María Isabel Villa Mendívil
Expediente 804/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Isabel Villa Mendívil
- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia, se ordena archivo...
- Incidental
Se ordena la valoración de los cuadernos de suspensión relativos al juicio de amparo, en virtud de quedarse sin materia, al haber quedado firme la sentencia de amparo.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con treinta y cuatro minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe justificado rendido por la gerente de Recaudación Fiscal del Estado de Sonora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejosa y fiscal federal adscrita-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los informes justificados, y que el término de quince días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, para que manifestara su deseo de ampliar la demanda, previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciséis de marzo al ocho de abril del presente año, sin que hiciera uso de ese derecho. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y como el quejoso no amplió su demanda se continúa con la secuela procesal correspondiente por el acto y autoridad señalados en su demanda inicial. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable y la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por María Isabel Mendívil Velarde, contra el acto atribuido a la gerente de Recaudación Fiscal del Estado de Sonora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el treinta de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y turnado a este juzgado de Distrito el tres de noviembre del mismo año, María Isabel Mendívil Velarde, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de tres de diciembre siguiente, previo requerimiento, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARSCoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020 , 8/2020 , 10/2020 , 13/2020 , 15/2020 y 18/2020 , que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto ejecutado dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: El emplazamiento practicado dentro de los procedimientos administrativos de ejecución números 265A01E6327199106, 265A03E6327199106, 265086E6327199106, 265155E6327199106, 265162E6327199106, 265163E6327199106, 265164E6327199106, 265166E6327199106, 265A02E6327199106; y, Como consecuencia de ello, el oficio SON/INMOV/894/2020, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el cual se ordena la inmovilización de recursos existentes en cuentas bancarias a nombre de la aquí quejosa, por la cantidad de $391,561.83 (trescientos noventa y un mil quinientos sesenta y un pesos 83/100 moneda nacional). Existencia de los actos combatidos Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable, pues no obstante que la gerente de Recaudación Fiscal del Estado de Sonora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, al rendir informe con justificación, no aceptó ni negó los actos que se le atribuyen, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la veracidad de los actos en reclamo se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe, consistentes las constancias que integran los procedimientos administrativo de ejecución de su índice; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia desestimada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Al rendir informe con justificación, la autoridad responsable gerente de Recaudación Fiscal del Estado de Sonora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, precisó que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XX, de la Ley de Amparo, relativas a que la parte quejosa no promovió la vía constitucional en el plazo previsto para ese efecto y que no agotó el principio de definitividad, en específico, que no instó el recurso de revocación o bien el juicio contencioso administrativo. Respecto la primera de las hipótesis de inejercitabilidad, de lo argumentado por la autoridad en contraposición con lo señalado por la quejosa, se puede advertir que entre ambos señalamientos existe una íntima relación si es o no tercera extraña al procedimiento de donde emanó el acto reclamado; de ahí que, lo procedente sea desestimar dichas causas de improcedencia, pues constituye una cuestión de fondo el determinar la legalidad y consecuente constitucionalidad del emplazamiento al procedimiento administrativo de ejecución reclamado y sus consecuencias, en razón de la situación jurídica en que, conforme a constancias, aquélla se hubiera ubicado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.135/2001, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Por otra parte, deviene infundada la diversa hipótesis de improcedencia, pues el principio de definitividad conlleva que la acción constitucional es procedente si, previamente a su ejercicio, el gobernado agotó el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, a través del cual este podría ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, dicho principio admite excepciones, reguladas en la propia Ley de Amparo y en los criterios adoptados por los órganos del Poder Judicial de la Federación. En efecto, si bien es cierto entre los principios generales del juicio de amparo, mismos que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, el cual obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues el juicio de derechos fundamentales se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Sin embargo, existen excepciones que hacen que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra una resolución dentro del procedimiento administrativo, aun cuando no sea la definitiva, entre ellas, la relativa a cuando el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, como lo dispone la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO." En el caso, la parte quejosa acude a juicio como tercera extraña a las actuaciones administrativas de las que derivó el acto reclamado, es decir, se duele del ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo de ejecución y, consecuentemente, de la orden de inmovilización de cuentas bancarias a su nombre, específicamente en relación a las cuentas bancarias 80109616199 y 4060493244 de los bancos Banamex y HSBC, respectivamente, aduciendo que no ha sido legalmente notificada de tal acto. Respecto al tema debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que persona extraña a juicio, es aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de este o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente -como lo aduce la peticionaria de amparo-. Desde esa perspectiva, a la peticionaria del amparo le asiste la calidad de persona extraña por equiparación al procedimiento de origen, toda vez que se trata de la contribuyente. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.), de título: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA." Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación formulados por la quejosa, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de amparo, sin que se advierta queja deficiente que suplir, conforme lo dispuesto en el precepto 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY." En éstos esencialmente sostiene que se viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ordenar la responsable inmovilizar y asegurar las cuentas bancarias a su nombre, a saber, las cuentas 80109616199, 4060493244 y 4033765686 de los bancos Banamex y HSBC, respectivamente, sin que hubiese sido legalmente notificada de tal acto. Para arribar a esa conclusión, primeramente se debe decir que el artículo 14 Constitucional consagra el derecho de audiencia, que implica que a todo gobernado, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su vida, de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, se le dé oportunidad razonable de defenderse en juicio. El debido respeto al derecho de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga -ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho- y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN." Por otra parte, las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional y en el procedimiento administrativo para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa. Así, de no cumplirse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin del derecho de audiencia, que no es otro que evitar la indefensión del afectado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar, y El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente, por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. Es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." De igual manera, como se precisó en el considerando precedente, la quejosa se ostenta como persona extraña por equiparación al procedimiento, toda vez que se trata de la contribuyente. Ahora bien, para estudiar la legalidad del emplazamiento que se reclama, conviene analizar el contenido de los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, que señalan: "Artículo 134. Las notificaciones de los actos administrativos se harán: I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos. El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar. Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado un aviso mediante el mecanismo elegido por el contribuyente en términos del último párrafo del artículo 17-K de este Código. Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso. La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio por el cual le haya sido enviado el citado documento. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un sello digital que lo autentifique. Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital correspondiente, conforme a lo señalado en los artículos 17-D y 38, fracción V de este Código. II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción anterior. III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código. IV. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión. V. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 137 de este Código. Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero, se podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en las fracciones I, II o IV de este artículo o por mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos de conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales suscritos por México. El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las formalidades previstas en este Código y conforme a las reglas generales que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria." "Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil posterior que se señale en el mismo o para que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días contado a partir de aquél en que fue dejado el citatorio, o bien, la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón tributario. El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio del buzón tributario. En caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia el artículo 151 de este Código, no pueda realizarse personalmente, porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código, la notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargo se realizarán a través del buzón tributario. Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este Código." De los preceptos legales transcritos, en específico de las fracciones I y V, se advierte que las notificaciones de los actos administrativos se llevaran a cabo de la manera siguiente: Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos, y por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 137 de este Código; En el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes; Si encuentra a la persona buscada el ejecutor lo notificara; si no la encuentra en esa primera búsqueda le dejará citatorio para que espere en la casa designada a hora fija del día siguiente; y, Si en la segunda búsqueda la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio del buzón tributario. En este contexto, debe decirse que las reglas citadas tienen por objeto que se tenga plena certeza de que la contribuyente atenderá al llamado de la autoridad, lo que implica que el notificador debe cerciorarse, por un lado, que el domicilio en que se constituyó es el señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, lo cual debe realizar a través de medios bastantes y convincentes, debiendo expresar en forma precisa los elementos en que apoye la diligencia, esto es, que asiente con claridad si se cumplen esos requisitos, haciendo constar los medios de convicción que lo llevaron a concluir dicha circunstancia. Ahora bien, contrario a los argumentos expuestos por la parte quejosa, de las constancias que integran el presente juicio de derechos se desprende que respecto los procedimientos administrativos de ejecución 265A01E6327199106, 265A03E6327199106, 265155E6327199106, 265162E6327199106, 265163E6327199106, 265166E6327199106 y 265A02E6327199106, aun cuando los emplazamientos reclamados pudieran adolecer de vicios en el cercioramiento previo del domicilio de la contribuyente, acorde con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el funcionario encargado de practicar la diligencia se constituye en el domicilio en que se ubique el establecimiento o centro de trabajo relacionado con el registro patronal y hace constar que la entendió directamente con la contribuyente, el principio de certidumbre queda satisfecho a partir de ese instante, dado que logra comunicar directamente a ésta la existencia del procedimiento administrativo y el cercioramiento surge de manera simultánea ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser la persona buscada, y que se trata de su domicilio patronal el lugar en el que se encuentra constituido el diligenciario, pues para ese efecto la peticionaria de amparo se identificó con credencial de votar folio MNVL1553090126M900, lo que hace innecesario apoyarse de otros medios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente a la contribuyente la existencia del crédito o créditos fiscales. Al respecto, por las razones que la contienen, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 55/98, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." Como se ve, el emplazamiento que reclama la quejosa no es violatorio de sus derechos humanos, como lo aduce, pues el fedatario que practicó las diligencias de mérito cumplió con las disposiciones plasmadas en los numerales 134, fracción I, y 137, del Código Fiscal de la Federación, ya que se constituyó en el domicilio relacionado con el registro patronal, cerciorándose que éste era el de la contribuyente, realizando la diligencia en forma personal con ésta, quien se identificó con su credencial expedida por el Instituto Federal Electoral. Acto continuo, procedió a notificar a María Isabel Mendívil Velarde, los créditos fiscales omitidos y que dieron origen a los procedimientos administrativos de ejecución 265A01E6327199106, 265A03E6327199106, 265155E6327199106, 265162E6327199106, 265163E6327199106, 265166E6327199106 y 265A02E6327199106, corriéndole traslado con copia simple del mandamiento de ejecución, requiriéndola de pago de los créditos fiscales y levantando acta de embargo en su presencia respecto depósitos bancarios a su nombre; diligencias que, además, la mayoría fueron signadas por la contribuyente y, en otras, se plasmó su media filiación ante su negativa a firmar tales documentos. De igual manera, por lo que hace a los procedimientos administrativos de ejecución 265086E6327199106 y 265164E6327199106, si bien no se practicaron personalmente con la contribuyente buscada, el fedatario encargado de llevar dichas notificaciones cumplió con las formalidades previstas en los numerales 134y 137 del código tributario. Es así, pues respecto el procedimiento 265086E6327199106, se advierte que el notificador hizo constar que el dieciocho de noviembre de dos mil quince, se constituyó en el domicilio ubicado en Banamichi L 23 M 1 S/N, Lomas de Cortes, en Guaymas, Sonora -domicilio relacionado con el registro patronal-, y cerciorado previa y plenamente de ser el domicilio de la contribuyente buscada, ya que lo constató por la nomenclatura que identifica el lugar físico del domicilio y además por el dicho de Julián Francisco Villa Mendívil, quien se identificó con credencial para votar folio VLMN2675042420H700 y le informó que la persona buscada por el momento no se encontraba, por lo que procedió a dejarle citatorio para que lo esperara a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre siguiente. Seguidamente, en la fecha antes señalada, el fedatario de nueva cuenta se constituyó en el domicilio de mérito, lugar en el que se entrevistó con la misma persona, razón por la cual procedió a notificar a la contribuyente por conducto de dicha persona, los créditos fiscales derivados de tal procedimiento, requiriendo de pago y levantando acta de embargo en presencia de la citada persona, quien se abstuvo de firmar el acta respectiva. Y respecto, el diverso proceso 265164E6327199106, se advierte que el diligenciario, hizo constar que el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se constituyó en el domicilio de la contribuyente señalado con antelación, y cerciorado previa y plenamente de ser el domicilio de la contribuyente buscada, ya que lo constató por la nomenclatura que identifica el lugar físico del domicilio y además por el dicho de quien omitió proporcionar su nombre e identificarse, por lo que plasmó su media filiación -mujer, 1.55 metros de estatura, tez morena, complexión media, rostro redondo, cabello castaño, ojos café, nariz regular, boca regular, de 43 años y 85 kilos aproximadamente-, quien le informó que la persona buscada o su represente legal por el momento no se encontraban, por lo que procedió a dejarle citatorio para que lo esperara a las doce horas con cincuenta minutos del diecinueve de enero siguiente. En la fecha antes señalada, el ejecutor de nueva cuenta se constituyó en el domicilio de mérito, y procedió a notificar a la contribuyente por medio de instructivo los créditos fiscales derivados de tal procedimiento, requiriéndola de pago y levantando acta de embargo. Por consiguiente, contrario a lo que señala la solicitante del amparo, resulta claro que no se violaron las garantías de debido proceso y de audiencia, previstas en el segundo párrafo del artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, no puede calificarse como tercera extraña al procedimiento, pues la afectación ordenada a sus cuentas bancarias y su ejecución, es un acto generado en un procedimiento de ejecución seguido en su contra, del que ya tenía conocimiento, y tiene como finalidad lograr el cobro de créditos fiscales que también eran conocidos por la aquí quejosa. De ahí que los citados emplazamientos reúnan los requisitos legales que la propia ley señala para este tipo de notificaciones. Son ilustrativas a ello, las jurisprudencias 2a./J. 33/2018 (10a.) y: 2a./J. 85/2014 (10a.), que rezan: "NOTIFICACIONES. LAS DE DIVERSAS RESOLUCIONES O CRÉDITOS FISCALES EFECTUADAS CON LA MISMA PERSONA, POR EL MISMO ACTUARIO Y EN EL PROPIO LUGAR SON LEGALES. El contenido de los artículos 134 a 137 y 139 del Código Fiscal de la Federación constituye un sistema que establece la forma en que deben practicarse las notificaciones fiscales, y en su conjunto establecen los elementos que deben cumplir las notificaciones personales, a fin de que el gobernado tenga la certeza jurídica que establecen los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, las notificaciones de diversas resoluciones o créditos fiscales efectuadas con la misma persona, por el mismo actuario y en el propio lugar son legales, siempre que reúnan los demás requisitos que exige la ley, cuya circunstanciación se realice en cualquiera de las formas siguientes: a) en diversos citatorios y/o actas que contengan la misma hora; b) mediante un citatorio y/o acta para cada una que contengan distinta hora, entre sí; y, c) en un mismo citatorio y/o acta se notifiquen diversas resoluciones o créditos fiscales en única hora." "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. PARA CIRCUNSTANCIAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EL NOTIFICADOR RECABE DOCUMENTOS O ELEMENTOS INDUBITABLES QUE DEMUESTREN EL NEXO QUE ADUCE TENER CON EL CONTRIBUYENTE. De la interpretación del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación y en congruencia con el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en las jurisprudencias 2a./J. 15/2001 (*), 2a./J. 60/2007 (**), 2a./J.101/2007 (***) y 2a./J. 82/2009 (****), se advierte que para circunstanciar el acta de notificación es necesario que el notificador asiente datos objetivos que permitan concluir que: a) la diligencia se practicó en el domicilio señalado; b) se buscó al contribuyente o a su representante; y c) ante la ausencia de éstos se entendió la diligencia con quien se encontraba en el domicilio. En este último caso, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni expresa la razón por la cual está en el lugar o la relación que tiene con el interesado, se requerirá que el notificador asiente diversos datos que objetivamente lleven a estimar que la diligencia se practicó en el domicilio, como son las características del inmueble; si el tercero se encontraba en el interior, u otros datos diversos que, razonablemente, conlleven la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con quien dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación respectiva. De ahí que no puede obligarse al notificador a recabar los documentos con los que se acredite el vínculo del tercero con el contribuyente pues éste no está constreñido a justificar la razón por la que se encuentra en el lugar o su relación con el interesado ni, por ende, a proporcionar documentación referida con esa circunstancia, bastando entonces, a efecto de salvaguardar la legalidad del acto, que el notificador asiente los datos indicados, circunstanciando esos hechos en forma objetiva y no en meras apreciaciones subjetivas." Decisión En esa virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Isabel Mendívil Velarde, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, por los razonamientos vertidos en el considerando V de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con treinta y cuatro minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.
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