María Itze Camacho Zapiain
Expediente 485/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Itze Camacho Zapiain
Actuaciones
- Principal
ME. Uruapan, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. ADMITE QUEJA. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, mediante el cual se informa que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa contra el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, el cual quedó radicado como queja 166/2019; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. RECURSO DE QUEJA. Agréguese al expediente copia certificada del escrito de cuenta, signado por Crispín Martínez Salinas, autorizado en amplios términos de la quejosa María Itze Camacho Zapiain; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra del proveído de veintisiete de septiembre del presente año, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, el original y copia del escrito en cuestión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
III. Uruapan, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Téngase por recibido el oficio 5325/2019 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al cual anexa el cuaderno de incompetencia 734/2019, del índice de ese Tribunal, en el que obra glosada la demanda de amparo presentada por María Itze Camacho Zapiain, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en dicha localidad, informe justificado de la autoridad responsable y un cuaderno de pruebas, relativo al toca de apelación I-267/2019, que sustenta dicho informe. Ello en razón de que en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, ese Tribunal determinó carecer de competencia legal, toda vez que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en esta ciudad. Acúsese recibo. De conformidad con los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Comuníquese esta determinación al Tribunal Colegiado remitente, para los efectos legales conducentes. SE FORMA TOMO. Con el cuaderno de pruebas, relativo al toca de apelación I-267/2019, fórmese cuaderno de pruebas por separado, identificado como tomo I. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 485/2019-III-Or, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el toca I-267/2019, que confirmó la diversa resolución interlocutoria de veintiocho de junio del año en curso, pronunciada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuación contra la notificación de veintiséis de abril del propio año, interpuesto dentro del incidente de liquidación de sentencia en el juicio ordinario mercantil 1018/2016, que sobre cumplimiento de contrato verbal de trabajos de electricidad promovió Juan Benjamín Infante Trejo frente a la demandada ahora quejosa, María Itze Camacho Zapiain. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K , del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para mayor claridad se reproduce el contenido textual de los artículos en cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se obtiene que en la etapa de ejecución de sentencia, el amparo indirecto procede en contra de la última resolución, es decir la que declara o aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado. En este orden de ideas, en el procedimiento de ejecución de sentencia, deberá distinguirse de aquellos actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, aquellos actos que tiendan a la consecución de dicho fin. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. En la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Tratándose de la primera clasificación de actos, es dable establecer que el amparo indirecto procede excepcionalmente cuando estos afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos del promovente, al resultar aplicable de manera analógica la fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable a tal razonamiento la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Esto sin que resulte obstáculo el hecho de que en la jurisprudencia anteriormente citada se haya interpretado la Ley de Amparo abrogada, al haber versado sobre cuestiones que no contravienen la actual redacción de la ley de la materia. De lo hasta aquí expuesto se concluye que, en etapa de ejecución de sentencias, tratándose de actos que no tiendan directamente a ejecutar el fallo de que se trate, el amparo indirecto sólo procede en contra de aquellos que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora, como se precisó el acto reclamado consiste en la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el toca I-267/2019, que confirmó la diversa resolución interlocutoria pronunciada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuación contra la notificación de veintiséis de abril del año en curso, con la que se notificó a la parte aquí quejosa la tramitación del incidente del incidente de liquidación de sentencia en el juicio ordinario mercantil 1018/2016. Conforme a lo hasta aquí expuesto, el acto combatido en esta instancia constitucional por su naturaleza no es irreparable, ya que constituye una actuación procesal dictada pronunciada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no tiende al cumplimiento de lo condenado; y además que no tiene efectos materiales sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que en este caso sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo, en el sentido de que se declaró legal una notificación realizada a la parte demanda en autos del juicio de origen de los actos reclamados y que inciden en la conducta que ha de tomar en el procedimiento de ejecución de sentencia de que se trata. Por lo anterior, es dable establecer que el acto reclamado en este asunto, pertenece a aquella clase de actos que son llevados a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero que no tienden a lograr el cumplimiento de esta, porque su finalidad es únicamente el declarar que una notificación se realizó conforme a derecho. En efecto, dicha declaración no conlleva una afectación de naturaleza sustantiva, tomando en consideración que su único efecto es declarar que una notificación fue realizada correctamente; máxime que la referida notificación fue con la finalidad de hacer del conocimiento de la parte aquí quejosa (demanda en autos del juicio de origen) que se tramitó un incidente de liquidación de sentencia, por lo que se encuentra en aptitud de comparecer al trámite de dicha incidencia a deducir sus derechos y defender sus intereses. Lo anterior, pone en evidencia que la resolución reclamada en este asunto no puede considerarse como un acto que tenga efectos de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental, constitucional o convencionalmente tutelado, sino que, en todo caso, esa violación produce únicamente una lesión jurídica formal o adjetiva. Esto no quiere decir que la parte demandada no pueda inconformarse de dicha determinación una vez que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, en donde pondrá impugnar cualquier violación que estime se haya cometido en su perjuicio, la cual podrá ser objeto de estudio mediante el juicio de amparo; sin embargo, en lo que respecta al acto aquí reclamado, resulta improcedente el juicio de amparo por las razones vertidas anteriormente. Ante ese panorama, es inconcusa la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, procede desechar de plano la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad el que indica en el proemio de la demanda (calle Gildardo Magaña número 243, colonia Revolución); asimismo, como autorizados en los amplios términos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Venegas Hueramo, Francisco Alberto Rangel Salgado, Crispín Martínez Salinas, Arturo Magaña Espinoza, Salvador Eduardo García Torres y Víctor Manuel Molina Hernández, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, como se obtiene de las constancias que obran glosadas en el cuaderno de incompetencia que se recibe; y por lo que respecta a María Isabel Ceja Linares, se le autoriza de conformidad con la última parte del párrafo segundo del invocado precepto, toda vez que no cumple con el citado requisito. Lo anterior encuentra sustento en la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA." HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa y mediante oficio al Tribunal declinante.
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