María Isabel Padilla Cortez
Expediente 630/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María Isabel Padilla Cortez
- Zoila Guadalupe Rodriguez Carreon
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, el Secretario en funciones de Juez acuerda: téngase por recibido el oficio 3953/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Zoila Guadalupe Rodríguez Carreón y otros, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, y otras autoridades; por tanto, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda. En mérito de lo anterior, archívese el presente cuaderno de antecedentes de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en su punto vigésimo, fracción I, se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Zoila Guadalupe Rodríguez Carreón, María Isabel Padilla Cortez, Hilda del Real Félix y Marisa Yaneth Wvalle Rodríguez, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, consistentes en: Fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno con el número 630/2018-I. INCOMPETENCIA Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El citado artículo establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente y la mandará remitir al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". Del precepto transcrito se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Robustece lo anterior, la tesis número III.3o.(III Región) 4 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2953, que al rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-." Para efectos de la ley de amparo, el juicio comienza con la presentación de la demanda. Entonces, las resoluciones que se dicten con posterioridad a la presentación de una demanda, con independencia de la materia, se entenderán dictadas en el juicio. En ese orden de ideas, el auto por el que se decreta la caducidad en un juicio laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Se estima así, puesto que, si bien al caducar la instancia no se analizó de fondo la pretensión de la parte actora, pues extingue la instancia, más no la acción, lo cierto es que con dicha determinación finaliza el juicio; por tanto, su impugnación debe hacerse a través del amparo directo, una vez agotados los recursos ordinarios que al efecto prevea la ley de la materia que rija el acto. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". De la lectura de la demanda que se analiza se advierte que los promoventes, en su carácter de parte actora, reclaman de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y Presidente de dicha Junta, el acuerdo de quince de abril de dos mil quince, en el que se decretó la caducidad del juicio laboral 622/5/2006, y ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. No escapa a la atención del suscrito juzgador, que la parte quejosa señala también como acto reclamado el proveído de seis de marzo de dos mil quince, mediante el cual la junta responsable les concedió el plazo de tres días, a fin de que manifestarán lo que a su interés conviniera sobre la inactividad procesal que se advertía del juicio laboral de origen, apercibiéndoles que en caso de continuar ausentes las partes en el juicio, se daría por concluido el mismo. Sin embargo, se estima que dicho acto no debe considerarse como acto destacado, sino como una violación procesal que trascienda el resultado del fallo, analizable en la vía directa. De lo anterior se colige que el acto reclamado es una determinación que puso fin al juicio puesto que al caducar el juicio de origen, ya no existe actuación pendiente o posterior que pueda tener lugar en el citado juicio laboral; y, por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, salvo que dicho Tribunal determine lo contrario; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por lo que se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado antes citado, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del líbelo se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia 40/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, junio de 1997, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." Solicítese a dicho Órgano Colegiado, el acuse de recibo correspondiente, en el que, de no tener inconveniente legal, informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.
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