Maria Juana Sanchez Rodriguez

Expediente 415/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
415/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Maria Juana Sanchez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno (notificado por estrados el quince de junio de dos mil veintiuno), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherente al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se negó y concedió la suspensión de los actos reclamados, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el proveído por el que se negó y concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se negó y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada por este juzgado: así como del proveído por el cual se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obra en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, y toda vez que resulta innecesario seguir conservando las documentales que la autoridad responsable Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, anexo a su oficio como justificación de su informe, formándose un tomo; por tanto, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, remítase a la citada autoridad responsable, las documentales de referencia, para los efectos legales que haya lugar.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en Coahuila, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos, sin mayor proveído, toda vez que por auto del catorce de junio de dos mil veintiuno se declaró cumplida la sentencia de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó al agraviado por estrados el siete de junio del dos mil veintiuno, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por María Juana Sánchez Rodríguez, para efecto de que la autoridad responsable Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial en Torreón, Coahuila, realizara lo siguiente. "1) En relación, única y exclusivamente con la quejosa, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1847/2018, a partir del auto que ordena el emplazamiento por edictos, incluso la sentencia definitiva y actos de ejecución. 2) A fin de restituir a la quejosa en el goce y disfrute de su garantía constitucional violada, la responsable deberá ordenar, en su caso, el llamamiento de dicha demandada (aquí impetrante) conforme a derecho, cumpliendo los requisitos legales y previa investigación de su domicilio.". La citada sentencia de amparo causó estado por auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, y se requirió de la responsable su cumplimiento. Atento a lo anterior, mediante oficio 1272/2021 recibido en este juzgado el tres de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial en Torreón, Coahuila, manifestó que por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1847/2018 (solo por lo que hizo a la quejosa), a partir del auto que ordenó el emplazamiento por edictos de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, incluso la sentencia definitiva dictada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho y actos de ejecución y ordenó girar oficios a diversas dependencias para que éstas proporcionaran información relacionada con el domicilio de la aquí agraviada. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1847/2018 (solo por lo que hace a la quejosa), a partir del auto que ordenó el emplazamiento por edictos, incluso la sentencia definitiva y actos de ejecución; y ordenó la investigación del domicilio de la allí demandada (aquí quejosa), lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos los oficios 1272/2021 y 1291/2021 de cuenta, ambos signados por la responsable Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en Coahuila, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, y adjunta diversas constancias. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, y anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.

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