María Jesus González Guerrero
Expediente 792/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/10/2019
Partes del expediente
- María Jesus González Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, declárese que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Incidente. No se aperturó. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Anotaciones y archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de octubre de dos mil diecinueve. Escrito. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes, el escrito signado por ***********************************************************************************************************, y en atención al contenido del mismo, se acuerda lo siguiente: Autorizada. Téngase a ***************************************************************************************************, dando cumplimiento al requerimiento de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, esto es, aceptando el cargo conferido por la autoridad tercero interesada; y, en consecuencia, como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual remite copia certificada del laudo de fecha trece de septiembre del año en curso; por lo que con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe, sin que en el presente contradictorio federal sea necesario poner a la vista de las partes las constancias de cuenta, virtud de las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente contradictorio federal, se desprende que la parte quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar el correspondiente laudo en el juicio laboral 382/2018-VI. Por tanto, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo precepto legal que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [. . .]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquélla situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la quejosa es constitucional o no.Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella.En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, de dictar el correspondiente laudo en el juicio laboral 382/2018-VI. Sin embargo, de las constancias allegadas en esta misma fecha por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, se advierte que la citada autoridad responsable, el trece de septiembre de dos mil diecinueve resolvió en definitiva el juicio laboral 382/2018-VI, promovido por María Jesús González Guerrero (aquí quejosa), en contra del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, si la parte gestora del amparo se dolió en este juicio de amparo de la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en dicho juicio laboral, solicitando el amparo para efecto de que lo hiciera; en consecuencia se está en presencia de una situación que destruyó los efectos del acto negativo que motivó el amparo, y con ello se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla omisión, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo, y ocasiona el sobreseimiento del presente en términos del diverso ordinal 63, fracción V, de esa legislación. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable." Cabe señalar que el Máximo Tribunal de la Nación ha determinado que el análisis de los actos reclamados deben delimitarse a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, por lo que no puede extenderse dicho análisis al cumplimiento de los plazos y términos subsecuentes.Se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del once de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual remite copia certificada del laudo de fecha trece de septiembre del año en curso; por lo que con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe, sin que en el presente contradictorio federal sea necesario poner a la vista de las partes las constancias de cuenta, virtud de las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente contradictorio federal, se desprende que la parte quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar el correspondiente laudo en el juicio laboral Por tanto, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo precepto legal que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [. . .]" .Se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del once de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese.
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