María Josefina Soto Uribe
Expediente 49/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/01/2023
Partes del expediente
- María Josefina Soto Uribe
- Karla Dalia del Rocío Peñafiel Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de enero de dos mil veintitrés. I. Se reciben oficios. Agréguese a los autos el oficio ..., proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mediante el que se solicita acceso al expediente electrónico del presente asunto; atento a ello, se provee: II. Acceso a expediente electrónico. Atento a ello, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, prorrogado mediante Acuerdo General 7/2022, en cuanto a su vigencia, se otorga acceso al expediente electrónico del presente asunto al Juzgado en cita, por lo que se comisiona al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la vinculación correspondiente con el expediente 1528/2022 del índice de ese órgano jurisdiccional, a fin de que sea posible su visualización. Notifíquese; y por oficio al Juzgado aludido.
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...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...
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Téngase por recibido el escrito aclaratorio signado por la quejosa...., mediante el cual da cumplimiento a los requerimientos decretados en autos; por tanto, se provee: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO. En el caso, de una lectura integral de la demanda de amparo, y escritos aclaratorios, en el capítulo correspondiente, los cuales con fundamento en el artículo 108, fracción V, las quejosas manifiestan bajo protesta de decir verdad, mismos que gozan de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: 1.- La resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo directo 198/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en la cual negó el Amparo y la Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en relación a la resolución de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho que resolvió los autos del toca civil 1750/2017 confirmando la sentencia definitiva de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete dictada en el juicio sumario de rescisión de contrato de arrendamiento 821/2016 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil de Querétaro; 2.- La ejecución de la sentencia definitiva de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sumario de rescisión de contrato de arrendamiento 821/2016 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil de Querétaro; así como, el auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el referido expediente, mediante el cual se ordena la ejecución de la mencionada sentencia; 3.- Todo lo actuado en el juicio ordinario civil sobre reivindicación 1917/2016; del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de Querétaro, así como el auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, dictado en el referido expediente, mediante el cual se decreta la caducidad de la instancia, el cual a la fecha de la presentación de la demanda de amparo se encontraba en trámite; 4.- Todo lo actuado en el juicio sumario de jactancia 1064/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro; 5.- Todo lo actuado en el juicio sumario de desahucio 121/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de Querétaro; y, 6.- Todo lo actuado en el juicio sumario de desahucio de contrato de arrendamiento 38/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Querétaro, mismo que se encuentra en trámite. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO DESCRITO EN EL PUNTO NÚMERO UNO. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado identificado como uno, esta juzgadora advierte de oficio que se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que le impide admitirla y que está prevista en el artículo 61, fracción VI de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. A fin de comprender en su exacta dimensión esta hipótesis de improcedencia, es importante mencionar que el artículo 61, fracción VI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;" La citada fracción se refiere a aquellas resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, las cuales son definitivas e inatacables, por tanto, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una resolución definitiva dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo directo 198/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en la cual negó el Amparo y la Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en relación a la resolución de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho que resolvió los autos del toca civil 1750/2017 confirmando la sentencia definitiva de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete dictada en el juicio sumario de rescisión de contrato de arrendamiento 821/2016 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil de Querétaro. De lo anterior se obtiene que se cubren los requisitos para demostrar la referida causal de improcedencia, toda vez que, como ya se dijo, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, como se actualiza en el presente caso; además cabe mencionar que las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el amparo directo no admitirán recurso alguno, por ello ningún tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene facultades para modificarlas y menos para revocarlas, en virtud de que con su sola emisión son definitivas e inatacables, y su contenido no puede desconocerse en cualquier otro juicio e instancia Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXIX/2005, con número de registro 178893, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI SE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme a los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, el recurso de revisión es improcedente si el Tribunal Colegiado, después de examinar el aspecto de constitucionalidad en la sentencia, declara que ésta ha causado ejecutoria, ya que mientras subsista esa declaración el fallo reviste la calidad de cosa juzgada y en su contra no procede medio de defensa alguno, en virtud de que es la verdad legal, aun en el supuesto de que la revisión se hubiese interpuesto dentro del plazo de diez días. De ahí que el recurrente, en aras de estar en aptitud de combatir dicha sentencia, deberá agotar el recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo contra el auto que la declaró ejecutoriada, si los vicios derivan del cómputo en el plazo para interponer el recurso o, en su caso, el incidente de nulidad de actuaciones, si la irregularidad se realizó al notificarse el fallo del Tribunal Colegiado" Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. /J. 106/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1075, Libro 33, Agosto de dos mil dieciséis, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DICTADAS AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA EN SU CONTRA CONFIGURA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA QUE CONDUCE A SU DESECHAMIENTO DE PLANO. Acorde con el artículo 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el recurso de revisión no admitirán recurso alguno; por ello, ningún tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene facultades para modificarlas y menos para revocarlas, en virtud de que con su sola emisión son definitivas e inatacables, y su contenido no puede desconocerse en cualquier otro juicio o instancia. Consecuentemente, la interposición de un segundo recurso de revisión o de cualquier otro medio de defensa contra la resolución dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer del recurso de revisión que impugna la pronunciada por un Juez de Distrito o por un Tribunal Unitario de Circuito, al constituir una sentencia definitiva e inatacable que adquiere la calidad de cosa juzgada, configura una causa notoria y manifiesta de improcedencia que conduce a su desechamiento sin mayor trámite." En tal virtud, en términos de los artículos 61, fracción VI, de la ley de amparo, el juicio de amparo resulta improcedente contra la resolución reclamada, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda contra dicho acto. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL PUNTO NÚMERO DOS. Ahora, respecto del acto reclamado descrito en el punto número dos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" De lo expuesto, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley de la materia y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de amparo, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a los peticionarios siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal, resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus derechos frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. En efecto, la determinación del Juez responsable, que constituye el acto reclamado, evidencia la presencia de un acto en el período de ejecución de sentencia, que no está desvinculado de la cosa juzgada, pues precisamente en el fallo se ordenó su lanzamiento. Así, cabe señalar que las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus derechos, podrán ser restituidas en el goce de éstos desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. De ahí que, resulta a todas luces improcedente la demanda que se intenta en esta vía de amparo. Por su exacta aplicación al caso es de citarse la tesis jurisprudencial número 734, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo". En el caso concreto, se reitera que el acto que reclaman las promoventes, es llevado a cabo en ejecución de sentencia; por lo tanto, no satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV, párrafo segundo, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial, pues NO SE TRATA DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en sus escritos inicial y aclaratorios, confesión que hace prueba plena, en términos del artículo 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se desprende que las hoy quejosas, son parte en el juicio sumario de rescisión de contrato de arrendamiento 821/2016, en el que ya se dictó una sentencia definitiva y se condenó a la desocupación del inmueble relacionado con el contrato de arrendamiento materia de la Litis; además de que tuvieron intervención en el juicio de origen, por tanto, no son un tercero extraño en el juicio natural; máxime que el acto que aquí se reclama, se encuentra intrínsecamente relacionado con la cosa juzgada, que fue objeto de la Litis en el juicio de origen, respecto al contrato de arrendamiento relacionado con el bien inmueble que se duele en esta instancia, por lo que no afecta derechos sustantivos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Tiene apoyo a lo expuesto, la tesis de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." (Tesis 389 C, visible en la página 1721, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Segundo Circuito) Luego, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia en mención, procede el desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO DESCRITO EN EL PUNTO NÚMERO TRES. Ahora, respecto del acto reclamado descrito en el punto número tres, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [...]" Del primero de los artículos transcritos, se desprende que las causas de improcedencia son enunciativas y no limitativas, en cuanto a que su configuración no se limita a las veintidós primeras hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII, permite que aparezcan diversos motivos de improcedencia de la conjunción sistemática de la ley reglamentaria, de la Constitución y de la jurisprudencia. Mientras que del segundo numeral transcrito, se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Lo que, interpretado a contrario sensu, permite establecer que cuando se trate de actos dentro o fuera de juicio que no afecten a personas extrañas, el juicio de amparo se torna improcedente. En el caso, la parte quejosa acude al presente juicio constitucional, expresando que son parte demandada en el juicio de origen, y, que inclusive contestaron la demanda, por tanto, de sus propias manifestaciones se advierte que no les reviste el carácter de terceros extraños. Razones suficientes para deducir que las peticionarias de amparo, comparecieron al juicio de origen a defender sus derechos respecto del bien inmueble que defienden en esta vía constitucional. Por tanto, se colige que al no revestirles a las quejosas el carácter de terceros extraños en el juicio de origen, ya que tuvieron intervención en él de manera personal, estuvieron en posibilidad de defenderse, y se vincularon a las cargas procesales inherentes; por lo que al carecer de tal carácter, no pueden comparecer al juicio de amparo alegando que la sola existencia del procedimiento les causa perjuicio, sino que deben esperar a que se resuelva en definitiva, y una vez agotados los recursos ordinarios procedentes, acudir al amparo en la vía correspondiente, si es que consideran violados sus derechos. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Y por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En este orden, al carecer del carácter de tercero extraña, la quejosa está en aptitud de interponer los recursos ordinarios relativos, en tal virtud, en relación a la caducidad que reclama, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b).- Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c).- Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Así es, contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, la parte quejosa no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo. Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aun cuando la parte agraviada no hubiere hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y los previstos en la ley reglamentaria. En la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el acto reclamado constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de Querétaro, en este sentido, tal circunstancia permite establecer que de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles del Estado del Querétaro), los autos dictados por el juzgador que conoce del acto aquí combatido, son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva mencionada. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa. Ahora, de la intelección de los artículos 684, 685, 686 y 689, párrafo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, se obtiene que en contra del acto que la parte quejosa reclama en esta vía procede el recurso de apelación, los cuales establecen: "Artículo 684. El proceso caduca en los siguientes casos: I. Por convenio o transacción de las partes y por cualquiera otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del litigio; II. Por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes de que se corra traslado de la demanda; III. Por cumplimiento voluntario de la reclamación, antes de la sentencia; y IV. Cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal, ni promoción durante un plazo mayor de seis meses, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente. El plazo debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho la última promoción. Lo dispuesto por esta fracción es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes. Caducando el principal, caducan los incidentes. La caducidad de los incidentes sólo produce la del principal cuando hayan suspendido el procedimiento en éste. Artículo 685. Si, en los casos de las fracciones I a III, no se comprenden todas las cuestiones litigiosas para cuya resolución se haya abierto el proceso, éste continuará solamente para la decisión de las cuestiones restantes. Artículo 686. En los casos de las fracciones I a III del artículo 684, la resolución que decrete la caducidad la dictará el juez o Tribunal, a petición de parte o de oficio, luego que tenga conocimiento de los hechos que la motiven. En el caso de la fracción IV del mismo artículo, la caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración, por el simple transcurso del plazo indicado. En cualquier caso en que hubiere caducado un proceso, se hará la declaración de oficio, por el juez o Tribunal o a petición de cualquiera de las partes, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior. La resolución que se dicte es apelable en ambos efectos. Cuando la caducidad se opere en la segunda instancia, habiendo sentencia de fondo de la primera, causará ésta ejecutoria. Artículo 689. La caducidad, en los casos de las fracciones II y IV del artículo 684 tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias; entendiéndose como no presentada la demanda y, en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco. Esta caducidad no influye, en forma alguna, sobre las relaciones de derecho existentes entre las partes que hayan intervenido en el proceso" En consecuencia, la parte quejosa debió interponer recurso de apelación en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se decreta la caducidad de la instancia. Por tanto, la promovente de amparo debe agotar el medio de defensa ordinario, previsto por la ley ordinaria, para luego poder acudir al juicio de amparo, y al no hacerlo en esos términos, se actualiza la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de amparo, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a todo lo anterior, la jurisprudencia por unificación cuyo soma contiene: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (JURISPRUDENCIA 113/2013 (10ª), emanada de la Contradicción de tesis 265/2013. suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha treinta de octubre de dos mil trece.) Por tanto, es válido concluir que el acto aquí combatido puede ser modificado o revocado, a través del recurso de apelación previstos en los ordinales 684, 685, 686 y 689, párrafo tercero del ordenamiento jurídico invocado. Resulta meramente ilustrativa a lo expuesto, la jurisprudencia cuyo rumbo y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." (Jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación) Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto, aun y cuando se plantea en la demanda de amparo una violación directa a la Constitución, y específicamente respecto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, dado que como ya quedó asentado, las violaciones reclamadas pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un procedimiento ordinario. Es decir, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia que indica: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (Tesis LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Así como la jurisprudencia cuyo soma contiene: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contNO Ara actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." (Décima Época. Registro: 2001155. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.). Página: 729) En tal virtud, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas previamente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO DESCRITO EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO. Así también, respecto del acto reclamado en el punto número cuatro, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b).- Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c).- Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Así es, contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, la parte quejosa no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo. Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aun cuando la parte agraviada no hubiere hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y los previstos en la ley reglamentaria. En la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el acto reclamado constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro, en este sentido, tal circunstancia permite establecer que de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles del Estado del Querétaro), los autos dictados por el juzgador que conoce del acto aquí combatido, son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva mencionada. Se estima así, toda vez que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que no adujo derecho de propiedad alguno sobre el inmueble relacionado con la Litis, sino que estaba en estudio de lo procedente al no saber quién era el verdadero propietario del bien, por tanto, no puede perderse de vista, que la aquí quejosa no puede ostentarse como extraña al juicio de origen, toda vez que como ya se dijo compareció a juicio. Por tanto, al haber comparecido a juicio, carece del carácter de tercero extraña que le permitiría comparecer al amparo indirecto en reclamo de todo lo actuado en aquel juicio, ya que se actualizan a la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la interpretación en sentido contrario del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, en tal virtud, resulta incuestionable que desde que fue emplazada en el juicio de origen, tuvo conocimiento del mismo, por tanto, estuvo en aptitud de promover los medios de defensa necesarios para defender sus derechos. Ahora, de la intelección del artículo 736 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, se obtiene que en contra del acto que la parte quejosa reclama en esta vía procede el recurso de apelación, los cuales establecen: "Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la relación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." En consecuencia, la parte quejosa debió interponer recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en el juicio de origen. Por tanto, la promovente de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario, previsto por la ley ordinaria, para luego poder acudir al juicio de amparo, ya que de no hacerlo en esos términos, se actualiza la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de amparo, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a todo lo anterior, la jurisprudencia por unificación cuyo soma contiene: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (JURISPRUDENCIA 113/2013 (10ª), emanada de la Contradicción de tesis 265/2013. suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha treinta de octubre de dos mil trece.) Por tanto, es válido concluir que el acto aquí combatido pudo ser modificado o revocado, a través del recurso de apelación previsto en el ordinal 736 del ordenamiento jurídico invocado. Resulta meramente ilustrativa a lo expuesto, la jurisprudencia cuyo rumbo y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." (Jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación) Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto, aun y cuando se plantea en la demanda de amparo una violación directa a la Constitución, y específicamente respecto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, dado que como ya quedó asentado, las violaciones reclamadas pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un procedimiento ordinario. Es decir, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia que indica: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (Tesis LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Así como la jurisprudencia cuyo soma contiene: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contNO Ara actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." (Décima Época. Registro: 2001155. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.). Página: 729) Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia a que se hizo alusión, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO DESCRITO EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. Ahora, respecto del acto reclamado descrito en el punto número cinco, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [...]" Del primero de los artículos transcritos, se desprende que las causas de improcedencia son enunciativas y no limitativas, en cuanto a que su configuración no se limita a las veintidós primeras hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII, permite que aparezcan diversos motivos de improcedencia de la conjunción sistemática de la ley reglamentaria, de la Constitución y de la jurisprudencia. Mientras que del segundo numeral transcrito, se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Lo que, interpretado a contrario sensu, permite establecer que cuando se trate de actos dentro o fuera de juicio que no afecten a personas extrañas, el juicio de amparo se torna improcedente. En el caso, la parte quejosa acude al presente juicio constitucional, expresando que son parte demandada en el juicio de origen, y, que inclusive contestaron la demanda, por tanto, de sus propias manifestaciones se advierte que no les reviste el carácter de terceros extraños. Razones suficientes para deducir que las peticionarias de amparo, comparecieron al juicio de origen a defender sus derechos respecto del bien inmueble que defienden en esta vía constitucional. Por tanto, se colige que al no revestirles a las quejosas el carácter de terceros extraños en el juicio de origen, ya que tuvieron intervención en él de manera personal, están en posibilidad de defenderse, y se vincularon a las cargas procesales inherentes; de ahí que no están en aptitud de comparecer al juicio de amparo a reclamar la sola existencia del procedimiento de origen, sino que deben esperar a que se resuelva en definitiva, y una vez agotados los recursos ordinarios procedentes, acudir al amparo en la vía correspondiente, si consideran violados sus derechos. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Y por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, procede desechar la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO DESCRITO EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. Ahora, respecto del acto reclamado descrito en el punto número seis, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [...]" Del primero de los artículos transcritos, se desprende que las causas de improcedencia son enunciativas y no limitativas, en cuanto a que su configuración no se limita a las veintidós primeras hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII, permite que aparezcan diversos motivos de improcedencia de la conjunción sistemática de la ley reglamentaria, de la Constitución y de la jurisprudencia. Mientras que del segundo numeral transcrito, se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Lo que, interpretado a contrario sensu, permite establecer que cuando se trate de actos dentro o fuera de juicio que no afecten a personas extrañas, el juicio de amparo se torna improcedente. En el caso, la parte quejosa acude al presente juicio constitucional, expresando que son parte demandada en el juicio de origen, y, que inclusive contestaron la demanda, por tanto, de sus propias manifestaciones se advierte que no les reviste el carácter de terceros extraños. Razones suficientes para deducir que las peticionarias de amparo, comparecieron al juicio de origen a defender sus derechos respecto del bien inmueble que defienden en esta vía constitucional. Por tanto, se colige que al no revestirles a las quejosas el carácter de terceros extraños en el juicio de origen, ya que tuvieron intervención en él de manera personal, están en posibilidad de defenderse, y se vincularon a las cargas procesales inherentes; de ahí que no están en aptitud de comparecer al juicio de amparo a reclamar la sola existencia del procedimiento de origen, sino que deben esperar a que se resuelva en definitiva, y una vez agotados los recursos ordinarios procedentes, acudir al amparo en la vía correspondiente, si consideran violados sus derechos. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.....Y por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).....En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones VI, XVIII, y XXIII, y 107, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, respecto de los actos reclamados, se desecha de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por......CAPTURA DE PROVEÍDO....Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos las diligencias de ratificación de firma, mediante las cuales, las quejosas, ratifican el contenido del escrito aclaratorio recibido por éste Juzgado el catorce de febrero de dos mil diecinueve; y, en relación a su contenido, se acuerda: Se requiere a la parte quejosa, a efecto de que cumpla debidamente con la prevención decretada en autos, toda vez que del referido escrito manifiesta que señala dos actos reclamados, sin embargo, respecto del segundo acto es omisa en precisar de manera clara y puntual cuál y/o cuáles son los actos que reclama del juicio que en el mismo señala, en específico, lo siguiente: La resolución y/o determinación judicial que le afecta. El juicio y la fecha en que se emitió Lo que se acordó o resolvió en la resolución que reclama. La fecha en que tuvo conocimiento de la misma. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de la parte promovente que, subsiste en sus términos la prevención inserta en el auto inicial, así como el término concedido para desahogarla; en el entendido que el plazo otorgado para su cumplimiento seguirá transcurriendo una vez que se notifique de manera personal el presente proveído, pues el mismo se ha visto interrumpido por causa de la presentación del escrito aclaratorio que ratificó. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento".
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