Maria Isabel Ortiz Mercado

Expediente 806/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
806/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Juez Trigesimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico
  • Maria Isabel Ortiz Mercado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO. En las relatadas condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional Notifíquese. MESA I

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente. MESA I

  3. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista a la promovente, el auto de DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta presentada por ; en contra de los actos que reclama del Juez Trigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 806/2023-I y NEUN *****. FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTO RECLAMADO Del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que la peticionaria del amparo señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: EL AUTO DE FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO DEL 2023, A TRAVES DEL CUAL SE ACUERDA. SIN LUGAR A DAR TRAMITE AL RECURSO DE QUEJA." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO De la narración efectuada por la promovente en su escrito de demanda se advierten como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1).- El acto reclamado deriva de un procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria de inmatriculación judicial, promovido por la hoy promovente, registrado con el número de expediente 653/2017 del índice del Juzgado Trigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 2).- Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la hoy peticionaria de amparo solicito al juez de origen requerir a, en su carácter de albacea y vendedor del inmueble materia de la litis, para que proporcionara los domicilios de los señores, a efecto de notificarles la radicación de las diligencias de jurisdicción voluntaria de inmatriculación judicial, en cumplimiento a lo ordenado por la Octava Sala Civil de la Ciudad de México, mediante sentencia de trece de julio de dos mil veintidós. 3).- A dicho escrito le recayó el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el cual que se le dijo a la promovente que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, tomando en consideración que la Octava Sala Civil de la Ciudad de México, ordenó notificar a las sucesiones de los señores, requiriendo a -aquí promovente- para que indicara el nombre de los albaceas, quien indico bajo protesta de decir verdad que desconocía de los juicios sucesorios. 4).- Inconforme con dicha determinación la promovente interpuso recurso de revocación, al cual le recayó el auto de seis de junio de dos mil veintitrés, en el cual se le dijo que de constancias de autos se advertía que ya se le había requerido a, en su carácter de albacea y vendedor del inmueble materia de la litis, para que proporcionara los domicilios de sus hermanos, ya que mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se tuvo a señalando que no es albacea de los citados de cujus, desconociendo si sus familiares directos ya habían aperturado los juicios sucesorios correspondientes, motivo por el cual se tuvo por no lugar a tener por interpuesto el recurso de revocación, por no ser un auto de mero trámite ya que la promovente está obligada a dar cumplimiento a la ordenado en resolución de trece de julio de dos mil veintidós, emitida por la por la Octava Sala Civil de la Ciudad de México. 5).- Disconforme con dicha determinación, la hoy peticionaria de amparo interpuso recurso de queja, al cual le recayó el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, en el cual el juez de origen determinó que no ha lugar a dar trámite a dicho recurso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, tomando en consideración que la parte promovente interpuso recurso de revocación y no de apelación. * El auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, constituye su acto reclamado. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA El acto reclamado consiste en el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, que no admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la hoy promovente María Isabel Ortiz Mercado, en contra de la inadmisión del recurso de revocación interpuesto éste a su vez en contra del auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se le dijo a la citada promovente que la Octava Sala Civil de la Ciudad de México, ordenó notificar a las sucesiones de los señores, requiriéndola para que indicara el nombre de los albaceas; máxime, que ya se le había requerido a en su carácter de albacea y vendedor del inmueble materia de la litis, para que proporcionara los domicilios de sus hermanos, ya que mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se tuvo a señalando bajo protesta de decir verdad que no es albacea de los citados de cujus, desconociendo si sus familiares directos ya habían aperturado los juicios sucesorios correspondientes, motivo por el cual se tuvo por no lugar a tener por interpuesto el recurso de revocación referido, por lo que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". MOTIVO DEL DESECHAMIENTO Resulta pertinente precisar que los actos que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tanto, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la promovente, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir a los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir. En esas circunstancias, los actos de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por las garantías constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo, no transgrede tales derechos. Atento a lo anterior, se arriba a la conclusión que el acto reclamado no constituye un acto que su ejecución sea de imposible reparación, ya que el mismo se hace consistir en el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, que no admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la hoy promovente en contra de la inadmisión del recurso de revocación interpuesto éste a su vez en contra del auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se le dijo a la citada promovente que la Octava Sala Civil de la Ciudad de México, mediante sentencia de trece de julio de dos mil veintidós, ordenó notificar a las sucesiones de los señores, requiriéndola para que indicara el nombre de los albaceas; máxime, que ya se le había requerido a en su carácter de albacea y vendedor del inmueble materia de la litis, para que proporcionara los domicilios de sus hermanos, ya que mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se tuvo a señalando bajo protesta de decir verdad que no es albacea de los citados de cujus, desconociendo si sus familiares directos ya habían aperturado los juicios sucesorios correspondientes, por lo que es evidente que la peticionaria de amparo tiene la carga procesal de proporcionar el nombre de los albaceas de los de cujus, en cumplimiento a lo ordenado por la Octava Sala Civil de la Ciudad de México, mediante sentencia de trece de julio de dos mil veintidós, a efecto de dichas sucesiones sean notificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria. En ese contexto, es evidente que el acto reclamado no constituye un acto que su ejecución sea de imposible reparación, toda vez que si bien la promovente tiene la carga procesal de proporcionar el nombre de los albaceas de los de cujus, también lo es que debe realizar las gestiones necesarias para proporcionarlos, como lo es, solicitar girar oficio al Archivo General de Notarias de conformidad con el articulo 815 Quater del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, a efecto de conocer la existencia o inexistencia de testamento de los de cujus. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el acto reclamado en la demanda de amparo con la que se da cuenta, no es considerado de imposible reparación, sirviendo de apoyo los siguientes criterios por no ser contrarios a lo establecido en la Ley de Amparo vigente: Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos la Tesis: VIII.1o.C.T.8 C (10a.), con registro digital: 2021951, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, Décima Época, Materias Común, Civil, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5962, que dispone: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE DISPONE QUE TIENEN ESE CARÁCTER LOS QUE AFECTEN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO RESTRINGE, NI CONTRAVIENE EL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Si bien es cierto que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone la procedencia del juicio contra actos dictados durante la sustanciación de procedimientos seguidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución sea de imposible reparación, sin precisar cuáles tienen dicho carácter, también lo es que la definición que al respecto hace el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deriva de la facultad otorgada por el Constituyente Permanente al legislador ordinario para que rediseñara del juicio de amparo que requería consolidar su efectividad, permitiendo al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente aquellos actos dentro de juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, cuya afectación sea en derechos sustantivos, evitando el abuso en la promoción de amparos, que deriva en el retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen; dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal. Por ende, es claro que no existe antinomia ni contradicción entre lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la norma reglamentaria no elimina un derecho ni restringe el nivel de protección contenido en la Constitución, pues sólo da claridad a los supuestos que se deben considerar actos de imposible reparación". De igual forma, resulta aplicable en el tema de actos de imposible reparación lo sustentado en la jurisprudencia con registro digital: 2006589, del Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, Décima Época, en Materia Común, Tesis: P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, que dispone: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". DETERMINACIÓN En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Isabel Ortiz Mercado, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que los promoventes tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la promovente el que se indica. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que tengan inscritas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en caso de no estar autorizados en términos amplios del citado artículo, se les autoriza de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. INTEGRACION FISICA Y ELECTRONICA DEL EXPEDIENTE Tomando en consideración lo previsto en el artículo 263 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", y a fin de facilitar la consulta del presente cuaderno y realizar la transición paulatina al expediente electrónico, se ordena integrar por el momento de manera física las constancias que integraran el presente expediente, así como las que se ordenen vía electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahorita existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la promovente." MESA I

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