María Isel Morales Amaya

Expediente 908/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
908/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • María Isel Morales Amaya y Otros.
  • María Isel Morales Amaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obstante haber quedado legalmente notificada de dicho acuerdo. Por tanto, se declara que se ha perdido el derecho que debió ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Y TRANSFERENCIA Por otra parte, respecto el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, resulta susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del aludido Acuerdo General. De igual manera, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, el original del incidente de suspensión, deberán conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes 90 días, este Juzgado deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; así como todos aquellos documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores de los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante el licenciado Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1171/2020, signado de manera conjunta por las autoridades responsables Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, Presidenta y Actuario adscritos a dicha junta, mediante el cual hacen del conocimiento de esté juzgado que quedaron informadas de la resolución interlocutoria de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro de la presente incidencia; al efecto, agréguese a los autos del asunto en que se actúa, a fin de que obre como en derecho corresponda.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por Raúl Méndez Castillo, autorizado de la parte quejosa María Isel Morales Amaya, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de nueve del presente mes y año, informa que ha surgido una causal de sobreseimiento dentro del presente juicio de amparo, toda vez que la quejosa de referencia, por conducto de su representante legal, celebró un convenio en cumplimiento al laudo con la parte actora del juicio laboral 41/4/2019, de donde deriva el acto reclamado; y para justificar lo anterior remite copia del referido convenio, de dos de diciembre de dos mi veinte, así como copia de la credencial de elector a nombre de Santos Israel Salinas Silva, aquí tercero interesado. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que mediante oficio 1107/2020, recibido en proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada y firmada por la totalidad de los integrantes de dicha junta local, de la comparecencia celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 41/4/2019, de su índice. Ahora, del estado que guardan los autos, se advierte que la quejosa reclamó el emplazamiento practicado dentro del expediente laboral 41/4/2019, así como todo lo actuado, incluido el laudo; sin embargo, del análisis de las constancias que se anexaron al oficio de referencia (1107/2020), se observa que el dos de diciembre de dos mil veinte, la parte demandada - aquí quejosa-, por conducto de su representante legal, celebró convenio en cumplimiento al laudo con la parte actora -aquí tercero interesado-. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Sobre ese contexto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (...)" En relación a la causa de improcedencia transcrita, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo u obligue a la responsable a dejar su conducta omisiva, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero ningún caso tiene declarar su invalidez cuando subsistiendo el acto ha dejado de existir su objeto. Ahora, en el caso particular, la parte quejosa reclama el emplazamiento practicado dentro del expediente laboral 41/4/2019, así como todo lo actuado, incluido el laudo. Sin embargo, de las documentales que la autoridad responsable agregó al oficio 1107/2020, recibido en proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, se aprecia que el dos de diciembre de dos mil veinte, la parte demandada - aquí quejosa-, por conducto de su representante legal, celebró convenio en cumplimiento al laudo con la parte actora -aquí tercero interesado-, las cuales gozan de pleno valor probatorio, conforme lo establecen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. En consecuencia, si bien el emplazamiento practicado a la aquí quejosa dentro de juicio laboral de origen constituye el acto reclamado, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente con motivo del convenio celebrado entre las partes, pues culminaron el litigio, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la parte quejosa, ello resultaría estéril, en virtud de existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio por el cual pusieron fin a la contienda. Por esos motivos, el acto reclamado no puede surtir efecto alguno en la esfera jurídica de la quejosa, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, que impide pues sus efectos puedan concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvo su origen. Tiene aplicación al caso por las razones que la contienen la tesis VI.2o.T.38 L, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Laboral, Novena Época, página 829, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida". Además, de concluirse que el acto combatido es inconstitucional, se tornaría legalmente imposible restituir a la promovente en el goce de la garantía vulnerada o, bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de Publicación, la página 189, del tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley en cita. Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO); asimismo, comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, once de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la intervención ministerial 747/2020, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, mediante la cual realiza diversas manifestaciones a guisa de alegatos; al respecto, únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, sin que haya lugar a dar vista a las partes con la misma, tomando en consideración que a las nueve horas con veinte minutos del diez del presente mes y año, se dictó la resolución interlocutoria dentro del presente incidente de suspensión. En cuanto a la copia que solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele copia certificada de la resolución interlocutoria de referencia. Notifíquese. ...

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