María Isabel Varela Osorio
Expediente 449/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/05/2022
Partes del expediente
- María Isabel Varela Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No se aperturó. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena a la Secretaria certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexo remitido por la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en virtud de que, mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se acordó lo conducente en relación a su contenido. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitido por la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa lo requerido en relación a la hoy quejosa *****, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ****En el caso, la quejosa (1) María Isabel Varela Osorio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: (.) PRIMERO: el aseguramiento , alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del instituto nacional de migración. SEGUNDO: el aseguramiento , alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del instituto nacional de migración la incomunicación de la quejosa con su abogado defensor Y amenaza de deportación sin juicio previo ni oportunidad de tener una defensa adecuada. TERCERO: la falta de oportunidad por parte de las autoridades administrativas responsables de regularizar su estancia en el país conforme lo indica el articulo 102 de la ley de migracion siendo que el mismo puede cumplir y cumple con los requisitos que enuncia la ley citada. (.) De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de la detención en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, la incomunicación para tener contacto con abogado defensor, amenaza de deportación, así como la falta de oportunidad por parte de las autoridades responsables de regularizar su estancia en el país. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el once de abril del año en curso, se otorgó a la ahora gestora del amparo la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que la dejó en libertad, pues abandonó la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. *****Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, y lo señalado en la certificación que antecede, de la que se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, para la celebración de la audiencia constitucional, en razón de que son necesarias constancias para mejor proveer respecto del fallo que será dictado en el presente juicio, como se expondrá a continuación. Oficio. En ese tenor, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración; por el cual, en atención al requerimiento efectuado por acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, informa entre otras cuestiones, "el lugar en donde permanecerá el impetrante para la prosecución de su Procedimiento Administrativo Migratorio", así como la persona que tiene el carácter de fiadora de la parte quejosa. Lo anterior, sin que al efecto haya anexado a su comunicación constancia alguna relativa al expediente y procedimiento de mérito, donde se acredite tal cuestión, así como las relativas al motivo por el cual la parte quejosa dejó de residir en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, esto es, si le fue otorgado algún beneficio o permiso a la quejosa por el cual salió del lugar en el que se encontraba alojada dicha impetrante. Por tanto, en virtud de que pudiera actualizarse una causal de improcedencia, y éstas se analizan de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se acuerda lo siguiente: Requerimiento de constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele al Instituto Nacional de Migración, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que obren en el expediente administrativo de la parte quejosa *****, donde se acredite el motivo por el cual dejó de residir en sus instalaciones, lo anterior, por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término conferido, con fundamento en los artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procédase a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese.
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