María Isabel Romero Campos

Expediente 479/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
479/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • María Isabel Romero Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EL CUAL DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en el presente sumario constitucional. En efecto, la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ambas con residencia en esta ciudad: La omisión de ejecutar y dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 834/2011-II. El Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado exhibió copias certificadas de diversas constancias que obran en el juicio laboral 834/2011-II; asimismo, mediante oficio A.I 479/2017, presentado el diecinueve de septiembre del año en curso, remitió copia con firmas autógrafas del auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete emitido en el citado en el juicio laboral. Documentales con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; de las que se advierte que el treinta y uno de octubre de dos mil trece, en el expediente laboral 834/2011-II, se dictó laudo en el cual se condenó a la demandada Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a que reconociera la prestación de los servicios de la parte actora María Isabel Romero Campos, en el periodo comprendido del catorce de julio de mil novecientos ochenta y siete al uno de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; así como a pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, las aportaciones a favor de la citada actora, en los términos del artículo 21 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, correspondiente al mencionado periodo. En proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se requirió a la demandada Poder Ejecutivo del Estado de Baja California el pago de la cantidad de $2,025,801.87 (dos millones veinticinco mil ochocientos un pesos 87/100 moneda nacional), por concepto de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California Social (foja 113 del anexo de pruebas). Asimismo, en auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el tribunal laboral tuvo a la citada demandada dando cumplimiento parcial al laudo, en relación al reconocimiento de la antigüedad de la parte actora (foja 118 anexo de pruebas). De igual forma, el tribunal laboral en acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 26 de autos), tuvo por recibido el escrito signado por el apoderado legal de la demandada Poder Ejecutivo del Estado, a través del cual, en cumplimiento al laudo, exhibió copia certificada del comprobante de pago de fecha trece de septiembre del año en curso, por la cantidad de $2,025,801.87 (dos millones veinticinco mil ochocientos un pesos 87/100 moneda nacional), por concepto de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California Social. De lo expuesto, se pone de relieve, que los efectos negativos que producía el acto reclamado, a la fecha han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud omisiva de las autoridades responsables; por consecuencia, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional; por ende, como ya se anticipó, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. --- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable, también, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. --- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veinte de octubre de dos mil diecisiete. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por el Delegado del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el cual remite acuse de recibo del escrito dirigido al Presidente del Tribunal de Arbitraje, así como copia certificada de comprobante de pago relativo al sistema de pagos electrónicos interbancarios, de fecha trece de septiembre del año en curso; en consecuencia, téngase por ofrecidas la prueba documental que anexa la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional correspondiente, y las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en el artículo 64, de la Ley de Amparo, téngaseles a las autoridades responsables, haciendo valer causales de improcedencia, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo que refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, mediante proveído dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, como nueva fecha para su celebración. Por otra lado, de autos se advierte que no obra agregada las constancias relativas al laudo dictado el treinta y uno de octubre de dos mil trece, y en virtud de que son necesarias para resolver el presente asunto, requiérase al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta localidad, para que en el plazo de tres días, contadas a partir de su legal notificación, se sirva remitir a este Juzgado, las referidas constancias, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (75.49 UMA), equivalente a $3,774.50 pesos (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional), de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 del ordenamiento en cita.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexo de cuenta, mediante el cual el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remite copia certificada del auto de dieciocho de septiembre del año en curso, constancia que forman parte del juicio laboral burocrático número 834/2011-II, de su índice; en consecuencia, téngase por ofrecidas la prueba documental que exhibe la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional correspondiente, y la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguense a los autos para que obren como correspondan, los informes justificados que rinden las autoridades responsables Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, así como el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, ambos con sede en esta localidad; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido y, en su oportunidad, hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 117, de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que anexan las autoridades responsables de cuenta a su informe, respectivamente, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional correspondiente, y la cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, como lo solicita el Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, téngasele por designados a los delegados que señalan, de conformidad con el dispositivo 9 de la ley aplicable. Finalmente, para facilitar el manejo y estudio del presente expediente, con las documentales anexas por la autoridad Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta localidad, se ordena la integración de un cuaderno auxiliar, por tanto las mismas no se agregarán al expediente impreso ni a su versión electrónica, hágase del conocimiento a las partes que las constancias referidas podrán consultarlas en este Juzgado.

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