María Isabel Zumaya Tostado

Expediente 358/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
358/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • María Isabel Zumaya Tostado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense para que obren como correspondan los oficios de cuenta presentados por el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales y el Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), mediante el cual rinden su informe con justificación. Ténganse a las citadas autoridades, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en los informes de cuenta, y designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que mencionan en dichos comunicados. Asimismo, el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, anexa a su informe, copia del talón de pago de pensión de la quejosa que corresponde al mes de mayo del año en curso, del que este Juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, por lo que es procedente DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Esto es así, toda vez que la lectura de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".en su carácter de Autoridades competente para resolver y dar contestación a la petición formulada con fecha de recibido 19 de Febrero del 2018 (Diecinueve de Febrero de Dos Mil Dieciocho) consistente en Mi solicitud de DESISTIMIENTO realizada a las Autoridades Demandada solicitándoles la CANCELACIÓN y se me deje de DESCONTAR DE MI PENSIÓN MENSUAL las claves 96 y 97 BAJO los conceptos APOYO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIÓN Y APOYO VOLUNTARIO SERVICIO MÉDICO respectivamente." Ahora, de la cotejada del talón de pago de pensión de la quejosa correspondiente al mes de mayo del año en curso, del que se desprende en el apartado de deducciones ya no aparecen las identificadas con los números 96 y 97. Por lo que, este juzgador estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Con relación al tema, los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que esta causa de improcedencia puede actualizarse cuando la autoridad responsable revoca su acto; o bien, cuando se constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo. Esta revocación necesariamente implica la desaparición total de los efectos del acto reclamado, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama, con la finalidad de restituir a la quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo antes expuesto, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, únicamente se actualiza cuando se reúnen los siguientes supuestos: a) Cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional; b) Lo anterior debe dar lugar a que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En efecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia en comento, cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que el gobernado considera le causa perjuicio o cuando constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo, y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado, en atención a la imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la promovente. En la especie, si bien es cierto existe por parte de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad una omisión de dar contestación al desistimiento de la parte quejosa de las deducciones 96 y 97 a su pensión; posteriormente, la responsable Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California mediante oficio de cuenta, informa que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud a que se ha dejado de descontar a la quejosa MARÍA ISABEL ZUMAYA TOSTADO las claves 96 y 97 de su pensión, lo cual fue materia de su escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Circunstancia que acredita con la copia certificada del talón de pago de pensión de mes de mayo del año en curso, donde se aprecia que ya no se están aplicando los descuentos identificados con las claves 96 y 97. Documental a la cual que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de manifiesto, que el efecto omisivo que producía el acto reclamado a la fecha, han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud de abstención de las autoridades responsables; por tanto, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional. Por ello, resulta incuestionable, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la quejosa, de modo tal que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes.

  2. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a MARÍA ISABEL ZUMAYA TOSTADO, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe.

  3. Incidental

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Con vista a las partes, agréguense para que obren como correspondan los informes previos rendidos por las autoridades Subdirector General de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambos con sede en esta ciudad; con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia incidental correspondiente, de conformidad con lo previsto en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo. DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y DELEGADOS De igual modo, téngase a las autoridades en mención designando como domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones el que indican en su comunicado de cuenta, así como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que precisan, y autorizando para efecto de oír y recibir notificaciones, así como recibir documentación a las personas que señalan. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por María Isabel Zumaya Tostado, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ante ello, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo; al no existir motivo para prevenir a la parte quejosa o desechar por notoriamente improcedente; se admite la demanda de amparo que formula la citada quejosa, contra el acto de las autoridades que señala como responsables; en consecuencia, regístrese en el Libro Uno de Juzgado con el número 358/2018-3A. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de amparo, pídanse informe justificado a las autoridades responsables, el cual deberán rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, apercibida que de no rendir dicho informe o en su caso, de no acompañar las constancias precisadas, se presumirá cierto el acto y se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (80.60 UMA), de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que la parte promovente solicita la suspensión del acto reclamado, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes, para que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este Juzgador, cuando cesen los efectos del acto reclamado o exista alguna causa de sobreseimiento, apercibidos, que de no hacerlos se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (80.60 UMA), con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo en vigor. MEDIOS DE PRUEBA Con fundamento en el artículo 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña a su escrito petitorio de amparo; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito inicial de demanda, así como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que menciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. LIBRO DE GOBIERNO y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO A ESTE JUZGADO EN MATERIA DE AMPARO.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe.

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