Maria Jacqueline Rodriguez Velazquez
Expediente 1486/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1486/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/01/2022
Partes del expediente
- Maria Jacqueline Rodriguez Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de enero de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento(s). Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del artículo 18 del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente del juicio de amparo indirecto ; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Además, se hace del conocimiento a la parte quejosa, que deberá atender los lineamientos ahí establecidos para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal, dispuesto en al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, entre los cuales destaca, el uso obligatorio de cubrebocas, cumplir con los filtros sanitarios -que incluyen tomar su temperatura y aplicación de gel antibacterial, entre otros-, y no acudir con menores de edad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 20 DE ENERO 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de enero de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento(s). Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del artículo 18 del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente del juicio de amparo indirecto ; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Además, se hace del conocimiento a la parte quejosa, que deberá atender los lineamientos ahí establecidos para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal, dispuesto en al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, entre los cuales destaca, el uso obligatorio de cubrebocas, cumplir con los filtros sanitarios -que incluyen tomar su temperatura y aplicación de gel antibacterial, entre otros-, y no acudir con menores de edad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Parte quejosa realiza manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, ***, mediante el cual, solicita copia certificada de la constancia de notificación a la parte quejosa del laudo dictado por la Junta responsable en el juicio natural. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, expídanse a su costa la copia certificada que solicita; previa razón que por su entrega se asiente en autos; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado por la copia requerida. Por otra parte, no se desatiende la manifestación de la quejosa respecto a la solicitud de la imposición de multa a la autoridad responsable, porque no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, del estado de autos se desprende que por determinación del veinticuatro de diciembre del año en curso, se calificó el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en la que se determinó tenerla por cumplida por las consideraciones ahí expuestas, y se le otorgó el plazo conducente para que en su caso se inconformara con dicha calificación. No obstante, se indica a la parte quejosa que los efectos para los cuales se concedió el amparo únicamente fueron para que la autoridad responsable dictara laudo y ordenara su notificación a las partes lo cual se cumplió, es decir, que materialmente realizara la notificación del laudo a las partes no formaba parte del cumplimiento. Cabe señalar que mediante oficio del 29313 la junta responsable remitió las constancias de notificación realizada tanto a la parte actora -quejosa- como demandada, por lo que se estima que no podría imponerse una medida de apremio a dicha autoridad en virtud de que aquélla siguió los lineamientos de la sentencia ejecutoriada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa desahogo la vista que le fue otorgada mediante auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dicte laudo en el juicio laboral D-5/126/2016, en el plazo máximo de cinco días hábiles y ordene su notificación a las partes." Ejecutoria. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a ésta. Cumplimiento. En ese sentido, la Presidenta de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado informó y acreditó que dictó laudo el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral D-5/126/2016, en el que además ordenó su notificación a las partes; por tanto se estima que se cumplió con lo señalado en la ejecutoria de amparo. Cabe señalar que incluso la junta responsable mediante oficio 29313 remitió las constancias de notificación realizadas a las partes el dieciséis y diecisiete de diciembre del año en curso, respectivamente. Así, este órgano de control constitucional considera que la Junta responsable, con las constancias recibidas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Manifestaciones de la parte quejosa. Ahora bien, en auto de veintitrés de diciembre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa desahogando la vista otorgada en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, y al efecto realizó diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la junta responsable y refirió que no se había cumplido en virtud de que no remitió la constancias de notificación practicada a la quejosa del laudo dictado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Al respecto, cabe precisar que los efectos para los cuales se concedió el amparo únicamente fueron para que la autoridad responsable dictara laudo y ordenara su notificación a las partes lo cual se cumplió, es decir, que remitiera las constancias de notificación no formaba parte del cumplimiento. No obstante, mediante oficio del 29313 la junta responsable remitió las constancias de notificación a las partes por lo que se estima que no podría imponerse una medida de apremio a dicha autoridad en virtud de que aquélla siguió los lineamientos de la sentencia ejecutoriada. En ese sentido, se advierte que la Junta responsable con motivo del cumplimiento emitió el laudo reclamado, acorde a los argumentos expuestos en la sentencia de amparo, por lo que se considera que acató a cabalidad el alcance a la protección constitucional, aunado que remitió las constancias de notificación a las partes, lo que confirma el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Conclusión. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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