María José Rodríguez Barriga
Expediente 271/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María José Rodríguez Barriga
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se negó la protección constitucional a la quejosa Amalia Concepción Cuevas Mendoza, por propio derecho y en cuanto representante legal de la menor R.H.R.C.; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14, 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso C), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión y su duplicado son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Destino del original del incidente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Destino del duplicado. Por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de tomos de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar los dos tomos de pruebas consistentes en el toca XI-16/2021, y un disco versátil digital (DVD) que obra dentro de un sobre amarrillo, costurado a dichos tomos, que se formaron con las constancias que adjuntó la autoridad responsable Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, a su informe justificado, se ordena su devolución en dos cuadernos, sin que sea necesario acusar recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Solicita copias. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa María José Rodríguez Barriga; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia simple de las constancias que refiere, autorizando para recibirlas a la persona que señala, previo recibo que se deje en autos. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de dichas constancias, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, para la obtención de las copias que requiere, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber a la promovente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos; mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por esa razón, se le invita a que transite al esquema de juicio en línea a través de la FIREL. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ BARRIGA, LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 271/2022. De conformidad con el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa María José Rodríguez Barriga, señala como actos reclamados: Del Notario Público Número 13, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán: La escritura pública número 36 volumen 1 de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, en la que fue privada de la propiedad de un predio, respecto del cual tiene la posesión y derechos sobre el mismo, sin haber sido llamada y vencida en juicio. Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado: El registro de la escritura antes señalada bajo el tomo 13,563 y registro 31 de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, acto con el que se ejecutó la privación de la propiedad de un predio, respecto del cual tiene la posesión y derechos sobre el mismo. Ahora bien, de los antecedes que, bajo protesta de decir verdad, formula la quejosa se advierte: Refiere ser propietaria con base en la escritura pública 13,635 de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, de la parcela número 85 Z-2 P1/1 del ejido de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán, el cual cuenta con una superficie de 10-65-83.08Has. (diez hectáreas, sesenta y cinco áreas, ochenta y tres punto cero ocho centiáreas), el cual fue materia de subdivisión de inmueble, autorizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, dividiéndose en VII fracciones, aviso que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio bajo el número 13, tomo 9813, del Libro de Propiedad de Morelia. Que el diez de diciembre de dos mil catorce ante el titular de la Notaria 52 firmó contrato de mutuo con interés y garantía fiduciaria, del que se advierte la aquí quejosa intervino como obligada solidaria y avalista, quedando como garantía fiduciaria la fracción V, que se subdividió de la parcela 85 Z-2 P1/1 del ejido de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán, como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) SEXTA.- GARANTÍA FIDUCIARIA.-Para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato la señorita MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ BARRIGA, está de acuerdo en constituir, y de hecho CONSTITUYE en este acto, GARANTÍA FIDUCIARIA ESPECIAL Y EXPRESA, en PRIMERO Y ÚNICOLUGAR a favor de "EL MUTUANTE", sobre el bien inmueble de su propiedad LA FRACCIÓN V (CINCO ROMANO), que se subdividió de la parcela 85 Z-2 P1/1 del ejido de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán, mismo que ha quedado descrito en el antecedente III (TRES ROMANO) de este instrumento, y que se tiene aquí por reproducido en su totalidad, como si se insertara a la letra en obvio de repeticiones, para todos los efectos legales a que haya lugar, con todo lo que por hecho y por derecho le corresponda. Dicha garantía fiduciaria permanecerá con toda su fuerza legal hasta que sean liquidados completamente todos los saldos de capital, intereses ordinarios y moratorios en su caso, aun cuando excedan de tres años, gastos, comisiones o cualquier otro accesorio relacionado con este crédito. (.) Asimismo, la señorita MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ BARRIGA, manifiesta su conformidad y obligación de constituirse en "OBLIGADA SOLIDARIA Y AVALISTA" y estar dispuesta a responder sobre la totalidad de la prestación debida por "EL MUTUARIO" consignada en este contrato, renunciado a cualquier derecho de preferencia o beneficio de ordeno excusión, por lo que "EL MUTUANTE"; podrá reclamarle la totalidad de las cantidades de dinero otorgadas en términos del presente acuerdo de voluntades, los intereses ordinarios y en su caso todos los intereses moratorios, aún cuando excedan de tres años, gastos y accesorios legales, hasta la total liquidación del adeudo por incumplimiento de las obligaciones de "EL MUTUANTE" pactadas en este contrato, en los términos de ley y las obligaciones no cesan hasta la total liquidación del adeudo. (.)" Refiere además que el tres de diciembre de dos mil quince, ante el Notario 179, en acta destacada fuera de protocolo, firmaron convenio modificatorio al contrato de mutuo con interés y garantía fiduciaria, en los siguientes términos: ".CLAUSULAS PRIMERA. Se acuerda en modificar única y exclusivamente la cláusula SEGUNDA del CONTRATO DE MUTUO, para quedar como sigue: "(.) SEGUNDA.- El presente contrato de mutuo su vigencia será hasta el día 26 veintiséis de junio del año 2016 dos mil dieciséis, por lo que, llegada esta fecha, se considera con vencido el presente contrato. (.)" (.)" Finalmente, refiere que el diez de junio de dos mil dieciséis, ante la fe del licenciado Pavel Aurelio Oceguera Robledo, se expidió la escritura pública número 36 volumen 1, relativa al CONTRATO DE TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado el día veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, bajo el tomo 13563, registro 31 del distrito de Morelia. Siendo esta última el antecedente que dio origen al acto aquí reclamado, esto es, la transmisión de la fracción V, que forma parte de la subdividió de la parcela 85 Z-2 P1/1 del ejido de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán, que refiere sin haber sido llamada ni vencida en juicio. En ese sentido, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, las autoridades que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares. Ahora bien, toda vez que en el caso concreto se reclama del Notario Público Número 13, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán Cancelar la escritura pública número 36 volumen 1 de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, en la que la quejosa fue privada de la propiedad de un predio, respecto del cual tiene la posesión y derechos sobre el mismo, por lo que es evidente que el acto se relaciona con la labor de los notarios en el ejercicio de sus funciones, por lo que debemos establecer cómo se ha entendido la figura del notario público. El notario público es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley a fin de darles autenticidad. Es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. La institución del notariado es totalmente sui géneris en el sistema jurídico mexicano, ya que la función notarial se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, pero se trata de una función de orden público, puesto que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; por tanto, es un servicio público regulado por el Estado. El notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes, esto es, con efectos generales. Además, debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. La fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Para otros autores, la fe pública es la garantía que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. De ahí que la fe pública notarial debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto, se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto. Esta función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza. Por consiguiente, es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley. La función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Si bien los notarios llevan a cabo funciones originalmente encomendadas a los Jueces en la tramitación de sucesiones, lo cierto es que dichas actuaciones se limitan al ámbito declarativo, en el entendido de que las resoluciones judiciales pueden ser tanto constitutivas como declarativas. Entonces, si las actuaciones delegadas a los notarios son únicamente de carácter declarativo, es claro que no constituyen derechos y obligaciones a cargo de los particulares. Como se mencionó en párrafos precedentes, se reserva a la autoridad judicial la facultad de emitir resoluciones que resuelvan controversias y constituyan derechos. Entonces, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley, además, la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, por lo que no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; en esa tesitura, sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 5. . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas e forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Luego entonces, tomando en consideración las notas distintivas de los actos de autoridad establecidas, en este caso el notario público no puede ser considerado autoridad responsable. Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, consistente en cancelar el registro de la escritura antes señalada bajo el tomo 13,563 y registro 31 de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, debe decirse que corre la misma suerte que el reclamado al Notario Público Número 13 en el Estado, toda vez que el mismo tampoco puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo en los términos señalados en los párrafos que anteceden, ya que en este caso se trata de una autoridad registral cuya función tiene por objeto dar seguridad jurídica a los bienes inscritos y eficacia de las garantías que recaen sobre los mismos, la protección de adquirentes y acreedores, la defensa y legitimación de las titularidades inscritas y publicidad de todo lo inscrito y anotado para que surta efectos frente a terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán de Ocampo. Así, en el caso que nos ocupa y del contenido íntegro de la demanda de amparo se reitera que el quejoso reclama del Notario Público Número 13, con ejercicio y residencia en Morelia, Michoacán y del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, cancelar la escritura pública número 36 volumen 1 de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, en la que fue privada de la propiedad de un predio, respecto del cual tiene la posesión y derechos sobre el mismo, así como cancelar el registro de la escritura antes señalada bajo el tomo 13,563 y registro 31 de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. En ese sentido, esta juzgadora estima que tales actuaciones no puede considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, debido a que derivan de actos entre particulares -Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Fiduciaria; Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía número CDX/690; Convenio Modificatorio al Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Fiduciaria y Contrato de Transmisión del Patrimonio Fideicomitido en Ejecución del Contrato de Fideicomiso de Garantía-, por lo que no existe una relación de supra a subordinación. Ello es así, pues como se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra la quejosa, así como de las documentos que anexó a su escrito de cuenta, específicamente de la certificación emitida por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, se advierte que la fracción V, que se subdividió de la parcela número 85 Z-2 P1/1 del ejido de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán, se transmitió derivado del CONTRATO DE TRANSMISIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARATÍA en favor de Gregorio Gómez Alonso, con un valor determinado de $29,127.00 pesos. Asimismo, de la copia cotejada de la escritura pública número 36 volumen 1, en la que obra el aludido contrato de transmisión de patrimonio, así como el convenio de extinción total de contrato de fideicomiso de garantía y cláusulas comunes al contrato y convenio. Lo que hace evidente que los actos que reclama en esta instancia judicial la quejosa derivan de un procedimiento extrajudicial entre particulares, el cual se encuentra previsto en los artículos 1414 bis, bis 1 a bis 6, del Código de Comercio, los cuales señalan textualmente: "Art. 1,414 Bis. Se tramitará en esta vía el pago de los créditos vencidos y la obtención de la posesión de los bienes objeto de las garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión o fideicomiso de garantía, siempre que no existan controversias en cuanto a la exigibilidad del crédito, la cantidad reclamada y la entrega de la posesión de los bienes mencionados. Para efectos de lo anterior, el valor de los bienes podrá determinarse por cualquiera de los siguientes procedimientos: I. Por el dictamen que rinda el perito que las partes designen para tal efecto desde la celebración del contrato o en fecha posterior, o II. Por cualquier otro procedimiento que acuerden las partes por escrito. (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2014) Al celebrar el contrato las partes deberán designar perito o establecer las bases para designar a una persona autorizada distinta del acreedor, para que realice el avalúo de los bienes, en caso de que éste no pueda llevarse a cabo, en términos de lo establecido en las fracciones de este artículo. (ADICIONADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2014) A falta de acuerdo respecto a la designación del perito o de la persona autorizada, éste será designado por el juez competente a solicitud de cualquiera de las partes. (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE MAYO DE 2000) Art. 1,414 Bis 1. El procedimiento se iniciará con el requerimiento formal de entrega de la posesión de los bienes, que formule al deudor el fiduciario o el acreedor prendario, según corresponda, mediante fedatario público. Una vez entregada la posesión de los bienes al fiduciario o acreedor prendario, éste tendrá el carácter de depositario judicial hasta en tanto no se realice lo previsto en el artículo 1,414 Bis 4. (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE MAYO DE 2000) Art. 1,414 Bis 2. Se dará por concluido el procedimiento extrajudicial y quedará expedita la vía judicial en los siguientes casos: I. Cuando se oponga el deudor a la entrega material de los bienes o al pago del crédito respectivo, o II. Cuando no se haya producido el acuerdo a que se refiere el artículo 1414 bis o éste sea de imposible cumplimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE MAYO DE 2000) Art. 1,414 Bis 3. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, el fiduciario o el acreedor prendario podrá obtener la posesión de los bienes objeto de la garantía, si así se estipuló expresamente en el contrato respectivo. Este acto deberá llevarse a cabo ante fedatario público, quien deberá levantar el acta correspondiente, así como el inventario pormenorizado de los bienes. (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE MAYO DE 2000) Art. 1,414 Bis 4. Una vez entregada la posesión de los bienes se procederá a la enajenación de éstos, en términos del artículo 1414 bis 17, fracción II. (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE MAYO DE 2000) Art. 1,414 Bis 5. En caso de que el fiduciario o el acreedor prendario, según corresponda, no pueda obtener la posesión de los bienes, se seguirá el procedimiento de ejecución forzosa a que se refiere el siguiente Capítulo de este Código. (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE MAYO DE 2000) Art. 1,414 Bis 6. No será necesario agotar el procedimiento a que se refieren los artículos anteriores, para iniciar el procedimiento de ejecución previsto en el Capítulo siguiente." En ese tenor, aun cuando no se desestima que las conductas desplegada por las autoridades pueda causar un menoscabo sobre los derechos de la aquí inconforme, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la restitución de tales derechos, pues dicha afectación no proviene de un órgano del estado que actúe con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, así como tampoco de un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, no obstante la efectividad horizontal de los derechos humanos, no debe confundirse con la garantía que tutela derechos fundamentales, pues se insiste, el sólo hecho de que en una relación entre particulares pueda verse menoscabado un derecho fundamental de alguna de las partes, no le da en automático la calidad de autoridades responsables a los trasgresores a que se refiere la Ley de Amparo; y por tanto, tampoco hace procedente esta vía de control constitucional. En todo caso, la aquí quejosa tiene expedito su derecho y puede acudir ante la autoridad mercantil competente y promover el juicio respectivo, a fin de que reclame la nulidad del contrato de transmisión de patrimonio fideicomitido en ejecución del contrato de fideicomiso de garantía derivado del procedimiento extrajudicial, en el cual refiere no le fue respetado su derecho de audiencia. Orienta a lo anterior por las razones sustentadas la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA LA NULIDAD DE UN CONTRATO MERCANTIL DE FIDEICOMISO Y SU EJECUCIÓN. CORRESPONDE A UN JUEZ ESPECIALIZADO EN ESA MATERIA. La competencia para conocer de un juicio en el que se reclama la nulidad de un contrato mercantil de fideicomiso y su ejecución, corresponde a un Juez especializado en esa materia, pues tal es la naturaleza del contrato que se pretende anular y atañe al procedimiento extrajudicial de ejecución previsto en los artículos 1414 Bis y 1414 Bis 7 del Código de Comercio. Lo anterior, con independencia de que la acción ejercitada se sustente en la ausencia del consentimiento de una de las partes que intervino en el consenso, que involucra uno de los elementos esenciales de los contratos, regulado por el Código Civil Federal, pues éste es supletorio de la legislación mercantil" En consecuencia, conforme a lo expuesto, al cobrar actualidad de forma notoria e indudable la causa de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda de amparo, por lo que respecta a los actos destacados en líneas precedentes al no poderse reputar éstos como actos de autoridad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Torres Alvarado, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos Arturo Mora Espinosa y Sergio Isacc Ramírez Velázquez, únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado expresamente. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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