María Isabel Rodríguez Piri
Expediente 1500/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1500/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Isabel Rodríguez Piri
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 1500/2023 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por una de las autoridades responsables. Asimismo, revisado el estado procesal de autos, se advierte que en auto de admisión, se consideró que debido a la naturaleza de los actos reclamados no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Y por último, se certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede, para los efectos legales correspondientes. Abierto el período de pruebas, se hacen constar las pruebas documentales ofertadas por el quejoso en su demanda; así como las documentales aportadas por una de las autoridades responsables; el juez acuerda: se tienen por ofrecidas y admitidas las citadas probanzas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo; y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1500/2023; y Resultando Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido al siguiente día hábil, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, María Isabel Rodríguez Piri promovió demanda de amparo en contra del jefe del Departamento de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajdores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. El veintinueve de septiembre siguiente, se radicó la citada demanda, registrándola bajo el juicio de amparo 1500/2023, del propio índice, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerando Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que se reclaman actos a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: La retención de la indemnización global. La resolución de siete de julio del año en curso, en la cual se niega la devolución de la indemnización global. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados, pues así se advierte del contenido del informe justificado rendido por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), con sede en esta ciudad. Por su parte, el jefe del Departamento de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, a pesar de haber sido requerido para ello, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Además, la certeza de los actos reclamados queda demostrada con los documentos aportados en el presente juicio tanto por la parte quejosa como por una de las autoridades responsables, mismas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, al haber sido expedido por un funcionario público por motivo de sus funciones. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, materia común, quinta época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Causas de improcedencia infundadas El análisis de las causas de improcedencia es de oficio en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, lo aleguen o no las partes. Así, el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, señala que el presente juicio de amparo es improcedente en virtud de que se está en presencia de un acto reclamado que proviene de una relación de coordinación y por lo tanto se debe atender por los tribunales locales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de ahí que no tengan el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Sin embargo, contrario a lo que expresa dicha autoridad, el acto reclamado por la aquí quejosa si cumple con los requisitos para ser considerado un acto de autoridad para los efectos del amparo, en atención a lo que el Pleno del Quinto Circuito determinó al emitir la jurisprudencia PC.V. J/28 A (10a.), en donde deja si bien trata el tema del reclamo de la negativa del Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (FOVISSSTESON), a devolver al trabajador las aportaciones de vivienda enteradas por la dependencia a la que prestaba sus servicios, lo cierto es que por analogía debe imperar la misma determinación para el caso concreto. Esto es así, ya que en la especie la quejosa reclama la negativa de la devolución de la indemnización global que como trabajadora estuvo aportando a través de la dependencia a la que prestó sus servicios. Luego entonces, sin mayor argumento, se obtiene lo infundado de lo argumentado por la responsable en cita. Es aplicable por analogía la citada jurisprudencia de rubro y texto: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL VOCAL EJECUTIVO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON), A DEVOLVER AL TRABAJADOR LAS APORTACIONES DE VIVIENDA ENTERADAS POR LA DEPENDENCIA A LA QUE PRESTABA SUS SERVICIOS. La negativa del vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, respecto de la devolución de las aportaciones de vivienda enteradas por la dependencia gubernamental para la que prestaba sus servicios el trabajador, constituye un acto de autoridad de carácter administrativo al ser una determinación unilateral en la que decide en forma definitiva, imperativa y coercitiva el destino de los recursos en perjuicio del trabajador, como ente administrador." Registro digital: 2021271; Instancia: Plenos de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común, Laboral; Tesis: PC.V. J/28 A (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 686; Tipo: Jurisprudencia. Consideraciones jurídicas Al no hacerse valer ni advertirse de oficio la actualización de alguna otra causa de improcedencia, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La quejosa aduce, entre otra cosas, que la resolución contenida en el oficio número DPES-460-2023 de siete de julio de dos mil veintitrés, en la cual se niega la devolución de la indemnización global, transgrede la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional, por falta de fundamentación y motivación, al no haber tomado en cuenta el periodo comprendido a raíz de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, omitiendo incluso realizar el cómputo correspondiente. Es fundado dicho concepto de violación expuesto por la parte quejosa. Esto es así, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todo acto de autoridad debe reunir los siguientes requisitos: Ser emitido por autoridad competente; Adoptar la forma escrita; Citar el fundamento legal en que se sustenta el acto; y Encontrarse motivado. Los requisitos precisados tienen por objeto garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales todo acto de autoridad debe provenir de aquella que resulte competente y cumplir con las formalidades que le den eficacia jurídica, lo que implica que los actos de esta naturaleza necesariamente deben emitirse por quien esté facultado expresamente, precisando por escrito la fundamentación y motivación en que sustente su resolución. El segundo de los requisitos, relativo a la exigencia de que los actos de autoridad consten por escrito, tiene como propósito dar certeza jurídica a las relaciones entre los órganos del Estado y los gobernados, tanto respecto de su existencia, como de su contenido y consecuencias. Los requisitos tercero y cuarto, atinentes a la fundamentación y motivación, implica que la autoridad debe citar la norma jurídica aplicable al caso, esto es, la disposición normativa que regula el caso concreto sometido a su consideración y que sirve de sustento para resolverlo; mientras que la motivación implica el deber de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, y que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, para que sea correcta, es decir, que en cada caso específico se configuren las hipótesis normativas. De esta manera, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación a cargo de las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera jurídica de los gobernados; empero, la contravención a ese mandato constitucional puede revestir dos formas: La derivada de su falta; y La relativa a su incorrección. Bajo esa óptica, la falta de fundamentación y motivación se produce cuando la autoridad responsable omite expresar el precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto y las razones por las que considere que encuadra en esas hipótesis normativas. Por su parte, la indebida fundamentación y motivación tiene lugar cuando en el acto reclamado la autoridad responsable sí invoca los preceptos legales aplicables y expone las razones que sustentan su determinación; pero resultan inaplicables al caso concreto por las características específicas de este que impiden su adecuación a las hipótesis normativas, pues no obstante que la autoridad responsable sí exprese las razones que tiene en consideración para emitir el acto reclamado, estas discordan con el contenido de las normas legales invocadas. De lo anterior se sigue que la falta de fundamentación y motivación implica la ausencia de esos requisitos; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero los razonamientos expuestos por la autoridad responsable no encuadran con el contenido de las normas invocadas. La diferencia expuesta implica que la eventual concesión de la protección constitucional, en el primer caso, tendrá como efecto que se subsane tal irregularidad, expresando la fundamentación y motivación; en tanto que en el segundo, que se aporten fundamentos y motivos diversos a los contenidos en el acto impugnado. En ese sentido, en aquellos supuestos en los que de la simple lectura del acto reclamado se advierta la ausencia de fundamentación o motivación, al tratarse de una violación formal por carecer el acto de autoridad de elementos propios, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, procederá conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto y emita uno nuevo en el que subsane la irregularidad, expresando la fundamentación y motivación antes ausente. En el supuesto indicado, debe excluirse el análisis de los motivos de inconformidad que versen sobre la indebida fundamentación o motivación del acto reclamado. Ahora, cuando el acto reclamado no solo produzca sus efectos en el seno de la administración pública, sino que vaya más allá, causando una molestia al quejoso, el principio de legalidad exigirá que tal actuación se dicte por la autoridad competente en forma escrita, debidamente fundada y motivada, esto es, expresando los dispositivos legales en que la autoridad justifique su actuación, así como los razonamientos por los que, desde su punto de vista, se ajusta al caso concreto. Además, en el supuesto de actos emitidos por la autoridad administrativa, para que se estime satisfecho el principio de fundamentación debida, al establecer los preceptos legales de los que se desprenda la facultad específica con base en la cual se está emitiendo el acto de autoridad, si se trata de disposiciones normativas que contemplen varios supuestos, resulta indispensable que esta precise con claridad y exactitud el apartado, fracción, inciso y subinciso en que apoye su actuación, con el objeto de dar seguridad jurídica al gobernado, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión, al no estar en aptitud de determinar si dentro del cúmulo de facultades de la emisora se encuentra el supuesto conforme al cual se emitió el acto reclamado. Como se adelantó, es fundado el concepto de violación expuesto por la inconforme, toda vez que en el mismo básicamente señala, que al resolver la autoridad responsable respecto de la negativa para devolver la indemnización global que solicitó, vulnera las garantías de legalidad del derecho a la seguridad jurídica establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al carecer de fundamentación y motivación. Lo anterior, dado que basta imponerse del contenido del oficio número DPES-460-2023 de siete de julio de dos mil veintitrés, que reclama la quejosa, para advertir, en primer lugar y como afirma la quejosa, que carece de una adecuada fundamentación y motivación, dado que si bien en la misma se determina que con fundamento en el artículo 92 de la Ley 38 del citado Instituto, prescribió a su favor, al no haberse encontrado el trámite correspondiente por parte de la aquí quejosa dentro de los tres años contados a partir de que se dio de baja definitiva el quince de septiembre de dos mil diecinueve de la dependencia de Seguridad Pública del Estado, pues dicho trámite tenía para hacerlo hasta el quince de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, no se establecen las razones por las cuales no tomó en cuenta el tiempo que duró la contingencia de la pandemia SARS-CoV2. De lo anteriormente narrado se obtiene, como lo señala la quejosa, que la autoridad responsable en el oficio de referencia no funda ni motiva el parámetro que tomó en consideración para establecer el cómputo respectivo y llegar a la conclusión que habían transcurrido los tres años que el artículo 92 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, prevé para la devolución de la indemnización global solicitada por la quejosa, a pesar que dentro del plazo que menciona que transcurrió desde la baja definitiva que aconteció el quince de septiembre de dos mil diecinueve hasta el día que consideró que tenía la quejosa para hacer la solicitud, esto es, el quince de septiembre de dos mil veintidós, en dicho lapso se atravesó el periodo de la pandemia en mención, que con motivo de la misma a nivel federal y estatal se paralizaron las actividades oficiales en un periodo considerable por las autoridades sanitarias del País, el cual la autoridad responsable debió tomar en cuenta en dicho cómputo. Decisión Ante lo fundado del concepto de violación, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección solicitados por la parte quejosa, para efecto de que el ISSTESON a través de su Departamento de Prestaciones Económicas, adscrito a la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, realice lo siguiente: Deje insubsistente el oficio DPES-460-2023, de siete de julio de dos mil veintitrés. En su lugar, emita una nueva determinación en la que realice el cómputo correspondiente tomando en consideración el periodo que duró la pandemia del virus SARS-CoV2, de acuerdo con las reglas prescritas al respecto por las autoridades sanitarias de nuestro País. En las relatadas condiciones, por las razones expuestas, al haber sido fundado el motivo de disenso sujeto a análisis, se hace innecesario el estudio de los restantes expuestos contra el acto reclamado, pues en nada variaría el sentido de este fallo. Sustenta lo anterior, el precedente siguiente: "Registro digital: 240348 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Cuarta Parte, página 72 Tipo: Aislada CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Isabel Rodríguez Piri, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisadas en los apartados II y III, por los motivos y para los efectos precisados en los apartados V y VI de la presente resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por una de las responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.Magnolia
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas la documental que anexa, así como la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto legal, lógico y humano e instrumental de actuaciones, las cuales serán valoradas en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por María Isabel Rodríguez Piri, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados al jefe del Departamento de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la representación social de la adscripción y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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