María Isabel Ponce Reyes

Expediente 472/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
472/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • María Isabel Ponce Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    EJ. Uruapan, Michoacán, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que no se interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Isabel Ponce Reyes, por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Uruapan, Michoacán. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 472/2019-II; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la quejosa señala como acto reclamado: El auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 592/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Familiar sobre presunción de muerte, en el cual se admiten a trámite las mismas. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto, esta Juzgadora Federal determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; esto es, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y contrario a ello, si los actos reclamados no producen una ejecución irreparable, el juicio de amparo será improcedente. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa. En cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. De acuerdo con lo expuesto, debe considerarse que el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 592/2019, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Familiar sobre presunción de muerte, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, a través del cual se admiten a trámite dichas diligencias, no constituye un acto de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, en términos del 107, fracción V de la ley de la materia. Lo anterior, toda vez que se advierte que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que en dicho auto materia del acto reclamado, la responsable, determina: ".Uruapan, Michoacán, a 29 veintinueve de Agosto del 2019 dos mil diecinueve. Visto el escrito inicial y documentos que al mismo adjunta María Isabel Ponce Reyes, quien por su propio derecho se le tiene promoviendo diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre presunción de muerte de Francisco Valdez García, las que por encontrarse ajustadas a derecho, se admiten en la vía, forma y términos propuestos; por lo que se ordena formar y registrar el expediente en el libro respectivo, bajo el número 592/2019. Analizado el tópico del asunto, no es necesario tramitar la declaratoria de ausencia, toda vez que nos encontramos en el supuesto establecido por el artículo 655 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que la desaparición de la persona señalada fue causa de la probable comisión de un delito; sin embargo, se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el Título Décimo Quinto, capítulo I, del citado código. Se procede a dictar las medidas provisionales que establece el artículo 629 del Código Familiar para el Estado, por lo que se designa como representante del ausente a María Isabel Ponce Reyes, a quien se ordenar NOTIFICAR PERSONALMENTE para que dentro del término de 3 tres días comparezca a manifestar si acepta y protesta el cargo conferido. Hecho lo anterior, dentro de los diez días de la aceptación del cargo, así como a los tres meses siguientes, el representante publicará un edicto llamado al ausente. En ellos constarán el nombre y domicilio del representante y el tiempo que falte para que se cumpla el plazo de 6 seis meses que disponen los artículos 643 y 644 del Código Familiar para el Estado. Los edictos se publicarán en uno de los principales diarios del último domicilio del ausente y del lugar en que se tuvo conocimiento se encontraba, así como en los estrados de este juzgado. El representante está obligado a promover la publicación de los edictos. La falta de cumplimiento de esa obligación hace responsable al representante, de los daños y perjuicios que se sigan al ausente y es causa legitima de remoción". Ahora bien, se advierte que en el capítulo de sus conceptos de violación, enfáticamente de lo que se duele es: ".la publicación de los edictos a los que hace referencia, están fuera de contexto, toda vez que dichas publicaciones tienen como finalidad el agotar los requerimientos para estar en condiciones de solicitar la Declaración de Ausencia de un individuo, violentando con esta determinación el derecho a la Seguridad Jurídica del particular.". De lo anterior, se evidencia que el auto en reclamo, tiene efectos meramente procesales, pues se trata de un requerimiento (publicación de edictos), a fin de que se determine la presunción de muerte de Francisco Valdéz García; lo que se encuentra dentro de un procedimiento fuera de juicio, que debe culminar con una resolución, la cual de no ser favorable a sus intereses, podrá ser recurrida. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En ese tenor, se tiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos cuyos efectos no sean de imposible reparación; sin embargo, por similitud jurídica procesal, dicha disposición legal es también aplicable al caso concreto, cuando el acto reclamado lo constituye el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pues no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que a la quejosa no le causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, por ende cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de ese mismo procedimiento. En ese orden de ideas, aun cuando la jurisdicción voluntaria, constituye un acto fuera de juicio, debe reservarse la procedencia del juicio de amparo para combatir aquella determinación que pone fin a dicho procedimiento cuando se dicte el acto que ponga fin a dichas diligencias. Así pues, en este caso es aplicable la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, y concluir que si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procederá excepcionalmente en su contra sin requerir que se emita la determinación final que proceda, empero, si el acto que se combate no comparte tal naturaleza el juicio de amparo promovido resultará improcedente. En tal virtud, es evidente que el acto reclamado, no es la determinación final en dicho procedimiento y, por lo tanto, tiene efectos meramente procesales, además, es indiscutible que ello no implica que se vaya a dictar una resolución desfavorable a sus intereses al resolverse dicha jurisdicción voluntaria. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), de rubro siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." De igual forma, se cita por sus consideraciones, la tesis aislada I.5o.C.8 K, del rubro siguiente: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)." Sin que sea obstáculo a la anterior determinación que la razón esencial de la que se duele la quejosa y lo manifiesta en sus conceptos de violación, sea que la juez responsable en el auto en reclamo establece que debe seguirse el trámite señalado en el artículo 655 y 640 (por su orden), del Código Familiar del Estado de Michoacán; esto es, que la quejosa tendrá que hacer la publicación de los edictos a fin de agotar los requerimientos para estar en condiciones de solicitar la declaración de ausencia de su cónyuge, y posteriormente declarar la presunción de muerte de la persona que refiere, pues si bien, se pudiera afirmar que esa determinación judicial si bien importa una inminente afectación patrimonial para la parte promovente; esto es, el pago de dicha publicación, por sí sola considerada, no constituye una afectación a derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que tal impacto patrimonial, jurídicamente, está necesaria e inseparablemente vinculado con las cargas procesales que deben soportar las partes que litigan, y que además son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Lo anterior, toda vez que es máxima de la experiencia que en la tramitación y prosecución de los asuntos civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales que les sean propias y mantener sus respectivas posiciones litigiosas en correspondencia con el interés que tienen en que se resuelvan de manera favorable sus pretensiones. Es decir, no resulta extraño a la práctica litigiosa civil, que quien acude ante los órganos de administración de justicia del Estado a solicitar tutela judicial, eventualmente debe sufrir y asumir alguna erogación y afectación de tipo patrimonial. En esa tesitura, si del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se aprecia que fue voluntad del legislador proscribir que el amparo indirecto pueda ser procedente de manera indiscriminada respecto de cualquier acto en el juicio. Entonces, debe admitirse que, jurídicamente, la afectación patrimonial que sufren las partes al cumplir con cargas procesales derivadas de la tramitación de un procedimiento judicial, no se ven afectados sus derechos sustantivos, sino sólo sus derechos adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a las conductas procesales que los originan. Admitir lo contrario, es decir, aceptar como válido que cualquier impacto patrimonial derivado de la tramitación de un procedimiento y con motivo de la satisfacción de las cargas procesales propias de cada parte o de las peticiones que en tutela del propio interés efectúan, sea suficiente para estimar que la determinación judicial que le recaiga puede afectar derechos sustantivos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conduciría al exceso de consentir que el juicio de amparo biinstancial fuera procedente prácticamente en contra de cualquier determinación procesal dictada, lo que no sólo es contrario al sentido restrictivo contenido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; sino que además, tendería a propiciar una indebida e injustificada dilación en la tramitación de los juicios, ante la eventual e indiscriminada procedencia de múltiples juicios de garantías biinstanciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), sustentada por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL)". En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, esta última, aplicada contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. Por otra parte, téngase como autorizados en los amplios términos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Valdés Ponce y Carlos Ulises Salgado Pérez, toda vez que después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que las cédulas profesionales números 11464474 y 09160944, respectivamente, fueron expedidas en su favor, la autorización es en los términos indicados. Ahora bien, ténganse como autorizada en términos restringidos del numeral en cita, a María Teresa Ríos Reyes, por así solicitarlo la promovente. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que los referidos Jorge Valdés Ponce y Carlos Ulises Salgado Pérez, no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que éste es un registro de control interno para dichos juzgados y, el contenido de la aludida página oficial tiene efectos públicos, por lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia XX.2º. J/24 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro 168124 y rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." ACCESO ELECTRONICO AL EXPEDIENTE. Por otra parte, atento a su solicitud, se autoriza la consulta vía electrónica del expediente en que se actúa y para ello, proporciona el nombre de usuario "lic.carlos.salgado", para tal efecto, de conformidad con el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Finalmente, se instruye al analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    II.-POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA y/o TERCEROS INTERESADOS) Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: DESECHAMIENTO. En el caso concreto, esta Juzgadora Federal determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; esto es, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y contrario a ello, si los actos reclamados no producen una ejecución irreparable, el juicio de amparo será improcedente. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa. En cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. De acuerdo con lo expuesto, debe considerarse que el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve..CITATORIO

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