María Isabel Sánchez Herrera
Expediente 1160/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Isabel Sánchez Herrera
- Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1160/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente de suspensión, en virtud que se declaró sin materia, como se advierte de la resolución emitida en data de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (fojas 30 a 31), con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamoara, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente de suspensión, en virtud que se declaró sin materia, como se advierte de la resolución emitida en data de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (fojas 30 a 31), con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Acto continuo, el secretario da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con la prueba documental ofrecida por la autoridad responsable 1. Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, se hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. Atento a lo anterior, el juez acuerda: téngase por desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba ofrecida por la autoridad en cita, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el período de alegatos, el secretario certifica que las partes nos los formularon. Se acuerda: Como las partes no realizaron manifestaciones, se concluye este período de la audiencia constitucional. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1160/2022, promovido por María Isabel Sánchez Herrera, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de diciembre dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, María Isabel Sánchez Herrera promovió juicio de amparo contra actos de la 1. Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, mismos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; inconforme con dicho auto la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual por cuestión de turno le tocó conocer a los magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, quienes declararon fundado el citado recurso de queja. En acatamiento a la mencionada resolución de la superioridad, en auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional, la que finalmente tuvo verificativo en el horario y día señalados. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 66) y se emplazó a la representación ministerial de la federación (foja 37); la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Así también es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no precisa de ejecución alguna, pues se trata de un acto omiso; de ahí la competencia de este órgano para conocer y resolver el presente asunto, al haber recibido, por cuestión de turno, la demanda de mérito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. Atendiendo a lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio a la 1. Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, lo constituye: "La omisión de expedirme y entregarme las copias de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-10/4855/2020 y la violación al derecho de petición." Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de actos. La autoridad responsable 1. Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, si bien negó la existencia del acto que se le reclama, tal como se aprecia de su informe justificado (foja 66) de sus manifestaciones y en complemento se advierte la certeza del mismo, lo que además se corrobora con la constancia que obra en autos, de las que se advierte que veinte de diciembre de dos mil veintidós, se entregaron fotocopias integras, legibles y ordenadas de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-10/4855/2020, que derivó el proceso penal 29/2022, al licenciado Edwin Francisco Martínez Orduña, en su carácter de defensor particular, de ahí que ha lugar a tener por cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, dicha certeza se corrobora con la constancia que adjuntó como complemento a su informe justificado, pues de éstas se advierte el acto reclamado en el presente juicio. A la referida documental se le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación con la omisión combatida, en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos dicha omisión. El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden del escrito inicial de demanda, así como de la copia certificada remitida por la 1. Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a).- La aquí quejosa, fue citada para la audiencia de imputación dentro del proceso penal 29/2022, para el día veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, proceso que se instruye por el delito de fraude en agravio de Gilberto Galassi Almora, difiriendo dicha audiencia para el mes de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que la 1. Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, no le había facilitado copias de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-10/4855/2020. b).- El veinte de diciembre de dos mil veintidós, la 1. Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, hizo entrega de las copias integras, legibles y ordenadas de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-10/4855/2020, al licenciado Edwin Francisco Martínez Orduña, en su carácter de defensor particular (foja 67). Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio, ha quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues mediante fecha de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se entregaron copias debidamente certificadas de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-10/4855/2020, al licenciado Edwin Francisco Martínez Orduña, en su carácter de defensor particular. Por tanto, la omisión en el trámite del proceso quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En términos de lo anteriormente considerado, el suscrito considera procedente emitir el presente fallo, aun cuando no se ha emplazado a juicio a quien fuera señalado con el carácter de tercero interesado, siendo este Gilberto Galassi Almora. Lo anterior, pues el sentido de esta sentencia no les produce perjuicio alguno; de ahí que a nada práctico conllevaría posponer el dictado de la misma, a fin de ordenar que se realicen dichos emplazamientos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531 de la séptima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Así también, es aplicable la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Isabel Sánchez Herrera, contra los actos precisados en el considerando segundo, que atribuye a la 1. Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con quince minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido del secretario Jorge Lagunes Maitret, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1160/2022, promovido por María Isabel Sánchez Herrera, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta que las partes no las ofrecieron. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1160/2022; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. María Isabel Sánchez Herrera, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, en Veracruz, Veracruz. 26 Niega Desvirtúa De las que reclama: LA OMISIÓN DE EXPEDIRME Y ENTREGARME LAS COPIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN UIPJ/DXVII/F-10/4855/2020 Y LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. En auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés (foja 16 a 20) este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, en Veracruz, Veracruz, negó la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. No obstante lo anterior, su negativa queda desvirtuada, ya que es sobre la base de que el veinte de diciembre de dos mil veintidós entregó las copias de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/F-10/4855/2020 al defensor de la parte quejosa, esto es, días posteriores a la presentación de la demanda de amparo indirecto en que se actúa, lo que hace presumir que el acto reclamado si existió, pero la negativa atribuida a la responsable ha quedado solventada, como se advierte de la constancia que anexó a su informe previo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, PROCEDE DECLARAR SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión por cuanto hace los actos reclamados por el aquí quejoso María Isabel Sánchez Herrera, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta suspensión. Notifíquese en términos de ley.
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