Maria Isidra Garcia Raya

Expediente 187/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
187/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Maria Isidra Garcia Raya

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la persona mencionada. En ese sentido, se comunica a la parte promovente que el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal, durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo. Remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional. Se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema (SISE). Notifíquese y por oficio al Juez Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. MESA II.

  2. Principal

    DESAHOGO DE REQUERIMIENTO Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de siete de marzo de dos mil veintidós e informa y remite lo ahí solicitado. DESAHAGO DE PREVENCIÓN Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la promovente por medio del cual desahoga la prevención que le fue formulada mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En tal virtud, toda vez que no se encuentra pendiente por desahogar requerimiento alguno, se procede a proveer respecto de la demanda de amparo y escrito aclaratorio en los siguientes términos: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el peticionario de amparo señala como acto reclamado en síntesis: El auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1794/1991, por el Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México, que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, que ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, para reinscribir el embargo trabado mediante diligencia de tres de noviembre de mil novecientos noventa y uno. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, de las manifestaciones expuestas por el impetrante de amparo, en su escrito de demanda, se desprenden los siguientes antecedentes del juicio natural que dieron origen a la emisión del acto reclamado: El acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil, promovido por Súper Auto Mercado, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de María Isidra García Raya, aquí solicitante del amparo, expediente 1794/1991 del índice del Juzgado Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En fecha veintinueve de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, que condenó a la demandada, al pago de la suerte principal, por la cantidad de $ 29,912.000.00 (veintinueve millones novecientos doce pesos). Por auto de trece de febrero de mil novecientos noventa y dos, causó ejecutoria. Por auto de tres de abril de mil novecientos noventa y siete se aprobó el remate del bien inmueble materia de la Litis. Por auto de seis de marzo de dos mil veinte, se ordenó el lanzamiento forzoso del inmueble adjudicado y por diligencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, al llevarse la diligencia con la demandada, aquí solicitante de amparo, se puso en posesión material y jurídica de dicho inmueble a la parte actora. Y por oficio de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, para que reinscribiera el embargo trabado mediante diligencia de trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Inconforme con dicha determinación, la solicitante de amparo interpuso recurso de revocación. Por auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se desechó el recurso de revocación. -Auto que constituye el acto reclamado- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en relación al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, preceptos que establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: . IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo anterior, se advierte que los actos dictados después de concluido el juicio, tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De ahí que al tomar en consideración que el acto reclamado, consistente en el auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1794/1991, por el Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México, que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, que ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, para reinscribir el embargo trabado mediante diligencia de tres de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Por lo que no cumple con alguno de los requisitos de procedencia para dar trámite a la demanda de amparo indirecto, en la etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior, ya que el juicio de amparo indirecto, será procedente únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa al peticionario de amparo. Por tanto, los actos aquí reclamados, no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni entrega del bien inmueble rematado, de modo que los actos reclamados, son un hecho parcial de ejecución que por su naturaleza no son controvertibles en amparo indirecto, porque entorpecería la ejecución, y sólo hasta que se declare cumplida la sentencia, serán reclamables las violaciones que se estimen cometidas en el procedimiento respectivo si trascienden al resultado de la ejecución. Consecuentemente los vicios que puedan ocurrir durante y después de los actos que se llevan a cabo para ejecutar dicha sentencia, solo podrán reclamarse hasta la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución, porque únicamente se trata de una determinación en la que se desechó un recurso de revocación, por no tratarse de un acuerdo de mero trámite, por lo que no se cumple el supuesto establecido en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Efectivamente, tomando en consideración el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número P./J. 32/2001, se estima que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ocurridos en la etapa de ejecución de sentencia, debe ser sólo contra última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y será ese momento aquel en el que podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante el mismo, incluso aquellas que hubieren dejado sin defensa a la peticionaria de garantías, lo que implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por la naturaleza propia del procedimiento, ya que éste se conforma por una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esto es, dada la vinculación de causa y efecto entre una actuación y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la peticionaria de amparo, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de dicha resolución, situación que lleva a equilibrar el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento o medio que dilate la administración de la justicia. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro Ius 190035, la cual es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por lo anteriormente expuesto y fundado, debe considerarse notoriamente improcedente la demanda de garantías de mérito, pues no es dable impugnar ese tipo de actos, cuenta habida que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por "última resolución", en forma genérica, la que declara cumplida la resolución, o en su caso, la que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde por la naturaleza propia de las resoluciones dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia, que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia respectiva. Por tanto, este órgano jurisdiccional determina no admitir a trámite la presente demanda, pues se insiste en que el acto reclamado no cumple con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo y por tanto no se está en presencia de la última resolución dictada en un juicio ejecutivo mercantil. En razón de lo anterior, en su caso, dichas determinaciones deberán ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en esa etapa procedimental. Apoya a lo anterior, por similitud de razón, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.) de la Décima Época, con número de registro 2001059 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Materia Común página 1515 de rubro y texto siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. Asimismo, por identidad, la jurisprudencia número 235 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 159 que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Además, con la anterior determinación de ningún modo se deja en estado de indefensión a la parte promovente, dado que sólo debe esperar a que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, para que pueda promover válidamente el juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos y preceptos legales invocados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo María Isidra García Raya, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese por lista a la promovente. MESA II.

  3. Principal

    Vista la demanda presentada por la persona mencionada, en contra los actos que reclama del Juez Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fórmese expediente impreso y electrónico con el número 187/2022-II, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de CINCO DÍAS legalmente computados, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: 1.- Narre de manera sucinta y cronológicamente los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del juicio o procedimiento primigenio hasta llegar al acto reclamado. 2. Transcriba o resuma las prestaciones del juicio o procedimiento de origen. 3.- Indique quiénes son las partes y el domicilio que señalaron para oír y recibir todo tipo de notificaciones, haciendo la precisión que por cada persona extra que mencione a las que indica en el escrito inicial de demanda deberá en su caso exhibir una copia del escrito inicial de demanda con su anexo y de su escrito aclaratorio, ello para que este órgano jurisdiccional tenga oportunidad de correrles traslado, en caso de admitirse la demanda toda vez que dada su naturaleza les podría recaer el carácter de terceros interesados. 4.- En su caso transcriba o resuma los puntos resolutivos de la sentencia definitiva en caso de existir o de la actuación que resolvió el juicio primigenio, e informe si alguna de las partes interpuso algún medio ordinario defensa y, en su caso, deberá indicar ante que autoridad se radicó y el estado procesal que guarda. 5.- Ahora bien, en caso de haber resolución del Tribunal de apelación, deberá manifestar si a dicha autoridad le atribuye el carácter de autoridad responsable y en caso afirmativo exhibir una copia extra del escrito inicial con sus anexos y del escrito aclaratorio. De no hacerlo dentro del término al efecto concedido, se seguirá el presente procedimiento respecto de las autoridades señaladas como responsables. 6.- Señale cuál es el estado procesal que guarda actualmente el juicio natural. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término al efecto concedido, en caso de admitirse a trámite la demanda, únicamente se seguirá el presente procedimiento respecto de la autoridad señalada como responsable. Debiendo en su caso exhibir una copia extra del escrito inicial de demanda con sus anexos y del aclaratorio para correrle traslado en caso de admitirse a trámite la demanda de amparo. El desahogo del requerimiento que se efectúa, se estima necesario para que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de precisar con exactitud la litis constitucional. Su escrito aclaratorio lo deberá presentar con siete copias siendo que resultan necesarias para ser distribuidas de la manera descrita, en caso de admitirse a trámite la presente demanda de amparo. De no dar cumplimiento SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda. Por otra parte, gírese oficio al Juez Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que dentro del término de tres días, en relación al expediente señalado informe: * Precise cuál es el estado procesal que guarda el juicio primigenio. * Quiénes son las partes y cuál es el último domicilio que tienen señalado en autos. * Remita copia certificada de la sentencia definitiva o del proveído que resolvió el juicio natural. * Remita copia certificada del auto que recayó al recurso de revocación presentado en fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno. De no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término al efecto concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a diez unidades de medida y actualización. Se señalan las litas para recibir notificaciones personales. No se tiene por autorizados en términos amplios a las personas que cita, toda vez que no proporcionó sus números de cédulas profesionales, por lo que se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, conjuntamente con la diversas persona que señala. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen las notificaciones que se ordenen. Notifíquese por lista al promovente y por oficio al Juez Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. MESA II.

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