María Isabel Uscanga Chávez
Expediente 1073/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Isabel Uscanga Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1073/2019, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a MARÍA ISABEL USCANGA CHÁVEZ, para los efectos siguientes: "[.] Deje sin efecto alguno la resolución combatida de trece de noviembre de dos mil diecinueve, y con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la legalidad o no de la resolución impugnada, esto es, se ocupe en principio de analizar si la determinación del no ejercicio de la acción penal cumple con la debida fundamentación y motivación, sin incurrir en las deficiencias que quedaron expuestas en este considerando. [.]" En proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, con oficio 812/2020 la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de trece de noviembre de dos mil diecinueve (acto reclamado) emitida en autos del cuadernillo de medios de impugnación número 9/2019 formado con motivo del escrito signado por MARÍA ISABEL USCANGA CHÁVEZ, relativa a la carpeta de investigación UIPJ/DXIX/SAT/834/2019/F7 de su índice. Posteriormente, con ocurso 989/2020 remitió copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 258 y demás relativos del Código Nacional del Procedimientos Penales, celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en la que procedió a estudiar los argumentos vertidos por las partes en audiencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve. En primer lugar, estableció que la asesora jurídica no especificó el tipo de fraude que se constituía, aunado a que refirió que su representada tuvo conocimiento de los hechos el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, siendo el treinta y uno de mayo de ese año, cuando interpuso la denuncia correspondiente, refiriendo estar en el tiempo procesal oportuno para que se estuviera en condiciones de resolver, sin que ello fuera tomado en consideración. Seguidamente, estudió lo referido por la defensa y la Fiscalía, en el sentido de que ya había fenecido el término para llevar a cabo la denuncia correspondiente, toda vez que fue puesta del conocimiento de los hechos el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, al encontrarse notificada de la sentencia dictada en autos de un juicio ejecutivo mercantil. Además, tomó en consideración que la parte imputada señaló que la víctima en todo momento sabía que ellos no contaban con ningún modo de pago. Consecuentemente, analizó que María Isabel Uscanga Chávez interpuso recurso de impugnación el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro del término de diez días que la ley le concede para ello, en contra de la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, así como la competencia legal para conocer del mismo de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 11 y 12 del Código Penal del Estado y 20 y 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47 fracción I, 48 fracción I, 187 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De la misma manera, valoró que la Fiscalía dentro de su determinación de no ejercicio de la acción penal, tomó en cuenta las argumentaciones de la asesora jurídica y la defensa, sin establecer el tipo de ilícito del que se tenía en conocimiento, el monto por el que se tuvo a bien realizar el delito de fraude, solo obra el señalamiento de fechas distintas, refiriendo el delito de fraude genérico, fraude específico, fraude procesal, con una regla del delito de fraude, sin especificar la cuantía ni cuál de ellos encuadraba, máxime que no advirtió valoraciones en los que se constituyan datos de prueba. Por tales motivos, estableció que la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, no se encuentra debidamente fundada y motivada, para determinar conformidad a lo que establecen los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales, así como el numeral 258 del mismo ordenamiento penal, revocar el no ejercicio de la acción penal, requiriendo al Ministerio Público para que de nueva cuenta realice dicha determinación, debiendo precisar a qué tipo de delito se refiere, si los hechos encuadran en el mismo, en cuanto a la prescripción señalar con que datos de prueba se establece que efectivamente ha fenecido, otorgándole un plazo de diez días para tal efecto. Finalmente, de lo expuesto con anterioridad se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó sin efectos la resolución de trece de noviembre de dos mil diecinueve y, con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente respecto de la legalidad o no de la resolución impugnada, esto es, analizó si la determinación del no ejercicio de la acción penal cumplía con la debida fundamentación y motivación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) y II, inciso b) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercero interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a MARÍA ISABEL USCANGA CHÁVEZ, para los efectos siguientes: "[.] Deje sin efecto alguno la resolución combatida de trece de noviembre de dos mil diecinueve, y con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la legalidad o no de la resolución impugnada, esto es, se ocupe en principio de analizar si la determinación del no ejercicio de la acción penal cumple con la debida fundamentación y motivación, sin incurrir en las deficiencias que quedaron expuestas en este considerando. [.]" En proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, con oficio 812/2020 la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de trece de noviembre de dos mil diecinueve (acto reclamado) emitida en autos del cuadernillo de medios de impugnación número 9/2019 formado con motivo del escrito signado por MARÍA ISABEL USCANGA CHÁVEZ, relativa a la carpeta de investigación UIPJ/DXIX/SAT/834/2019/F7 de su índice. Posteriormente, con ocurso 989/2020 remitió copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 258 y demás relativos del Código Nacional del Procedimientos Penales, celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en la que procedió a estudiar los argumentos vertidos por las partes en audiencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve. En primer lugar, estableció que la asesora jurídica no especificó el tipo de fraude que se constituía, aunado a que refirió que su representada tuvo conocimiento de los hechos el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, siendo el treinta y uno de mayo de ese año, cuando interpuso la denuncia correspondiente, refiriendo estar en el tiempo procesal oportuno para que se estuviera en condiciones de resolver, sin que ello fuera tomado en consideración. Seguidamente, estudió lo referido por la defensa y la Fiscalía, en el sentido de que ya había fenecido el término para llevar a cabo la denuncia correspondiente, toda vez que fue puesta del conocimiento de los hechos el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, al encontrarse notificada de la sentencia dictada en autos de un juicio ejecutivo mercantil. Además, tomó en consideración que la parte imputada señaló que la víctima en todo momento sabía que ellos no contaban con ningún modo de pago. Consecuentemente, analizó que María Isabel Uscanga Chávez interpuso recurso de impugnación el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro del término de diez días que la ley le concede para ello, en contra de la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, así como la competencia legal para conocer del mismo de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 11 y 12 del Código Penal del Estado y 20 y 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47 fracción I, 48 fracción I, 187 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De la misma manera, valoró que la Fiscalía dentro de su determinación de no ejercicio de la acción penal, tomó en cuenta las argumentaciones de la asesora jurídica y la defensa, sin establecer el tipo de ilícito del que se tenía en conocimiento, el monto por el que se tuvo a bien realizar el delito de fraude, solo obra el señalamiento de fechas distintas, refiriendo el delito de fraude genérico, fraude específico, fraude procesal, con una regla del delito de fraude, sin especificar la cuantía ni cuál de ellos encuadraba, máxime que no advirtió valoraciones en los que se constituyan datos de prueba. Por tales motivos, estableció que la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, no se encuentra debidamente fundada y motivada, para determinar conformidad a lo que establecen los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales, así como el numeral 258 del mismo ordenamiento penal, revocar el no ejercicio de la acción penal, requiriendo al Ministerio Público para que de nueva cuenta realice dicha determinación, debiendo precisar a qué tipo de delito se refiere, si los hechos encuadran en el mismo, en cuanto a la prescripción señalar con que datos de prueba se establece que efectivamente ha fenecido, otorgándole un plazo de diez días para tal efecto. Finalmente, de lo expuesto con anterioridad se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó sin efectos la resolución de trece de noviembre de dos mil diecinueve y, con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente respecto de la legalidad o no de la resolución impugnada, esto es, analizó si la determinación del no ejercicio de la acción penal cumplía con la debida fundamentación y motivación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En virtud de lo anterior, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva este incidente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a MARÍA ISABEL USCANGA CHÁVEZ, para los efectos siguientes: "[.] Deje sin efecto alguno la resolución combatida de trece de noviembre de dos mil diecinueve, y con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la legalidad o no de la resolución impugnada, esto es, se ocupe en principio de analizar si la determinación del no ejercicio de la acción penal cumple con la debida fundamentación y motivación, sin incurrir en las deficiencias que quedaron expuestas en este considerando. [.]" En proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, con oficio 812/2020 la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de trece de noviembre de dos mil diecinueve (acto reclamado) emitida en autos del cuadernillo de medios de impugnación número 9/2019 formado con motivo del escrito signado por MARÍA ISABEL USCANGA CHÁVEZ, relativa a la carpeta de investigación UIPJ/DXIX/SAT/834/2019/F7 de su índice. Posteriormente, con ocurso 989/2020 remitió copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 258 y demás relativos del Código Nacional del Procedimientos Penales, celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en la que procedió a estudiar los argumentos vertidos por las partes en audiencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve. En primer lugar, estableció que la asesora jurídica no especificó el tipo de fraude que se constituía, aunado a que refirió que su representada tuvo conocimiento de los hechos el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, siendo el treinta y uno de mayo de ese año, cuando interpuso la denuncia correspondiente, refiriendo estar en el tiempo procesal oportuno para que se estuviera en condiciones de resolver, sin que ello fuera tomado en consideración. Seguidamente, estudió lo referido por la defensa y la Fiscalía, en el sentido de que ya había fenecido el término para llevar a cabo la denuncia correspondiente, toda vez que fue puesta del conocimiento de los hechos el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, al encontrarse notificada de la sentencia dictada en autos de un juicio ejecutivo mercantil. Además, tomó en consideración que la parte imputada señaló que la víctima en todo momento sabía que ellos no contaban con ningún modo de pago. Consecuentemente, analizó que María Isabel Uscanga Chávez interpuso recurso de impugnación el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro del término de diez días que la ley le concede para ello, en contra de la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, así como la competencia legal para conocer del mismo de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 11 y 12 del Código Penal del Estado y 20 y 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47 fracción I, 48 fracción I, 187 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De la misma manera, valoró que la Fiscalía dentro de su determinación de no ejercicio de la acción penal, tomó en cuenta las argumentaciones de la asesora jurídica y la defensa, sin establecer el tipo de ilícito del que se tenía en conocimiento, el monto por el que se tuvo a bien realizar el delito de fraude, solo obra el señalamiento de fechas distintas, refiriendo el delito de fraude genérico, fraude específico, fraude procesal, con una regla del delito de fraude, sin especificar la cuantía ni cuál de ellos encuadraba, máxime que no advirtió valoraciones en los que se constituyan datos de prueba. Por tales motivos, estableció que la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, no se encuentra debidamente fundada y motivada, para determinar conformidad a lo que establecen los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales, así como el numeral 258 del mismo ordenamiento penal, revocar el no ejercicio de la acción penal, requiriendo al Ministerio Público para que de nueva cuenta realice dicha determinación, debiendo precisar a qué tipo de delito se refiere, si los hechos encuadran en el mismo, en cuanto a la prescripción señalar con que datos de prueba se establece que efectivamente ha fenecido, otorgándole un plazo de diez días para tal efecto. Finalmente, de lo expuesto con anterioridad se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó sin efectos la resolución de trece de noviembre de dos mil diecinueve y, con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente respecto de la legalidad o no de la resolución impugnada, esto es, analizó si la determinación del no ejercicio de la acción penal cumplía con la debida fundamentación y motivación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo anterior se notifica por este medio a la parte quejosa así como a los terceros interesados, por así estar ordenado en autos
- Principal
De la certificación secretarial que antecede se advierte que en la Circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a las medidas de contingencia que se tomaron en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó suspender en su totalidad las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de este año; periodo en la que no corrieron plazos y términos procesales para los asuntos presentados físicamente antes de la declaratoria de contingencia; por lo que hasta el día de hoy se provee el ocurso de cuenta. Por otra parte, agréguese el telegrama y oficio con anexo signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias con las cuales considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados con el telegrama y oficio con anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a sus intereses legales convengan, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Lo anterior se notifica por este medio a la parte quejosa así como a los terceros interesados, por así estar ordenado en autos
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Juez de control y enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitiendo copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de trece de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, determinó revocar la determinación del no ejercicio de la acción penal de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, en la carpeta de investigación ****, al considerar que no cumple con la debida fundamentación y motivación, ya que el fiscal aduce que la acción persecutoria por parte de la querellante se encuentra prescrita, pues tuvo pleno conocimiento de la falta de pago por parte de los sujetos activos desde el año dos mil diecisiete y la formalizó presentándola el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, sin precisar día y mes en que tuvo conocimiento de los hechos, ni los datos de prueba que justifican su proceder. Sin embargo, no pasa desapercibido para el suscrito que la autoridad responsable volvió a actuar en contravención al artículo 16 constitucional, puesto que en la ejecutoria de amparo se le especificó que tenía que dar respuesta con la debida fundamentación y motivación a la litis de la impugnación, que se constriñe en determinar si la querellante debió presentar su querella dentro del plazo de un año contado a partir de que conoció los hechos que constituyen la comisión del delito de fraude, es decir, desde la fecha en que se incumplió con el pago del título de crédito suscrito por los indiciados en favor de la ofendida, que fue desde el año dos mil diecisiete o, si por el contrario, lo anterior resulta inexacto porque dicho plazo se debió computar considerando que la querellante tuvo conocimiento de los hechos denunciados por el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio mercantil en que se demandó previamente el pago del citado pagaré. Asimismo, tampoco precisó cuál es el hecho en específico que determina el conocimiento de los hechos que eventualmente a su criterio determinan la existencia del delito denunciado, toda vez que con ello se debe dar respuesta a la postura que la recurrente hizo en el sentido de que el conocimiento de los hechos delictivos se determina por el momento en el que conoció el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio mercantil en el que se demandado el pago del citado pagare. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que subsiste el apercibimiento establecido en el proveído de tres de noviembre de esta anualidad, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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