María Jacqueline Rodríguez Velázquez
Expediente 1685/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 50 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1685/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 27/05/2021
Partes del expediente
- María Jacqueline Rodríguez Velázquez
- Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
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EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 27 DE MAYO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio constitucional; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexo. Por otra parte, dado que durante la tramitación del presente juicio de amparo se formó dos legajos de pruebas con las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, devuélvanse los tomos de pruebas a la mencionada autoridad responsable. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia: Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos este juzgado federal se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ... 1. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra la autoridad y actos siguientes: Autoridad responsable: Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Acto reclamado: El acuerdo dictado el veintinueve de julio del dos mil diecinueve en los autos del juicio laboral D-5/126/2016. 2. Por sentencia del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "(.) 65. Por lo tanto, en virtud de que el desahogo de las pruebas periciales en psicología y psiquiatría a cargo de la quejosa, no se compadece del marco jurídico particular de protección del que goza, en particular del derecho fundamental que le asiste a no ser objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, el cual se encuentra reconocido como tal en el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para los siguientes efectos: I) La Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado deje insubsistente el acuerdo dictado el veintinueve de julio del dos mil diecinueve en los autos del juicio laboral D-5/126/2016, exclusivamente en la parte correspondiente al desahogo de las pruebas periciales en psicología y psiquiatría a cargo de la quejosa; II) Enseguida, con plenitud de facultades, emita una nueva determinación en la que descarte el desahogo de la prueba pericial en psicología que ofreció la parte demandada; III) Posteriormente, se pronuncie en torno a la prueba pericial en psiquiatría que ofrecieron las partes en el juicio laboral, para lo cual deberá emitir una determinación en la que adopte las siguientes medidas: a) Preparar la prueba pericial, es decir, dictar las medidas pertinentes para informar a la quejosa cómo se desahogará el citado medio de convicción y qué participación se requiere de ella; lo anterior, a fin de garantizar su intervención voluntaria; b) Que se valore la necesidad y conveniencia de sostener una reunión previa con los especialistas en psiquiatra para aclarar los términos de la diligencia, y se evalúe la pertinencia de que se designe un equipo interdisciplinario [personas expertas en psicología, derecho, trabajo social, sociología, medicina, entre otras ramas] con experiencia en discapacidad y con una visión a partir del modelo social y de derechos humanos, a fin de desahogar la prueba pericial que ofrecieron las partes; c) Que se verifique que el sitio donde se desahogue la prueba pericial no implique un ambiente hostil para los intereses de la quejosa, que se le otorgue un tiempo suficiente para dar su testimonio y descansos adecuados durante el desahogo de la entrevista o diligencia; d) Brindarle a la quejosa la oportunidad de que una persona de su confianza la acompañe durante el desahogo de la diligencia, como podría ser algún familiar o trabajador social; y e) Que se dispongan las medidas necesarias a fin de que la diligencia respectiva sea videograbada y para garantizar la confidencialidad de la declaración o el testimonio de la quejosa. IV) Todo lo anterior, bajo la premisa de que la autoridad responsable tiene obligaciones específicas hacia las personas con discapacidad, comprobada o no, a fin de garantizar sus derechos, por lo que se deben asumir los ajustes razonables que se requieran para garantizar su acceso efectivo a la justicia laboral (.)" 3. Inconforme con dicha determinación, por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión, el cual por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número 200/2019. 4. El citado recurso se resolvió el veintidós de mayo de dos mil veinte, en el sentido de modificar la sentencia sujeta a revisión y conceder la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "(.) En tal estimación, concluyó que en el desahogo de la prueba pericial en comento debería aplicarse los lineamientos específicos que se sustentan en dicho Protocolo, concediendo al efecto la protección constitucional a fin de que fueran tomados en cuenta por la Junta aplicando el concepto denominado "ajustes razonables" que ahí se señala, siendo innecesario, dijo, que la discapacidad se encontrara plenamente demostrada. Esta consideración resulta incorrecta como ya se anticipó, pues tal como se agravia la peticionaria de amparo, no existe en autos constancia alguna que permita arribar a la aplicación del citado instrumento por actualizarse cualquiera de las hipótesis que lo vuelven necesario; como sería por ejemplo, la sospecha fundada del juzgador de estar efectivamente frente a una persona discapacitada porque los elementos de juicio con que cuente así lo evidencien, o bien, por haberse determinado en tal forma mediante el auxilio que se allegara de personal técnico en la materia. Además de que ni siquiera estaba en la litis constitucional dicha demostración, pues no era materia del juicio de amparo si para el desahogo de tal probanza ameritaba la quejosa o no seguir los lineamientos específicos que en el multicitado Protocolo se establecen, pues es esto precisamente lo que se habrá de juzgar en el sumario del cual emana el acto reclamado, cuenta habida que la actora reclamó a la patronal demandada, aquí tercera interesada, el haberla cesado en sus labores como docente, basada en un dictamen unilateral en psiquiatría de que padece trastorno delirante y esquizofrenia paranoide, así como trastorno del estado de ánimo no especificado a descartar, trastorno afectivo bipolar y trastorno paranoide de la personalidad. De ahí que es exactamente ese estado de discapacidad el que está sometido a ser o no demostrado en el procedimiento laboral, pues en el hecho diecisiete de su escrito de ampliación de la demanda laboral narró que la abogada general de la universidad demandada le expidió el aviso de suspensión temporal de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el que le hizo saber: ". que usted padece trastorno delirante y esquizofrenia paranoide,. lo procedente es SUSPENDER TEMPORALMENTE de sus obligaciones como docente." (F. 112 a 117). Por lo que al ser esta determinación la que específicamente le reprocha en sus reclamos, no era factible que en el juicio de amparo se arribara a priori a tenerla por discapacitada, sino que debió ceñirse el juez de Distrito a lo que era específicamente su materia de estudio, es decir, la legalidad o no de los acuerdos relacionados con la admisión o desechamiento de las pruebas relativas a ese estado mental que se le atribuyó. En esas condiciones, los efectos de la protección constitucional no deben abarcar la aplicación del mencionado Protocolo, pues de suyo implicaría el afirmarse en la petición de origen al estimar en la actora la discapacidad que está precisamente a discusión en el juicio natural, mediante la exigencia de desahogar la prueba pericial en psiquiatría conforme con los lineamientos que dispone dicho instrumento. Sin que por lo expuesto se soslayen dos aspectos que deben quedar firmes en la sentencia que se examina: el primero, consistente en la determinación del juez de Distrito de dejar insubsistente la admisión de la prueba pericial en psicología ofrecida por la demandada, al considerar que su desahogo se pidió al tenor de idéntico interrogatorio al de la prueba pericial en psiquiatría -también de su intención-; ello, pues correcta o incorrecta tal decisión, no es combatida por la universidad tercera interesada a quien pudiera agraviarle. El otro, concerniente a que el desahogo de la prueba debe verificarse en la forma en que fuera ofrecida y a su vez admitida por la autoridad responsable, independientemente de la afirmación de la impetrante de que su desahogo en los términos señalados por el juez haría complicado el procedimiento e implicaría dilación en su desarrollo, pues éste debe seguir su curso correspondiente, únicamente suprimiendo la aplicación del Protocolo de Actuación de los Juzgadores en los casos en que se involucren los derechos de Personas con Discapacidad. Por último, asiste razón a la revisionista en el sentido de que su nombre fue asentado en forma incorrecta en el punto único resolutivo de la recurrida, a saber María Jacqueline Rodríguez Álvarez (foja 171), que constituye un error mecanográfico también en el punto cuarenta y nueve de la sentencia, cuando su nombre correcto es María Jacqueline Rodríguez Velázquez, según se desprende de la demanda de amparo así como de las constancias del expediente origen, que en copia certificada remitió la responsable en apoyo de su informe. 5. Por acuerdo del veintidós de septiembre de dos mil veinte, se recibió el testimonio de la resolución del recurso de revisión y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. 6. Mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable informó las fechas que señaló para el desahogo de las pruebas periciales en psiquiatría que ofrecieron las partes en el juicio laboral. 7. Despues de diversas actuaciones procesales, el diecisiete de febrero del año en curso tuvo verificativo el desahogo de la prueba pericial en psiquiatría que ofreció la parte demandada. 8. El ocho de abril de dos mil veintiuno se desahogó la prueba pericial en psiquiatría ofrecida por la parte actora a cargo del perito designado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y, finalmente, por acuerdo del trece de abril siguiente, la junta responsable se pronunció en torno a las manifestaciones que expuso la parte actora en relación con el desahogo de ese medio probatorio. Ahora bien, a partir de los antecedentes relatados, este juzgado federal advierte que la protección constitucional que se otorgó a la parte quejosa comprende los siguientes efectos: A. Dejar insubsistente el acuerdo dictado el veintinueve de julio del dos mil diecinueve en los autos del juicio laboral D-5/126/2016, exclusivamente en la parte correspondiente al desahogo de las pruebas periciales en psicología y psiquiatría a cargo de la quejosa. B. Emitir una nueva determinación en la que se descarte el desahogo de la prueba pericial en psicología que ofreció la parte demandada en el juicio laboral. C. Que la prueba pericial en psiquiatría que ofrecieron las partes en el juicio laboral debe verificarse en la forma en que fuera ofrecida y a su vez admitida por la autoridad responsable pero suprimiendo la aplicación del Protocolo de Actuación de los Juzgadores en los casos en que se involucren los derechos de Personas con Discapacidad. El primer efecto de la ejecutoria de amparo descrito en los incisos A y B quedó satisfecho, ya que mediante acuerdo del nueve de octubre de dos mil veinte, la junta responsable informó y acreditó lo siguiente: que dejó insubsistente el proveído dictado el veintinueve de julio del dos mil diecinueve en los autos del juicio laboral D-5/126/2016; que ordenó desechar la prueba pericial en psicología que ofreció la parte demandada [Benemérita Universidad Atonoma de Puebla] y, finalmente, que ordenó desahogar la prueba pericial en psiquiatría que ofrecieron las partes en la forma y términos en que fueron ofrecidas y admitidas por esta Junta Especial. Por otro lado, el efecto de la ejecutoria de amparo descrito en el inciso C también se considera satisfecho por las razones que enseguida se exponen. Desahogo de la prueba pericial en psiquiatría ofrecida por la parte demandada: Por acuerdo del nueve de octubre de dos mil veinte, se señalaron las diez horas del veintinco de noviembre del año en cita para el desahogo de la prueba pericial en psiquiatría que ofreció la parte demandada. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte se acordó lo relativo a la prueba pericial en psiquiatría que ofreció la parte demandada. En esa diligencia, se determinó que la prueba se desahogaría el nueve de diciembre del año en cita, para lo cual se requirió a la parte actora a fin de que compareciera ante la perito designada. A petición de la perito designada mediante acuerdo de veinte de enero del dos mil veintiuno, la junta responsable determinó que la parte actora debía presentarse el tres de febrero siguiente ante la perito; lo anterior, a fin de realizar la entrevista, valoración y estudios correspondientes solicitados por la perito compareciente. En cumplimiento a ello, el tres de febrero del dos mil veintiuno, la actuaria de la junta responsable se constituyó en las instalaciones del Hospital Universitario de Puebla y también se hizo constar la comparecencia de la parte actora; sin embargo, no se pudo concluir con el desahogo de la entrevista programada. Finalmente, el diecisiete de febrero del año en curso tuvo verificativo el desahogo de la prueba pericial en psiquiatría que ofreció la parte demandada. En esa diligencia se hizo constar que la perito designada rindió su dictamen y lo ratificó; enseguida, se dio vista con su contenido a la parte actora, quien realizó diversas manifestaciones tendentes a cuestionar su validez, las cuales se indicó serían valoradas por la junta responsable en el momento procesal oportuno. Desahogo de la prueba pericial en psiquiatría ofrecida por la parte actora: Por acuerdo del nueve de octubre de dos mil veinte se señalaron las diez horas del veinticuatro de noviembre del año en cita para el desahogo de la prueba pericial en psiquiatría que ofreció la parte actora, a cargo del perito que designara el Instituto Mexicano del Seguro Social. Llegada esa fecha, la autoridad responsable ordenó el diferimiento del desahogo de la prueba pericial en psiquiatría y señaló las once horas del catorce de diciembre de dos mil veinte para tal efecto. Mediante oficio 229001410100/DL/38676 el Jefe del Departamento Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social comunicó a este juzgado federal que estaba imposibilitado para designar perito en psiquiatría, ya que no cuenta con personal médico para cubrir dicho requerimiento; sin embargo, sugirió que se podría solicitar la colaboración de la Secretaría de Salud Federal o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE]. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, la junta responsable ordenó requerir al ISSSTE a fin de que designara un perito en psiquiatría. Mediante proveídos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte y catorce de enero de dos mil veintiuno se requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que informara el cumplimiento dado al requerimiento de la junta responsable. Finalmente, el Director del Hospital Regional Puebla del ISSSTE informó que no contaba con perito en psiquiatría. En atención a la demora que se estaba suscitando en el juicio laboral, este juzgado federal ordenó que la junta responsable adoptara medidas urgentes y eficaces para lograr el desahogo de la prueba pericial en psiquiatría que ofreció la parte actora. Por lo tanto, se requirío a la autoridad responsable que realizara con prontitud gestiones conducentes ante otras instancias públicas o privadas, como podría ser la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado de Puebla, Barra de Peritos del Estado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), hospitales privados que operen en el Estado de Puebla o, incluso, alguna institución privada de educación superior, a fin de que se designe un perito en psiquiatría para el desahogo de la prueba que ofreció la parte actora en el juicio laboral. En cumplimiento a ello, la junta responsable informó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla desingó como perito al Doctor Bruno Rosales Gómez y señaló el veintrés de marzo del año en curso para el desahogo de la prueba pericial en psiquiatría que ofreció la parte actora. Llegada esa fecha el perito aceptó y protestó el cargo y se señalaron las doce horas con treinta minutos del ocho de abril para el desahogo de la prueba en cuestión. Finalmente, el ocho de abril del año en curso tuvo verificativo el desahogo de la prueba pericial en psiquiatría que ofreció la parte actora. En esa diligencia se hizo constar que el perito designado rindió su dictamen y lo ratificó; enseguida, se dio vista con su contenido a la parte actora quien manifestó, en esencia, su inconformidad con el peritaje rendido. En esa misma diligencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, la junta responsable, la parte actora y la parte demandada realizaron diversos cuestionamientos al perito y se ordenó reservar el acuerdo correspondiente. Finalmente, el trece de abril del dos mil veintiuno, la junta responsable tuvo por celebrada y desahogada la prueba pericial en psiquiatría que ofreció la parte actora; enseguida, determinó no acordar favorablemente la petición que planteó la parte actora, en el sentido de que se señalara día y hora para cuestionar a los peritos, ya que consideró que con fundamento en el artículo 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, la posibilidad de cuestionarlos se suscitó en el momento en que rindieron sus dictamentes; finalmente, determinó que no era procedente designar un perito tercero en discordia, ya que dichas periciales versaron sobre diferentes elementos a valorar y los dictamenes emitidos no son sobre el mismo objeto a estudio, sumado a que los peritos desconocen elementos de cada ofrecimiento y, por último, negó dar vista al ministerio público con motivo de las pruebas periciales que se rindieron en el juicio. Ahora bien, la revisión cuidadosa de las constancias que obran en autos revela que la junta responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que al resolver el recurso de revisión 200/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito acotó que la protección constitucional se debía limitar a que se desahogara la prueba pericial en psiquiatría que ofrecieron las partes en el juicio laboral en la forma en que fuera ofrecida y a su vez admitida por la autoridad responsable suprimiendo la aplicación del Protocolo de Actuación de los Juzgadores en los casos en que se involucren los derechos de Personas con Discapacidad. Por lo tanto, ese efecto de la concesión de la ejecutoria de amparo quedó satisfecho, ya que las pruebas periciales en psiquiatría que ofrecieron las partes actora y demandada se desahogaron en la forma en que fueron ofrecidas y admitidas por la autoridad responsable sin que su desahogo se realizara bajo ninguna consideración atinente al citado Protocolo. No pasa inadvertido que la parte quejosa manifestó que la ejecutoria de amparo no está cumplida por los siguientes motivos: A. El desahogo de la prueba pericial en psiquiatría es defectuoso, ya que del análisis del dictamen que rindió el perito se advierte que se contradice, tal como se desprende de la respuesta que dio a la pregunta marcada con el número uno, pues es inexacta en lo relativo a los estudios necesarios para realizar un diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, al igual que la respuesta que dio a la pregunta número dos. B. Por lo tanto, la quejosa refiere que las respuestas a las preguntas uno y dos son deficientes, en virtud de que los términos que emplea el psquiatra no se pueden entender, ya que los dictamenes periciales que realicen los peritos, deben ser realizados en forma clara sencilla, en razón de que todas las personas que no tengan conocimientos en la ciencia, técnica o arte o cien, puedan entenderlos. C. Al responder a la pregunta número dieciséis el perito dijo que no procede, lo cual implica que su dictamen esté viciado, ya que esta pregunta es contundente para el efecto de que la parte actora, esté en la posibilidad de demostrar el despido injustificado. D. La junta responsable carecía de facultades para desechar las pruebas que formuló la parte actora, en específico, las identificadas como tres, cuatro, siete, ocho, nueve y diez, en virtud de que en el desahogo de una prueba pericial no se pueden desechar las preguntas formuladas por las partes a los peritos como seria el caso de las pruebas testimonial y confesional, máxime que el artículo 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, prevé la facultad de que las partes en el desahogo de la prueba pericial realicen las preguntas que juzguen convenientes a los peritos. Dichos motivos de inconformidad no pueden conducir a considerar que la ejecutoria de amparo no está cumplida. Se afirma lo anterior, ya que, como antes se explicó, al resolver el recurso de revisión 200/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito acotó que la protección constitucional se debía limitar a que se desahogara la prueba pericial en psiquiatría que ofrecieron las partes en el juicio laboral en la forma en que fuera ofrecida y a su vez admitida por la autoridad responsable suprimiendo exclusivamente la aplicación del Protocolo de Actuación de los Juzgadores en los casos en que se involucren los derechos de Personas con Discapacidad. Así, la protección constitucional que se otorgó a la parte quejosa, únicamente consistió en que la junta responsable procediera a desahogar la prueba pericial en psiquiatría que ofrecieron las partes en el juicio laboral en la forma en que fue ofrecida y a su vez admitida. De tal suerte que esta parte de los efectos de la ejecutoria de amparo se encuentran cumplidos, ya que la junta responsable informó y acreditó que se desahogaron las pruebas periciales en psiquiatría que ofrecieron las partes en la forma en que fueron ofrecidas y a su vez admitidas. Aquí, es importante precisar que las razones que expuso la parte quejosa para considerar que no está cumplida la ejecutoria de amparo, las cuales quedaron sintetizadas en los incisos A a D que anteceden, no revelan una inconformidad en el sentido de que la prueba pericial en psiquiatría que ofreció en el juicio laboral se hubiera desahogado en forma distinta a como la ofreció y admitió la junta responsable, o bien que se hubiera realizado algún ajuste razonable con motivo de la aplicación del Protocolo de Actuación de los Juzgadores en los casos en que se involucren los derechos de Personas con Discapacidad, que son los dos únicos aspectos que condujeron al otorgamiento de la protección constitucional. Por lo tanto, las inconformidades que la quejosa expone en torno al contenido del dictamen que rindió el perito Bruno Rosales Gómez, así como lo relativo a que no dio respuesta a un cuestionamiento que era trascendente para acreditar el despido justificado que alega y su inconformidad con la determinación de la junta responsable consistente en desechar ciertas preguntas que formuló al perito, no pueden valorarse como parte del cumplimiento de la ejecutoria de amparo ya que, en este aspecto, la protección constitucional se acotó exclusivamente a que se desahogara la prueba pericial en psiquiatría que ofrecieron las partes en la forma en que fuera ofrecida y a su vez admitida por la autoridad responsable suprimiendo la aplicación del Protocolo de Actuación de los Juzgadores en los casos en que se involucren los derechos de Personas con Discapacidad. Entonces, ya que la protección constitucional se limitó a verificar que se desahogara la prueba pericial en psiquiatría en la forma en que fuera ofrecida y a su vez admitida por la autoridad responsable suprimiendo exclusivamente la aplicación del Protocolo de Actuación de los Juzgadores en los casos en que se involucren los derechos de Personas con Discapacidad, es claro que no se puede analizar como parte de su cumplimiento la metodología que empleó el perito, si incurrió o no en contradicciones, si las respuestas que dio fueron o no inexactas y, mucho menos, si fue correcto o no que la junta responsable desechara los cuestionamientos que deseaba formular la parte actora, pues en la ejecutoria de amparo no se indicó que la protección constitucional tendría por efecto valorar el resultado de las pruebas periciales o la actuación de la autoridad responsable al recibir esos medios probatorios e incorporarlos al juicio laboral, pues estos tópicos se encuentran relacionados con el ejercicio de la libertad de jurisdicción a cargo de la junta responsable. Al respecto, es ilustrativo el siguiente criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [registro digital 168905]: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." Desde luego, es importante acotar que este pronunciamiento no pretende subestimar las inconformidades de la quejosa con el desahogo de la prueba pericial en psiquiatría que ofrecio en el juicio laboral, ni mucho menos calificar si existen o no los vicios o irregularidades que atribuye a su desahogo, ya que lo único que se niega es que el resultado de la prueba pericial en psiquiatría pueda ser valorado como parte del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello. Se afirma lo anterior, pues tales planteamientos necesariamente deberán ser analizados por la junta responsable y, en su momento, a partir de las inconformidades que expuso la parte actora analizar si las pruebas periciales en psiquiatría generan o no convicción, lo cual no implica dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en caso de que se dicte una resolución contraria a sus intereses podrá impugnarla y, en ese momento, hacer valer como una violación procesal las inconformidades que ahora expone en torno al desahogo de la prueba pericial en psiquiatría que ofreció. Fundamento lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal [registro digital 172205]: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En razón de lo anterior este juzgado federal encuentra que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y en forma electrónica a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Mauricio Martínez Wittig, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Quejosa realiza manifestaciones en torno al cumplimiento. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído del catorce de abril de dos mil veintiuno y realiza manifestaciones en torno al cumplimiento al fallo protector, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, es decir, una vez que transcurra en su totalidad el plazo otorgado a las partes en el mencionado proveído; lo anterior, a fin de no transgredir las normas esenciales del procedimiento. Notifíquese.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitrajes del Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada de los proveídos de ocho y trece de abril de dos mil veintiuno, con lo que da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Asimismo, se ordena dar vista a la parte quejosa con la copia certificada del proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, dictado por la Junta responsable en el juicio laboral de origen, en el que se dejó insubsistente el diverso proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, únicamente en lo relativo a la admisión de la prueba en psicología ofrecida por la parte tercero interesada. Cabe señalar que dicho proveído fue remitido por la Junta responsable en la promoción registrada con el número de folio 12862, recibida en este Juzgado de Distrito el treinta de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de la autoridad responsable oficiante por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo de manera personal a las partes, así como el oficio y anexos recibidos en el oficio de cuenta. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la parte tercero interesada.
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