeudo a partir de dos mil diecinueve, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde, lo que acarrea sobreseer en el juicio de amparo, conforme a la jurisprudencia VI. 2o. J/20, del tenor: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]". [Énfasis añadido]. De lo copiado se advierte, que el sobreseimiento del juicio de amparo procede, cuando de las constancias de autos no quede mostrada la existencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. La causa de sobreseimiento de trato, se sustenta en la premisa de que de los propios autos aparezca que no existe el acto atribuido a la autoridad; esto es, que a pesar de que la parte quejosa lo señaló; en atención a lo dispuesto en el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, éstos no se produjeron y, como segunda premisa, que no se demuestre su existencia, conforme a la carga probatoria que le corresponde a la parte impetrante. Por su parte, del artículo 108 de la Ley de Amparo, se advierte, entre otras cosas, que el quejoso está obligado a precisar en su demanda la autoridad o autoridades responsables, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame y los conceptos de violación; conforme a los diversos 115, 116 y 117 de la citada ley, se debe correr traslado a la autoridad responsable, y ésta queda obligada a rendir su informe con justificación; en él expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes, para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, pudiendo incluso, mejorar los aspectos de fundamentación y motivación en el acto reclamado, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de los mismos, siempre que se trate de actos materialmente administrativos, debiendo acompañar las constancias que sean necesarias para soportar su informe. En suma, en el juicio de amparo, la parte impetrante, al solicitar la protección federal por los actos de las autoridades responsables, debe exponer los razonamientos jurídicos que considere pertinentes para demostrar la ilegalidad de los actos reclamados y que éstos han transgredido los derechos mínimos que contienen los preceptos constitucionales. Las responsables pueden invocar las cuestiones que estimen conducentes, pero fundamentalmente deben llevar la finalidad de defender la legalidad de sus actos; en tal virtud, la materia del juicio constitucional se limita a estas cuestiones y, por lo mismo, cuando el juzgador emite su fallo, implica que haya tomado en consideración la demanda del quejoso, el acto reclamado y el informe justificado de las autoridades responsables, así como las pruebas que aporten las partes para acreditar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En cuanto a este punto, es aplicable por similitud de razón, la tesis VI.2o.A.4 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia(s): Común, visible a página 903. Registro: 187728 de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". [Énfasis añadido]. Ahora bien, las autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de la orden de corte de tuberías y suspensión del suministro de agua potable, del inmueble ubicado en privada laguna, casa 45-B, unidad habitacional el arroyo, municipio de Jiutepec, Morelos, donde se ubica la toma 22997, usuario JI0114792, del que dice la quejosa es poseedora; por lo tanto, correspondía a esta desvirtuar la negativa de la autoridades responsables. Sin embargo, no aportó elemento de convicción del que se aprecie que efectivamente las responsables realizaron el acto reclamado. Se sostiene lo anterior, porque en el sumario obra constancia de adeudo a nombre de la quejosa por falta de pago de suministro de agua potable en el domicilio de mérito y del que dice la quejosa es propietaria, sin que de tal constancia se aprecie que las responsables hayan realizado el corte de tuberías y suspensión del suministro de agua al domicilio de la quejosa, de ahí que al no haber exhibido medio de prueba alguno, no desvirtúa la negativa expresa de las autoridades. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Núm. 80, Agosto de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 210769 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". En consecuencia, si el acto impugnado en la materia de análisis, no irroga afectación a la promovente del amparo, al no haber desvirtuado la negativa expresa del acto reclamado por las autoridades responsables, se actualiza de manera notoria e indudable la inexistencia del acto reclamado con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por último, resulta innecesario analizar las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver sobre el incidente de defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida en el juicio de amparo número 149/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. María Leticia Vázquez Aguilera, reclama del Presidente Municipal del ayuntamiento de Jiutepec Morelos y otras autoridades, lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC MORELOS, SE RECLAMAN: Las políticas y direcciones tomadas en la junta de gobierno las cuales determina los lineamientos y criterio aplicables en el sistema de agua potable del ayuntamiento de Jiutepec, los cuales derivaron en la privación del derecho humano al acceso del agua, con el Reglamento Interno del Sistema de conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, artículo 20. DEL DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS: La orden de corte del servicio de suministro de agua potable el cual derivo en el corte absoluto de mi toma de agua y la instalación asesoría de la misma. SE RECLAMA DEL DIRECTOR COMERCIAL El ilegal corte de tuberías y sus accesorios el cual me dejo sin servicio de agua potable en mi domicilio dejándome privándome de mi derecho humano al vital liquido. DE LA JEFATURA DE COBRANZA AMBOS DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JIUTEPEC MORELOS El ilegal corte de tuberías y sus accesorios el cual me dejo sin servicio de agua potable en mi domicilio dejándome privándome de mi derecho humano al vital liquido." SEGUNDO. Apertura y resolución del incidente de suspensión. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se deje sin suministro de agua a quejosa, conforme a las posibilidades y capacidades de traslado dotación o abastecimiento, con las que cuente el organismo encargado de dicho suministro, otorgando el mínimo vital que corresponde por persona al día para uso personal y doméstico. Posteriormente, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia incidental y en la misma fecha se dictó la resolución respectiva, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por María Leticia Vázquez Aguilera, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por la autoridad y motivo expuesto en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por María Leticia Vázquez Aguilera, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria". TERCERO. Interposición del incidente de defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Por escrito presentado mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Daniel Martín Zagal Vázquez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa promovió el incidente de violación a la suspensión definitiva, concedida. Luego, a través de acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó admitir a trámite dicho incidente, se requirió a las autoridades responsables los informes sobre el cumplimiento a la suspensión concedida y se señaló fecha y hora para la audiencia incidental, la que se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 206 y 207 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Inexistencia del defecto en el cumplimiento de la suspensión. Por razón de técnica jurídica, este órgano jurisdiccional se avocará inicialmente al análisis de la certeza o inexistencia del defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida en el expediente en que se actúa. Luego, y sólo en el caso de que se declare que existió incumplimiento por parte de la autoridad responsable, estudiará de conformidad con la naturaleza de los efectos y consecuencias de la mismo, si es fundado o no la incidencia que aquí se resuelve. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia I. 1o. A.2, visible en la página 856, del Semanario Judicial de la Federación, del tomo I, segunda parte-2, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época, que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica, en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: A).- Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa). B).- Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). C).- Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales), y D).- Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad)." Para dilucidar lo anterior, es necesario precisar cuáles fueron los efectos de la suspensión definitiva concedida en el presente incidente, que a continuación se transcriben para pronta referencia: ".En ese contexto, con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 150 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, para el efecto de que no se deje de suministrar el líquido vital (agua) a la impetrante de amparo, lo anterior, conforme a las posibilidades y capacidades de traslado dotación o abastecimiento, con las que cuente el organismo encargado de dicho suministro, otorgando el mínimo vital que corresponde por persona al día para uso personal y doméstico.". De la transcripción anterior, se desprende que este juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva a la quejosa para el efecto de que las autoridades responsables no interrumpieran el suministro de agua de la quejosa. Esto, conforme a las posibilidades y capacidades de traslado dotación o abastecimiento, con las que cuente el organismo encargado de dicho suministro, siempre y cuando otorgue el mínimo vital que corresponde por persona al día para uso personal y doméstico. Ahora bien, se tiene que la parte quejosa promovió la incidencia que aquí se resuelve, aduciendo medularmente que las autoridades responsables incumplieron con la suspensión definitiva otorgada, en razón de que retiraron tuberías, accesorios y el medidor de agua. Para acreditar dicha situación, el autorizado en términos amplios de la parte quejosa exhibió tres fotografías de las cuales se aprecia unas tuberías desconectadas. Por su parte, el delegado del Director General, Directora Comercial y Jefatura de Cobranza del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Agua de Jiutepec, Morelos, manifestaron que no se incumplió con la suspensión definitiva concedida, pues el retiro de las tuberías y accesorios se debió al mantenimiento preventivo realizado a la toma del agua potable. Se menciona también que, la delegada del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos se adhirió al informe previo. Con dichos informes se dio vista a la parte quejosa, a través de acuerdos de veintinueve y treinta de julio del año en curso, para que en su caso, realizara las manifestaciones que estimara pertinentes; sin que al efecto hubiere ejercido ese derecho y en consecuencia, desacreditado la negativa de las autoridades responsables en relación con el incumplimiento de la medida suspensional concedida. Por tanto, con base en las constancias que obran en este incidente, puede llegarse a la conclusión de que las autoridades responsables no han incurrido en desacato a la suspensión definitiva concedida en este incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva promovido por María Leticia Vázquez Aguilera, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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