María Jesús Valencia Mora

Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
409/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • María Jesús Valencia Mora
  • Magistrado Instructor de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justia Administrativa del Estado de Sonora, ciudad.

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado rendido por la magistrada de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Este juzgador advierte que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto normativo aludido expone, que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En principio, conviene precisar que del estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de notificar a la parte demandada la resolución definitiva emitida en el juicio de origen 715/2016 del índice del tribunal responsable. Precisado lo anterior, debe hacerse alusión a las constancias allegadas por la responsable a su informe justificado, de las que se desprende que el diecisiete de mayo del presente año, la parte demandada fue notificada de forma electrónica de la resolución mencionada. Por lo tanto, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión referida, la cual ya fue subsanada, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad en comento, ya que la parte impetrante obtuvo la pretensión que deseaba, esto es, que la demandada -en el juicio de origen- fuera conocedora de la sentencia emitida, por ende, las cosas quedaron en un estado, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto que su reclamo se encuentra satisfecho, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En relatadas condiciones, se hace patente que sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo; dado que resultaría ocioso y retardaría la impartición de la justicia, esperar hasta el día de la audiencia constitucional para sobreseer en el juicio, contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En congruencia con lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Sergio Moreno González, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por María Jesús Valencia Mora, contra los actos atribuidos al magistrado Instructor de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con treinta y nueve minutos del tres de junio de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe justificado

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