María Jesús Valencia Lara

Expediente 1335/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1335/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • María Jesús Valencia Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de estos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Incorporación de razón actuarial. Agréguese a los autos la razón de cuenta asentada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta que no le fue posible realizar la notificación a María Jesús Valencia Lara del proveído de once de noviembre de dos mil veintidós dictado en el sumario, por los motivos que expone. Notificación por estrados. Ahora, ante la imposibilidad del actuario judicial adscrito para notificar a la quejosa el contenido del proveído de referencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle, la citada determinación, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa dicha autoridad, a la cual este juzgador le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia por lo que respecta a un acto, y una de sobreseimiento en cuanto al acto restante. Sobreseimiento fuera de audiencia I. Precisión de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: La omisión de la junta responsable de acordar promoción de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, presentada por la parte quejosa dentro del expediente 3154/2011, en la que ofrece un perito valuador. La omisión de la junta responsable de notificar el acuerdo que resulte de dicha promoción al perito en comento y señalar día y hora para que emita el dictamen correspondiente. Ahora bien, en relación con el inciso a, se provee lo siguiente: II. Cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el informe justificado rendido por la autoridad oficiante, aceptó el acto reclamado que aquí interesa. Luego, de la constancia adjunta a este, se denota que el veintiséis de octubre anterior, la Junta responsable acordó la promoción precisada con anterioridad de la que se duele el quejoso. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de acordar la referida promoción de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, y en virtud de que a la fecha se proveyó esta, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto su pretensión se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos en términos de la causal de improcedencia invocada por el acto que a este apartado refiere. Por otra parte, en relación con el acto reclamado identificado en el inciso b, se determina lo siguiente: III. Inexistencia del acto reclamado. En atención a la naturaleza del acto reclamado en esta sección, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el cuatro de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, dado que la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable de notificar el acuerdo que resulte de la promoción ya mencionada en párrafos precedentes, al perito que ofreció la parte quejosa en esa misma promoción, acudiendo a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. Ahora bien, el aludido ocurso, se proveyó el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, donde se tuvo por señalado el perito que ofreció la parte actora, aquí quejoso, solicitando al citado perito para que se presente a aceptar dicho cargo. Después, el impetrante de amparo reclama la omisión de notificar el acuerdo de mérito, desde el cuatro de octubre del año que transcurre, es inconcuso que dicha omisión no existía en la fecha de interposición de la demanda de derechos, puesto que, la Junta responsable no puede notificar el multireferido proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, si este ni siquiera estaba acordado, por lo que no se encontraba en el momento procesal oportuno para ordenar su notificación. Por lo tanto, es evidente que el reclamo constitucional resulta inexistente y conforme a lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, procede sobreseer fuera de audiencia en el medio de control constitucional en el que se actúa en términos de la causa de sobreseimiento invocada por el acto que a este apartado refiere. Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de noviembre del año en curso-. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 11 NOVIEMBRE 2022 QUE DICE...Auto. Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa dicha autoridad, a la cual este juzgador le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia por lo que respecta a un acto, y una de sobreseimiento en cuanto al acto restante. Sobreseimiento fuera de audiencia I. Precisión de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: La omisión de la junta responsable de acordar promoción de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, presentada por la parte quejosa dentro del expediente 3154/2011, en la que ofrece un perito valuador. La omisión de la junta responsable de notificar el acuerdo que resulte de dicha promoción al perito en comento y señalar día y hora para que emita el dictamen correspondiente. Ahora bien, en relación con el inciso a, se provee lo siguiente: II. Cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el informe justificado rendido por la autoridad oficiante, aceptó el acto reclamado que aquí interesa. Luego, de la constancia adjunta a este, se denota que el veintiséis de octubre anterior, la Junta responsable acordó la promoción precisada con anterioridad de la que se duele el quejoso. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de acordar la referida promoción de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, y en virtud de que a la fecha se proveyó esta, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto su pretensión se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos en términos de la causal de improcedencia invocada por el acto que a este apartado refiere. Por otra parte, en relación con el acto reclamado identificado en el inciso b, se determina lo siguiente: III. Inexistencia del acto reclamado. En atención a la naturaleza del acto reclamado en esta sección, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el cuatro de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, dado que la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable de notificar el acuerdo que resulte de la promoción ya mencionada en párrafos precedentes, al perito que ofreció la parte quejosa en esa misma promoción, acudiendo a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. Ahora bien, el aludido ocurso, se proveyó el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, donde se tuvo por señalado el perito que ofreció la parte actora, aquí quejoso, solicitando al citado perito para que se presente a aceptar dicho cargo. Después, el impetrante de amparo reclama la omisión de notificar el acuerdo de mérito, desde el cuatro de octubre del año que transcurre, es inconcuso que dicha omisión no existía en la fecha de interposición de la demanda de derechos, puesto que, la Junta responsable no puede notificar el multireferido proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, si este ni siquiera estaba acordado, por lo que no se encontraba en el momento procesal oportuno para ordenar su notificación. Por lo tanto, es evidente que el reclamo constitucional resulta inexistente y conforme a lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, procede sobreseer fuera de audiencia en el medio de control constitucional en el que se actúa en términos de la causa de sobreseimiento invocada por el acto que a este apartado refiere. Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de noviembre del año en curso-. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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