María Jesús Castro Hernández
Expediente 1322/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Jesús Castro Hernández
- Hospital General de Zacapu, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo de María Jesús Castro Hernández, contra actos del Hospital General de Zacapu, Michoacán y otras autoridades. 2. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1322/2023. 3. Causa de improcedencia. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a DESECHAR la demanda, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en el artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo carece de firma autógrafa de la quejosa María Jesús Castro Hernández. De la lectura del precepto 6° de la ley de la materia, se obtiene que uno de los principios rectores del juicio de amparo, es el de instancia de parte agraviada, el cual nos indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona o personas que consideren violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que además podrán realizar por sí mismos, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante -por ejemplo tratándose de las personas morales- o, bien, a través de su representante legal [acreditada esa personería con el documento idóneo]; y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona [supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal]. Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quienes se dicen agraviados por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad de la parte quejosa para acudir a esa instancia protectora de derechos fundamentales, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada que rige el procedimiento constitucional. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, precisando que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, al examinar el escrito inicial de demanda, se colige que la misma carece de firma autógrafa de la quejosa María Jesús Castro Hernández, lo que se puede corroborar de la anotación realizada en el preámbulo del escrito de demanda de amparo, asentada por el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en la que señala "Observaciones: .FIRMA EN COPIA". Así como, lo asentado en el sello de recibido por la encargada de la Oficialía de Partes del Juzgado quien asentó lo siguiente: "tres copias de escrito de demanda, no obra el original del escrito de demanda". Al respecto, se considera aplicable por analogía la jurisprudencia 2a. /J. 32/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 4, tomo 4, enero de 2012, página 3632, la cual establece: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.". Del criterio invocado, se desprende que los oficiales de partes de los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a revisar, entre otros elementos, si las promociones fueron recibidas en original y con firma autógrafa, debiendo relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente; y, en caso de no hacer lo anterior, se presumirá que se exhibió en original y con la signatura referida. En este orden de ideas, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito, el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho, es por ello que, ante la falta de firma original o cuando la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta o dudosa, no hay forma de saber si es voluntad del peticionario del amparo, promover el juicio constitucional, lo que convierte a la promoción de que se trate en un documento privado de autenticidad, con lo que queda evidenciado que la carencia de firma autógrafa se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, torna patente su ausencia de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo que produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales de la Federación y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley de la materia y, con la salvedad que señala el propio numeral, el juicio de amparo se puede promover e impulsar de forma escrita asentando firma autógrafa o, bien, de manera electrónica mediante el empleo de la firma digital correspondiente. Por tanto, para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada y esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional, es decir, por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente o los promoventes; o, bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. En relación con primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma del quejoso, su representante o apoderado y en original, el tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quienes aparezcan como promoventes, por lo que ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate. De expuesto hasta aquí se obtiene que si una demanda es presentada de manera tradicional obligatoriamente debe emplearse la firma de quien promueve, siendo el caso que, si tal ocurso inicial carece de ella, tal petición de amparo debe ser desechada, lo que resulta de ese modo, porque tal demanda, como se ha venido demostrando no cuenta con evidencia de la voluntad de la parte promovente. En el caso particular, la demanda de amparo fue presentada de manera tradicional y no cuenta con firma de la quejosa María Jesús Castro Hernández. Apoya las consideraciones anteriores la jurisprudencia P./J. 12/90, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, acorde a las consideraciones en ésta contenidas, de rubro: "REVISION. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTOGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA". De ahí que, como se dijo, si la demanda que se provee carece de firma autógrafa de María Jesús Castro Hernández, no se aprecia la voluntad de ésta de presentar la demanda, por no contener su firma original y dicha irregularidad no puede ser corregida mediante una prevención, pues no se trata de una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, ni una de las irregularidades a que se refiere el numeral 114 del mismo ordenamiento legal, resulta procedente desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 80, segunda parte, página 29, que establece: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata.". De ahí, que la falta de firma de la demanda de amparo, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal. Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6°, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de las personas antes referidas a quienes se señala como afectadas en sus derechos humanos. Así, al actualizarse la causa de improcedencia citada, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza, respecto de los quejosos antes señalados, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente proveído. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que únicamente Juan Francisco Castañeda Valencia gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. 5. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. De la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días que se otorgó en oficio 27375/2023, a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hubiere remitido las constancias que así lo acredite. 2. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: Emitir de inmediato el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas, en el juicio ordinario laboral 274/2020, dentro de los plazos que establece el artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo. 2.1 Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $10,748.00 (diez mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Asimismo, se comisiona al actuario y/o actuaria de la adscripción para que dicho oficio igualmente sea enviado al correo electrónico institucional de la citada responsable junta.6@michoacan.gob.mx; lo anterior, a fin de dar celeridad a la notificación de lo requerido en autos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
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