Maria Jose Castro Vega
Expediente 699/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Maria Jose Castro Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en acuerdo de dos de marzo actual, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en Culiacán, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María José Castro Vega, para el efecto de que la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con sede en Culiacán, Sinaloa, en el término de veinticuatro horas, notificara de manera personal a la quejosa, la respuesta de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a su solicitud de treinta y uno de octubre del mismo año, en el domicilio señalado por la misma para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en calle Alejandro Peña 3860, del fraccionamiento Nuevo Horizonte en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. En acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que se hubiere requerido a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma, en virtud de que por oficio recibido en este Juzgado el trece de febrero del año en curso, remitió escrito donde da contestación a la quejosa a su escrito de petición mediante el cual solicitó la reducción del pago mensual de su amortización del crédito número 2502024366, solicitando un pago mínimo de $365.00 (trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), materia de la concesión del amparo. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en auto de esa misma fecha, sin haber hecho manifestación al respecto. Por tanto, si los efectos de la concesión del amparo como quedaron precisados, era que la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el término de veinticuatro horas, notificara de manera personal a la quejosa, la respuesta de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a su solicitud de treinta y uno de octubre del mismo año, en el domicilio señalado por la misma para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en calle Alejandro Peña 3860, del fraccionamiento Nuevo Horizonte en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; lo que ya aconteció, pues de la constancia que remitió la citada autoridad responsable se advierte que el doce de febrero de la presente anualidad le notificó la contestación a su escrito de solicitud de treinta y uno de octubre del año próximo pasado. De lo anterior claramente se refleja que se restituyó a la quejosa María José Castro Vega, en el pleno goce de sus garantías violadas, sin que hubiere hecho manifestación alguna a la vista que se le dio en proveído de dos de marzo actual, por lo que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, tal como lo estipula el precepto 196 de la ley de la materia.
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARIA JOSE CASTRO VEGA EL AUTO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en acuerdo de dos de marzo actual, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en Culiacán, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María José Castro Vega, para el efecto de que la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con sede en Culiacán, Sinaloa, en el término de veinticuatro horas, notificara de manera personal a la quejosa, la respuesta de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a su solicitud de treinta y uno de octubre del mismo año, en el domicilio señalado por la misma para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en calle Alejandro Peña 3860, del fraccionamiento Nuevo Horizonte en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. En acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que se hubiere requerido a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma, en virtud de que por oficio recibido en este Juzgado el trece de febrero del año en curso, remitió escrito donde da contestación a la quejosa a su escrito de petición mediante el cual solicitó la reducción del pago mensual de su amortización del crédito número 2502024366, solicitando un pago mínimo de $365.00 (trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), materia de la concesión del amparo. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en auto de esa misma fecha, sin haber hecho manifestación al respecto. Por tanto, si los efectos de la concesión del amparo como quedaron precisados, era que la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el término de veinticuatro horas, notificara de manera personal a la quejosa, la respuesta de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, relativa a su solicitud de treinta y uno de octubre del mismo año, en el domicilio señalado por la misma para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en calle Alejandro Peña 3860, del fraccionamiento Nuevo Horizonte en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; lo que ya aconteció, pues de la constancia que remitió la citada autoridad responsable se advierte que el doce de febrero de la presente anualidad le notificó la contestación a su escrito de solicitud de treinta y uno de octubre del año próximo pasado. De lo anterior claramente se refleja que se restituyó a la quejosa María José Castro Vega, en el pleno goce de sus garantías violadas, sin que hubiere hecho manifestación alguna a la vista que se le dio en proveído de dos de marzo actual, por lo que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, tal como lo estipula el precepto 196 de la ley de la materia.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Administrador Postal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que la pieza postal registrada con el número MA093336203, fue recibida en este juzgado, anexando copia de la F-277 como comprobante de su entrega, toda vez que ya obra en autos.
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