María Isabel Soloeta López
Expediente 1822/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1822/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/12/2021
Partes del expediente
- María Isabel Soloeta López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto de en el que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Presidente Especial de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido.Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del contenido de las aludidas constancias, se evidencia una causal indudable y manifiesta, que acarrea el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional.Es oportuno afirmar que por excepción, acorde al criterio jurisprudencial que posteriormente se invoca, en ocasiones como la presente, es permitido sobreseer en el juicio fuera de audiencia, si es que en la especie se tiene una causal manifiesta, notoria e indudable que necesariamente conduce al sobreseimiento, lo que impide que se continúe con el trámite del juicio.Así, se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, o sea, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 2ª./J 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor dice SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, en atención a lo anterior, este juzgador decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en atención a las consideraciones que a continuación se precisarán. Cabe destacar, que la parte quejosa reclama del Presidente de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en esta vía constitucional, lo siguiente: Al Presidente de la H. Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco le reclamo el incumplimiento a lo ordenado en los artículos 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, así como el numeral 129 de la Ley de Amparo y artículo 91 del Código Civil Federal en relación con el artículo 17 de la Constitución General de la República, ante el manifestó incumplimiento de la obligación que tiene de administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, y como consecuencia reclamo LA FALTA DE DESAHOGO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS al promoverse el incidente respectivo mediante promoción presentadas a las 11:03 horas del día 15 de febrero de 2021, en el expediente laboral de la TERCERA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE del estado de Jalisco. Ahora bien, de las documentales que la responsable adjuntó al informe con justificación, en lo que interesa destaca la copia certificada del auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que proveyó el escrito presentado por la aquí quejosa el quince de febrero de esta anualidad, en los autos del expediente 3537/2012/3-K de su índice, haciendo de su conocimiento que se declaró incompetente para conocer el incidente de reclamación de daños y perjuicios que promovió de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo; documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, como se precisó, toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de proveer respecto del escrito presentado el quince de febrero de esta anualidad, en los autos del expediente de su índice, mismo que con fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fue proveído por la responsable, haciendo de su conocimiento que se declaró incompetente para conocer el incidente de reclamación de daños y perjuicios que promovió de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que con aquello se constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido, por tanto, no puede continuar surtiendo efectos. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la quejosa; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, que es del tenor literal siguiente ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, que reza SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la citada legislación, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso.Así como la tesis 2a./J.44/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 373, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. Toda vez que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abandonar el criterio referido en la jurisprudencia 45/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, los alcances por los que se pudiera otorgar la protección constitucional deberán de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por Segunda Sala, visible en la página 732, registro 2005150, Materia(s): Común, Décima Época, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, a saber, las diez horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente Auxiliar y Secretario de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, informan en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada del auto de veintiuno de octubre de este año, en el que se fijó una nueva fecha para el verificativo de la audiencia prevista por el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y se comisionó al actuario para que emplace a las demandadas; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y téngaseles en vías de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y Actuario adscrito, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo bajo apercibimiento de ley cumplan con lo requerido
- Principal
Visto el escrito signado por , quien se ostenta como representante legal del particular señalado como responsable mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos; en consecuencia, tan solo agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, por no tener la ocursante carácter reconocido en el sumario en que se actúa. En esas condiciones, toda vez que se estiman necesarias para resolver el sumario en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase nuevamente al particular --para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el estado en que se encuentra la cuenta , aperturada a nombre de la aquí quejosa -esto es, si la misma se encuentra inmovilizada o libre de cualquier bloqueo, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten cualquiera de los dos supuestos; o bien, acredite la personalidad con la que se ostenta --quien dice ser su representante legal; BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA CON LO REQUERIDO
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes
- Maria Isabel Mena Valdivia611/2020
- María Isabel Padilla Enriquez966/2018
- María Isabel Pérez Ruvalcaba2150/2017
- María Isabel Rodríguez Sánchez408/2020
- María Isabel Salcedo Reyes2173/2022
- María Isabel Soloeta López110/2021
- María Isabel Soloeta López1406/2017
- María Isela Rentería García1234/2023
- María Jimena Plascencia Villanueva1091/2023
- María Jiménez Pimentel1986/2017
- María José Ayala Ascencio734/2019
- María José Cabo González1811/2016