María Leticia Musito Violante
Expediente 683/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María Leticia Musito Violante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación de cuenta, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Lo anterior comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruible, toda vez que, la suspensión definitiva se determinó negarla. Devolución de documentos En términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de documentos a la autoridad responsable Ahora, por tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad señalada como responsable el Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, un anexo que acompañó a su informe justificado para los efectos legales procedentes; en el entendido que el sello de recepción del oficio que derive el presente acuerdo hará las veces de acuse de recibo por lo que no se necesita el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; mediante el cual solicita se le permita el electrónico del juicio de amparo 683/2022. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a contrario sensu, se pone a disposición del Juzgado de referencia, la consulta del expediente electrónico del citado juicio, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido se instruye al Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se permita la consulta correspondiente. Notifíquese; y se instruye al Oficial Judicial "A", realice las gestiones correspondientes. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que a la fecha no es posible causar ejecutoria la sentencia definitiva de veinte de octubre de dos mil veintidós, toda vez que, se encuentra pendiente de notificar a la parte quejosa la citada sentencia; en consecuencia, se comisiona al Coordinador de Actuarios de este órgano jurisdiccional, para que realice las gestiones necesarias y lleve a cabo la formalidad procesal encomendada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 683/2022, promovido por María Leticia Musito Violante, contra actos de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, María Leticia Musito Violante, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Ordenadora: Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Ejecutoras: Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. Encargado del Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Morelos. Departamento de Nóminas, dependiente de la Jefatura de Recursos Humanos. Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Morelos y/o Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas, de la Secretaría de la Contraloría. Acto reclamado de la autoridad ordenadora: ? La resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 188/2019, que declara la existencia de responsabilidad administrativa y le impone una sanción económica de veinte unidades de medida y actualización. ? La aplicación de los artículos 194, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 73 y 75 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, utilizados para imponer la sanción económica de referencia. Acto reclamado de las autoridades ejecutoras: ? La ejecución y cumplimiento de la resolución de referencia. SEGUNDO. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Sexto de Distrito en esta ciudad, radicó el asunto con el número de expediente 659/2022, y se declaró incompetente, por conocimiento previo, para conocer de la demanda de referencia. Previos los trámites administrativos, el asunto se recibió el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en este Juzgado Tercero de Distrito, quien lo registró con el número 683/2022; en auto de treinta de mayo de este año, aceptó la competencia planteada y admitió a trámite la demanda de amparo promovida por María Leticia Musito Violante, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 188/2019, que declara la existencia de responsabilidad administrativa y le impone una sanción económica de veinte unidades de medida y actualización; así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado; el Director General de Responsabilidades, de la Secretaría General de Responsabilidades del Estado de Morelos; la Encargada de Nóminas, adscrita a la Jefatura de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Administración, del Poder Judicial del Estado de Morelos; la Encargada de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Administración, del Poder Judicial del Estado de Morelos; y el Director General de Administración del General de Administración, del Poder Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestaron que es cierto el acto reclamado; lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 188/2019, así como de diversos oficios y otras documentales, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, materia común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 de la citada normatividad. QUINTO. Estudio del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Como cuestión previa, es de precisarse que en el caso no es dable suplir la deficiencia de los motivos de inconformidad, al derivar el acto reclamado del procedimiento de responsabilidad administrativa seguido a la ahora quejosa, mismo que se rige por el derecho administrativo, el cual conforme a las reglas de la Ley de Amparo, sigue conforme al principio de estricto derecho, por lo que no tiene cabida la suplencia de la queja deficiente. Sirve de fundamento a lo antes expuesto, la jurisprudencia número 2ª/J. 190/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 705, libro 38, enero de 2017, tomo I, materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro electrónico 2013378, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." En el primer concepto de violación la quejosa estima violados los principios de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad, pro persona, proporcionalidad y razonabilidad jurídica que se contienen en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque para sancionarla administrativamente se basa en los artículos 186, fracciones I, IV, VII y VIII, en relación con el precepto 93, fracciones I, II y XV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en relación con el dispositivo 27, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, aplicable en términos del artículo octavo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de esta entidad federativa. La impetrante cita el artículo 194, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que establece: "Artículo 194.- Se establecen como sanciones a las faltas enumeradas en el capítulo segundo de este título las siguientes: ".......... "III.- Sanción económica;." De manera específica la quejosa considera que ese artículo viola los principios de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad, contenidos en los preceptos constitucionales antes anotados, por los siguientes motivos: ? Esa fracción deja abierta una sanción indeterminada, excesiva y arbitraria, al no establecer de forma precisa y detallada cuál es el mínimo y máximo que puede imponerse al servidor público sancionado, ya que no se describe ningún parámetro legal u objetivo que guíen o determinen la sanción económica a imponer. ? El derecho administrativo sancionador constituye un importante límite externo al ejercicio del ius punendi del Estado, con base en el cual la norma suprema impide a los poderes Ejecutivo, y Judicial, este último a través de la analogía y mayoría de razón, configuren libremente delitos y penas, o infracciones y sanciones. Aduce la quejosa que nuestro Máximo Tribunal ha establecido que los principios básicos del derecho penal son aplicables a la materia administrativa sancionadora, ya que de esa forma se garantizan los derechos fundamentales de la persona o servidor público, siendo que ambas materias penal y administrativa comparte principios similares. Es el legislador quien tiene la obligación de crear normas que sean claras y que no permitan la arbitrariedad en su aplicación, esto es, dicho legislador debe crear leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al describir las conductas sancionables y que prevén sanciones; por lo que las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o en menoscabo en la defensa de las personas a quienes va dirigida. Afirma la impetrante que la garantía de seguridad jurídica debe ser observada en todo momento; en función de la cual se impone a los órganos del Estado la obligación de sujetarse a un conjunto de requisitos en la emisión de sus actos. En apoyo a sus consideraciones la quejosa transcribe las jurisprudencias de los rubros: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES." "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES." ? En otra parte del primer concepto de violación la quejosa dice que la responsable señala como infracciones las establecidas en el artículo 186, fracciones I, IV, VII y VIII, en relación con el precepto 93, fracciones I, II y XV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Dichos precepto establecen: "Artículo 93.- Los secretarios de acuerdos de los juzgados serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Estatal, y tendrán las siguientes atribuciones y deberes: "I.- Dar fe y autorizar con su firma las actuaciones que en su función le imponga la ley o le encomiende el juez: "II.- Dar cuenta al Juez y presentarle proyecto de acuerdo, dentro del término de ley, con las promociones y documentos oficiales dirigidos al juzgado; ".................. "XV.- Las demás que les encomienden la ley o el titular de su dependencia." "Artículo 186.- Son faltas de los administradores, de los secretarios de acuerdos y de los secretarios instructores: "I.- Dar cuenta, fuera del término legal, con los oficios, promociones de las partes y documentos oficiales dirigidos al juez; ".................. "IV.- Descuidar el trámite o la conservación de los expedientes, registros, procesos, tocas, escritos, documentos, objetos y valores que tengan a su cargo; ".................. "VII.- No cumplir con las atribuciones en el ámbito de su competencia de lo que establecen los artículos 49, 51, 93 y 94 bis de esta ley; y "VIII.- Las demás que señalen otras leyes u ordenamientos aplicables." Enseguida la quejosa afirma que dichos preceptos normativos no se adecuan clara y objetivamente con la conducta que ella desplegó. No se establece de manera precisa y definida la conducta o acto sancionable. Dice la impetrante que al principio de tipicidad no basta que la conducta infractora esté contemplada en la ley, sino que debe ser lo suficientemente clara y precisa, como para permitirle a los gobernados programar su comportamiento, sin temor a verse sorprendidos por sanciones que, en modo alguno pudieron prever; por lo que, el fin constitucional preservador por el principio de tipicidad es garantizar el principio de seguridad jurídica, que se opone a la arbitrariedad de la autoridad en la imposición de sanciones, por la imprevisibilidad de la infracción carente de legalidad. Afirma la quejosa que el principio de tipicidad se hace extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, lo cual significa que si en alguna disposición administrativa se establece una infracción la conducta desplegada por el infractor debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida. Dice la impetrante que el principio de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad, modulado a la materia administrativa, compele a que las conductas y las sanciones deben estar impuestas en una ley en sentido formal y material, lo que implica que sólo es en esta fuente jurídica, con dignidad democrática, en donde se pueden desarrollar esta categoría de normas; pero además, sus elementos deben estar definidos de manera clara y precisa, para permitir su actualización previsible y controlable e impida su actuación arbitraria de la autoridad, de tal suerte que la ley debe quedar redactada de tal forma que especifique de manera clara, precisa y exacta las conductas y sanciones respectivas. Estima la quejosa que se viola el principio de taxatividad respecto a la exigencia de que el texto normativo sancionador, recoja y describa con suficiente precisión qué conductas están prohibidas, qué se debe entender por dar cuenta, qué se debe entender por descuidar, por conservar y qué sanciones se impondrán a quien incurra en ellas En apoyo a estas consideraciones la quejosa transcribe la jurisprudencia del rubro: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO. NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS." ? En el segundo concepto de violación la quejosa estima que se viola el derecho fundamental previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que en todo juicio civil, la sentencia que sea dictada deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ello a los principios generales del derecho, porque la responsable pretende fundar y motivar la sanción impuesta, aplicando de manera supletoria los artículos 73 y 75 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, ya que como bien lo reconoce la responsable, el artículo 194, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad federativa, no señala de ninguna manera cuál es la sanción económica que se debería de imponer al servidor público que se le pretenda sancionar, es decir, no señala un mínimo o máximo, o qué factores se deben tomar en cuenta para ello, cuál es el monto económico que debe de imponerse, por lo que existe una omisión o laguna en la misma. Esos preceptos establecen: "Artículo 194.- Se establecen como sanciones a las faltas enumeradas en el capítulo segundo de este título las siguientes: ".......... "III.- Sanción económica;." "Artículo 73. Correcciones disciplinarias. Son correcciones disciplinarias: I. El apercibimiento o la amonestación; II. La multa, que será en los juzgados hasta de Primera Instancia, como máximo, el equivalente a cien días del salario mínimo general vigente en la región donde radique el órgano jurisdiccional al momento de la comisión de la falta; hasta de doscientos días del propio salario, en el Tribunal Superior, la que se duplicará en caso de reincidencia. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día; y, III. Suspensión de empleo hasta por un mes o despido, cuando se trate de funcionarios judiciales subalternos." "Artículo 75. Medios de apremio. Los Magistrados y Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los medios de apremio que consideren eficaces: I. La multa hasta por el monto a que se refiere el artículo 73 de este Código, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia; II. El auxilio de la fuerza pública; III. La fractura de cerraduras si fuere necesario; y, IV. El arresto hasta por treinta y seis horas. Los Secretarios y Actuarios, podrán solicitar directamente y deberá prestárseles el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen para cumplimentar una determinación del Tribunal." La quejosa transcribe lo que la responsable consideró al respecto: "Por lo anteriormente expuesto, este órgano resolutor estima justo imponer como sanción administrativa a la servidora público investigada Licenciada María Leticia Musito Violante, entonces Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial. una sanción económica, sin embargo, en razón de que el numeral 194 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es omiso en establecer un parámetro mínimo y máximo para establecer la sanción a imponer a la funcionaria declarada responsable, se tomará en consideración lo dispuesto por el artículo 75, en relación con el numeral 73, ambos del Código Procesal Civil. para el Estado de Morelos, que establece: "............. "Ordinales anteriores que son de aplicación supletoria a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atento a lo dispuesto por su ordinal 41, por tanto al ser omiso el artículo 194 fracción III. en fijar un parámetro mínimo o máximo en tratándose de sanciones económicas, partiendo del mínimo que sería una y el máximo cien, por lo que al graduar la sanción a imponer se consideraría como sanción máxima cien unidades de medida y actualización, y como mínima una unidad de medida y actualización, tomando en consideración que la conducta atribuida a la Licenciada María Leticia Musito Violante. es reincidente en el incumplimiento de las obligaciones que le fueron conferidas como Secretaria de Acuerdos como se encuentra acreditado en el respectivo apartado con la queja administrativa 35/2007, por lo que se ubica en un grado equidistante entre la mínima y la media, por lo que al estar demostrada la nula eficacia del quantum de la sanción anterior (una sanción económica de ocho días de salario mínimo general vigente en la entidad), se considera justo, imponer como sanción el equivalente a veinte unidades de medida y actualización (UMAS); y que representa la cantidad de. (MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que resulta de multiplicar por veinte el valor de la unidad de medida y actualización y que de acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil dieciocho, equivalía a la cantidad de.. (OCHENTA PESOS 60/100 M.N.) de acuerdo a la época de los hechos imputados; por lo tanto, requiérase a la servidora pública responsable, para que dentro del plazo de cinco días, de cumplimiento voluntario." De lo antes transcrito, la quejosa aduce: ? La responsable realiza una inadecuada fundamentación y motivación de la sanción económica que se le impone, ya que no debió aplicar supletoriamente los artículos 73 y 75 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, porque no existe correspondencia ni analogía para su aplicación; no existe correspondencia porque el primer precepto habla de correcciones disciplinarias y la segunda disposición de medios de apremio, pero este último precepto en ningún caso señala que puede tomarse en cuenta para imponer sanciones económicas a servidores públicos, sino que se estipula, de manera clara, que los medios de apremio son para que los magistrados y jueces hagan cumplir sus determinaciones; además, no señala el fundamento legal que haga suponer la procedencia de la supletoriedad. ? La responsable señala un mínimo y máximo sobre cien, sin señalar de dónde saca ese mínimo y máximo de manera legal, en dónde se fundamenta para tomar esos valores, el cómo llegó a la conclusión de que se le imponía esa sanción económica, con qué fundamento y motivación gradúa la sanción que le impone. ? En el tercer concepto de violación la quejosa estima que se violan los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y certeza jurídica, previstos en los los artículos 1, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 21, párrafo quinto y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después, la impetrante transcribe el siguiente punto resolutivo de la resolución reclamada: "Séptimo.- En consecuencia, con fundamento en el artículo 194 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, se le impone como sanción administrativa a la Licenciada María Leticia Musito Violante, una sanción económica de veinte unidades de medida y actualización (UMAS); y que representan la cantidad de. (MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) cantidad que resulta de multiplicar por veinte el valor de la Unidad de Medida y Actualización y que de acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil dieciocho, equivalía a la cantidad de. (OCHENTA PESOS 60/100 M.N.) de acuerdo a la época de los hechos imputados; por tanto, requiérase a la servidora público responsable, para que dentro del plazo de cinco días, de cumplimiento voluntario." Respecto de lo antes transcrito, la impetrante estima: ? La responsable trata de justificar la omisión de fundamentación en los artículos 73 y 75 del código procesal civil, aplicándolo supletoriamente al artículo 194, fracción III, de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Morelos; sin embargo, no existe fundamentación alguna en la imposición de la multa que le impone. ? La responsable cuenta con sus datos personales y sabe que es trabajadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en donde se encuentra adscrita, qué cantidad de dinero percibe y que es trabajadora, por lo que, si se le impusiera una sanción económica, sin conceder la misma, debería haber tomado en cuenta lo dispuesto en la parte final del artículo 73 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que dice: ".que el infractor si fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.". Por consiguiente, resulta discriminatorio al señalar que a los ciudadanos que son jornaleros, obreros o trabajadores, no se les podrá sancionar con un importe mayor de su jornal o salario de un día, siendo que discrimina a los demás ciudadanos que no se encuentran en esta categoría social, siendo que debería de ser igual dicho beneficio y en el caso que nos ocupa al establecerse este beneficio debió aplicarse el principio pro persona a su favor e imponérsele un día de su salario. Son inoperantes e infundados dichos motivos de inconformidad. Este Juzgado de Distrito estima que, contrario a lo que aduce la quejosa, la ley aplicable al procedimiento administrativo de responsabilidad del que emana el acto reclamado, lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", el doce de abril de mil novecientos noventa y cinco, legislación que establece las faltas administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial de la indicada entidad federativa, el procedimiento de responsabilidad administrativa, las sanciones aplicables, así como los plazos de la prescripción. No se desconoce que el veinticuatro de octubre de dos mil siete, se publicó la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; sin embargo, en sus transitorios no se hizo alusión a la inaplicabilidad de la propia Ley Orgánica. Inclusive en la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, en su disposición octava transitoria se hace referencia expresa a que, con la salvedad de los "asuntos" que conozca el Consejo de la Judicatura Estatal -ahora Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos- y su órgano de control interno, se continuarán rigiendo supletoriamente con las disposiciones previstas en el Título Cuarto, (como lo establece el 195 quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial), hasta que su reglamentación orgánica se adecue a las reformas en materia de responsabilidad administrativa; lo que a consideración de este Juzgado significa que hasta que no se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el título cuarto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, seguirá siendo la legislación supletoria de dicha ley orgánica en todo lo no previsto por ésta. Se estima que son inoperantes los argumentos, pues contrario a lo considerado por la quejosa, primeramente es de destacarse que la autoridad responsable al resolver sobre la individualización de la sanción, estableció con toda claridad que el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, específicamente sus artículos 73 y 75, resultan de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, el cual da lugar a observar supletoriamente dicha normatividad procesal de ahí que la determinación de dicha responsable, se encuentre ajustada a derecho. Sin que en el caso, formule inconformidad específica en relación a esa determinación y sobre todo respecto del sustento jurídico en que se determinó que resulta aplicable la legislación procesal civil, esto es, el artículo 41 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, de tal manera que ello torna firme tal determinación, por no haberse combatido. En efecto, el proceder de la autoridad responsable, al remitirse supletoriamente a la legislación procesal civil, a efecto de normar su criterio en cuanto al "monto" de la sanción a imponer, se estima que contrario a lo estimado por la quejosa, no viola el derecho de seguridad jurídica y legalidad, pues al existir la posibilidad de observar supletoriamente esa legislación procesal, resulta adecuado que la tomara en cuenta para establecer un parámetro mínimo y máximo respecto de una sanción de carácter económica, para de tal manera mediar la medida económica a imponer, ya que la supletoriedad debe entenderse en términos generales, ante la ausencia de un cuadro normativo respecto de situaciones jurídicas que exigen necesaria regulación; de tal manera que por seguridad jurídica resulta adecuada la remisión a las disposiciones similares que dispone la legislación supletoria. Orienta la anterior determinación, la jurisprudencia 2ª/J. 60/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 279, tomo XIV, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de 2001, registro digital 188105, que a la letra dice: "RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL RELATIVA. De la interpretación literal de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se advierte que los citados ordenamientos penales son aplicables supletoriamente "En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas ...", por lo que dicha expresión debe entenderse en términos generales, esto es, al no referirse a un título o capítulo de aquélla en concreto, sino que al decir en "esta ley", se hace alusión a cualquier procedimiento que se establezca en este ordenamiento jurídico, como lo es el de responsabilidad administrativa, ya que si la ley no distingue, tampoco, en aras de la interpretación de la norma, puede hacerse diferenciación alguna, en donde no existe, en cuanto a su aplicación. Lo anterior se robustece si se toma en consideración que esta interpretación es congruente con la naturaleza jurídica sancionadora de la ley de la materia y con los principios generales que con ésta se relacionan, pues si las normas de derecho común que la rigen, son las relativas al orden penal, se justifica plenamente que ante la ausencia de un cuadro normativo general respecto de situaciones jurídicas que exigen su imperiosa regulación, como son las cuestiones relativas a alguno de los procedimientos que en la ley citada se establecen, así como en la apreciación de pruebas, por seguridad jurídica del gobernado, se apliquen de manera supletoria las disposiciones de los ordenamientos penales señalados." Asimismo, resulta orientador en lo conducente, el criterio emitido por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.XXI. J/13 A, consultable en la página 2281, tomo II, libro 57, décima época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Agosto de 2018, registro digital 2017504, que dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL LOCAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR LA LEY ESTATAL RELATIVA (LEGISLACIÓN ABROGADA). La aplicación extensiva de los lineamientos interpretativos definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2001, dada la identidad jurídica sustancial entre lo establecido por las regulaciones federal y local, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, conlleva a interpretar que el artículo 44 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero abrogada, al disponer que "En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley ... se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Penales, así mismo se atenderán en lo conducente las del Código Penal del Estado", debe entenderse en términos generales, toda vez que no se refiere a un título o capítulo de aquella legislación en concreto, sino que al decir en "esta ley", alude a cualquier procedimiento contenido en este ordenamiento jurídico, inclusive el de ejecución de sanciones, ya que si no distingue, tampoco puede hacerse diferenciación alguna en cuanto a su aplicación; lo que se robustece si se toma en consideración que esta interpretación es congruente con la naturaleza jurídica sancionadora de la ley de la materia y con los principios generales que con ésta se relacionan, pues si las normas de derecho común que la rigen son las relativas al orden penal, se justifica plenamente que, ante la ausencia de un cuadro normativo general respecto de situaciones jurídicas que exigen su imperiosa regulación, como son las cuestiones relativas a alguno de los procedimientos que en la ley citada se establecen, por seguridad jurídica del gobernado se apliquen supletoriamente las disposiciones de los códigos señalados." Aunado a lo anterior, se estima que otro punto que torna inoperante el motivo de inconformidad, resulta del hecho de que la quejosa no combate de manera específica el monto de la sanción que la autoridad fijó; habida cuenta que tampoco le asiste cuando argumenta que al no establecer el artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el parámetro del monto de la sanción, deja abierta una sanción indeterminada, excesiva y arbitraria, y como consecuencia, libertad de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, a imponer la sanción que estime pertinente, pues dicho precepto legal si prevé las sanciones a imponer, como lo son la amonestación, apercibimiento, sanción económica, suspensión del cargo hasta por un mes, destitución del cargo, y en su caso, consignación ante la autoridad competente, e inhabilitación temporal de uno a cinco años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; de tal manera que las autoridades que conozcan de tales asuntos, se encuentran obligadas a imponer alguna de éstas, como en el caso aconteció, en que se impuso sanción económica, conforme a la fracción III de tal ordenamiento; habida cuenta que incluso en cuanto al monto fijado, tampoco quedó al libre albedrio de la responsable, pues como se ha hecho notar, al observar supletoriamente la legislación procesal civil del estado, normó su criterio en un parámetro legalmente establecido, sin que resolviera conforme a su libre albedrio, pues se situó en un mínimo y máximo permitido por tal legislación; máxime que como se indicó, no combate en forma específica el monto de la sanción fijada por la responsable, de tal manera que resulta inoperante el planteamiento de la impetrante de amparo. En otro sentido, los argumentos antes reseñados son infundados, porque la individualización de la sanción sí se encuentra fundada y motivada, ya que la autoridad responsable citó los preceptos que estimó aplicables al caso y expuso las razones por las cuales impuso la sanción económica correspondiente. Para sustentar lo anterior, debe indicarse que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (...)." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (...)" De las normas constitucionales, se desprende el principio de legalidad, consistente en que las autoridades del Estado, sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que ésta determine, es decir, que todo acto de molestia, entendiendo por éstos, los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, emitido por la autoridad, debe cumplir con los siguientes lineamientos: 1.- Que se exprese por escrito. 2.- Que provenga de autoridad competente. 3.- Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. En cuanto a que la autoridad que emita el acto reclamado debe ser competente, debe decirse que dicha cualidad, se complementa con la serie de atributos que debe reunir, esto es, que por cuestión de cuantía, territorio, materia y grado, se encuentre en aptitud de ejercer su jurisdicción para emitir el acto de autoridad. La exigencia de fundamentación, que se cita, se traduce en el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que, la exigencia de motivación, se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones; desde luego, la correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Es decir, que en el acto de autoridad, han de señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en el caso concreto, se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 139/2005, novena época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, materia común, página 162, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En el caso, la autoridad responsable procedió a individualizar la sanción en el considerando VIII de la resolución reclamada, con base en el artículo 195- Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos; en ese sentido, tomó en cuenta lo siguiente: ? La gravedad de la falta cometida y la conveniencia de suprimir las prácticas viciosas en el despacho de los asuntos. Al respecto reiteró que la conducta atribuida a la servidora pública, se encuentra prevista en el artículo 186, fracciones I, IV, VII y VIII, en concordancia con el ordinal 93, fracciones I, II y XV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en relación con los precepto 27, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en términos del octavo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, en virtud de: ".que descuidó el trámite del expediente 530/2015-3 que tenía a su cargo, tal y como se detalló en el considerando anterior; y si bien es cierto, la falta administrativa cometida, de acuerdo con el artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, no es considerada como grave, también lo es, que ésta se considera trascendental para la buena marcha en la administración de justicia." ? Las circunstancias socioeconómicas de la servidora pública. Al respecto consideró que las constancias de autos se advierte que la quejosa, en su carácter de servidora pública, percibía mensualmente VEINTIUN MIL SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS, cantidad decorosa que le otorga el Tribunal Superior de Justicia del Estado y por ello debe cambiar su conducta y motivarla a cumplir con las funciones y obligaciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, le ordenan. ? El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de la infractora. Al efecto consideró que la servidora pública investigada, en el momento de los hechos se desempeñaba como Secretaria de Acuerdos de Primera Instancia, es decir, contaba con un cargo de nivel medio, lo que le constriñe a cumplir con las obligaciones que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; por tal motivo, las circunstancias y condiciones de la infractora, no la eximen en nada de la responsabilidad administrativa por la falta cometida, sino por el contrario, se presume debió actuar guardando el principio de legalidad y eficiencia que rigen la prestación de su servicio. ? Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. En el presente caso no se encuentran justificadas las condiciones exteriores por parte de la servidora pública, en virtud de que con las pruebas ofrecidas no se desvirtúan los hechos atribuidos, y por ello, no sustentan justificación o excluyente de responsabilidad en la comisión de los hechos que se le atribuyen, por ende, no existen medios materiales o humanos con los cuales se pueda determinar que el actuar de la servidora pública se encuentre justificado; de ahí que se acredite la existencia de la responsabilidad administrativa que se le atribuye. ? La antigüedad en el servicio. Con la documental que reseñó, ponderó que la investigada contaba con una antigüedad de diecinueve años, siete meses, cuatro días, lo que reflejaba que poseía la experiencia suficiente para conocer la normatividad que rige tanto su servicio como las funciones de las cuales se hacía cargo por virtud de su puesto. ? La reincidencia en la comisión de faltas. Con la documental que refirió, la responsable estableció que la servidora pública sí contaba con dos sanciones administrativas, pero que sólo tomaba en cuenta la número 35/2007, en la que se le encontró administrativamente responsable por la falta prevista en el artículo 186, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el ordinal 93, fracción I, de dicho ordenamiento, en correlación con el precepto 27, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que se le impuso una sanción económica de ocho días de su salario mínimo general vigente en la entidad; de donde advirtió la reincidencia en la deficiencia del servicio que tenía encomendado. ? El monto del beneficio, daño o perjuicio económico causado, así como la gravedad de la interrupción o suspensión del servicio a su cargo. Se estimó que no se acreditó que con la conducta que desplegó la servidora pública responsables se hubiera causado un beneficio en su favor, o un daño o perjuicio contra algún tercero; no obstante ello, señaló que para lograr la prestación óptima del servicio público, debe suprimir cualquier clase de faltas cometidas por los servidores públicos en el desempeño de su función, cuanto más, las que llevan en sí mismas características como las ya apuntadas con antelación, en aras de una excelente impartición de justicia que salvaguarde las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Constitución General de la República, sobre las que descansa el sistema jurídico mexicano. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 194, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 73 y 75 del Código Procesal Civil de la entidad federativa, le impuso una sanción económica de veinte unidades de medida y actualización (UMAS), que representan la cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS. De lo antes expuesto se advierte que, opuesto a lo aducido por la quejosa, la autoridad responsable sí fundó y motivó la sanción impuesta, ya que citó el artículo 186, fracciones I, IV, VII y VIII, en concordancia con el ordinal 93, fracciones I, II y XV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en relación con los precepto 27, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en términos del octavo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos; además, expuso las razones y motivos por las cuales impuso como sanción económica veinte unidades de medida y actualización (UMAS), que representan la cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS. Ante tales circunstancias, este órgano constitucional estima que los indicadores a que atendió la autoridad conforme al precepto que invocó, le permitieron imponer la sanción considerando no sólo la gravedad de la infracción en abstracto, sino estableciendo de manera proporcional la sanción correspondiente. Además, no debe soslayarse que en todo proceso de individualización de sanciones existe un mínimo de discrecionalidad del aplicador, lo que es compatible con el hecho de que existan reglas que limiten dicho ejercicio, en virtud de que la legalidad requiere del arbitrio para ser efectiva, tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito. Luego, en la especie, después de determinar la existencia de las conductas irregulares atribuidas a la servidora pública y de individualizar la sanción, la autoridad responsable determinó agregar una copia de la determinación respectiva al expediente personal y registrar la misma ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, con apego a derecho. En este contexto normativo, se concluye que la autoridad responsable, no infringió el principio de legalidad tutelado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal en perjuicio de la parte quejosa. Por último, es infundado el argumento de la quejosa en el sentido de que la "sanción económica" que le fue impuesta en la resolución reclamada, contravenga el artículo 21, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ese precepto se acota únicamente a las infracciones de reglamentos gubernativos y de policía, y no así respecto de responsabilidades administrativas de servidores públicos. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Registro digital: 234590 Instancia: Primera Sala Séptima época Materias: Penal Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 151-156, segunda parte, página 71 Tipo: Aislada "MULTAS. JORNALEROS U OBREROS. LIMITACION DEL ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL. La limitación que establece el artículo 21 constitucional en la parte que dice que: "...si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana", rige sólo respecto de autoridades administrativas, a quienes la Carta Magna faculta para imponer multa o arresto a los infractores de reglamentos gubernativos o de policía; mas no se refiere a las sanciones que la autoridad judicial está en posibilidad de aplicar en los asuntos de su competencia." Consecuentemente, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución de la resolución reclamada, al no combatirse por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida a la autoridad ordenadora. Tiene aplicación la jurisprudencia II.3° J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 52, tomo 60, diciembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, cuyos rubro y texto establecen: "AUTORIDADESEJECUTORAS. NEGATIVA DEL AMPARO CONTRA LAS ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenaron la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe negarse también respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Leticia Musito Violante, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero y por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del Secretario Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy veinte de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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