María Isabel Salcedo Reyes

Expediente 2173/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2173/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • María Isabel Salcedo Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    V I S T O S, para resolver, el incidente innominado a fin de determinar en cantidad líquida, la indemnización que deberá ser restituida a la quejosa, para dar cumplimiento al fallo protector, emitido en el juicio de amparo indirecto 1236/2017, promovido en contra de la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Jalisco y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo, por su propio derecho, el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Agente del Ministerio Público e Instructor del Procedimiento adscrito a la Dirección de Asuntos Internos y Auditoria Preventiva de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y Auxiliar de Instrucción adscrito a la Agencia del Ministerio Público e Instructor del Procedimiento adscrito a la Dirección de Asuntos Internos y Auditoria Preventiva de la citada Fiscalía, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama la ilegal notificación personal, supuestamente practicada a mi persona o mi representante legal de fecha 27 de febrero de 2017, respecto de la resolución que puso fin al procedimiento de responsabilidad incoado en mi contra, se reclama de igual forma el citatorio de fecha 24 de febrero de 2017, supuestamente practicados estos actos de autoridad dentro del expediente, que se tramita bajo la tutela del MINISTERIO PUBLICO INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO, ADSCRITO AL ÓRGANO DE CONTROL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA Y VISITADURIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO.". SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el veinte de abril de dos mil diecisiete (folios 13 a 16), en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el doce de julio de dos mil diecisiete, María del Carmen Vásquez Ruiz, por su propio derecho, amplió la demanda de garantías en contra de los actos que atribuyó al Fiscal General del Gobierno del Estado de Jalisco, Director del Órgano de Control Interno adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos y Auditoria Preventiva de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Agente del Ministerio Público e Instructor del Procedimiento adscrito a la Dirección de Asuntos Internos y Auditoria Preventiva de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y Auxiliar de Instrucción adscrito a la Agencia del Ministerio Público e Instructor del Procedimiento adscrito a la Dirección de Asuntos Internos y Auditoria Preventiva de la citada Fiscalía, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Señalo como tales: --- 1.- Se RECLAMA todo lo actuado dentro del procedimiento de responsabilidad Administrativa radicado en la AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO JUICIO DE AMPARO INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y AUDITORIA PREVENTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, bajo el número de expediente Esto es desde el auto que dio inicio al mismo hasta la resolución que puso fin a dicho procedimiento. --- 2.- Se reclama la inexistencia de la Orden de Visita que dio origen a la actuación de fecha 08 de agosto de 2014, misma que dio inicio a las 12:40 horas y que se identifica como acta de Visita de Inspección y Vigilancia a la Agencia del Ministerio Publico número 06 seis, de Delitos Patrimoniales No Violentos, dependiente de la Dirección Regional de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. --- 3.- Se reclama el ilegal acuerdo de incoación al procedimiento de responsabilidad administrativa con el que se supuestamente quedaron acreditadas las supuestas irregularidades que se imputan a mi persona. --- 4.- Se reclama la no valoración ni admisión de las pruebas ofertadas de mi parte dentro del procedimiento del que emana el presente amparo y la no admisión de las mismas, lo anterior aun y cuando estas fueron ofrecidas en tiempo y forma, de común acuerdo a la Ley Procesal Civil del Estado de Jalisco, a efecto de desvirtuar fehacientemente la verdad de los hechos y omisiones que se me imputan. Así mismo se reclama todas y cada una de las violaciones procesales dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado en la AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO E INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y AUDITORIA PREVENTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, bajo el numero de expediente P.R.A. 298/2014-B, cometidas en agravio de mi persona. --- 5.- Reclamo la ilegalidad de la resolución que puso fin al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado en la AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO E INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y AUDITORIA PREVENTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, bajo el numero de expediente, y como consecuencia de lo anterior el cese ilegal, la suspensión o separación de mi cargo como servidor público, la omisión y no pago de mi salario, bonos prestaciones y en si cualquier otro que con motivo de mi trabajo deje de percibir por la ilegalidad del procedimiento de la que fui objeto.". En acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete, se admitió la ampliación de demanda de garantías, y se ordenó pedir informe justificado a las responsables; dar vista a la Ministerio Público de la Federación adscrita; y se hizo saber la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional (foja 162), y el catorce de diciembre siguiente, se dictó sentencia definitiva en la que se concedió el amparo solicitado (foja 164); inconforme con dicha determinación, las autoridades responsables promovieron recurso de revisión (foja 219), el cual, por razón de turno le toco conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mismo que, mediante ejecutoria emitida en el recurso de revisión, el pasado veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el amparo (folio 336). CUARTO. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a las autoridades señaladas como responsables, para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. QUINTO. En auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó la apertura de incidente innominado, de manera oficiosa al no haber cantidad líquida a pagar a favor de la quejosa, se dio vista a las partes por un término de tres días a fin de que alegaran lo que a su derecho corresponde y ofrecieran pruebas a fin de precisar la cantidad que en su caso procede entregar a la quejosa, posteriormente se fijó fecha para la celebración de la audiencia relativa, la cual se llevó acabo el veintidós de mayo de dos mil diecinueve y el doce de julio siguiente se dictó la resolución. SEXTO. Inconforme la parte quejosa con la resolución anterior, interpuso recurso de queja que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual en ejecutoria de treinta de octubre de dos mil diecinueve, declaró fundado el recurso, por las consideraciones siguientes: "se aprecia que el Alto Tribunal de la Nación, determinó que la obligación de pagar la "remuneración diaria ordinaria" deriva del propio texto constitucional, esto es, del artículo 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente, del enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", por lo que en atención al principio de supremacía constitucional, debe estarse a lo que establezca la ley Suprema, y porque además, como ya se dijo, la remuneración diaria ordinaria no corresponde a salarios caídos. Luego, al derivar la condena de que se trata, de una determinación en juicio (la cual constituye cosa juzgada); la responsable o incurre en responsabilidad alguna al cubrirla. De no hacerlo, si incurriría en desacato a una orden judicial; por ello, si debió el a quo federal cuantificar ese concepto (remuneración diaria ordinaria), en su interlocutoria. En el entendido que, el pago de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso; deben cubrirse desde que se concretó su separación injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente tal como se señala con la reproducida jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.)." En atención a lo anterior, el quince de noviembre de dos mil diecinueve, se fijó fecha para la celebración de la audiencia correspondiente, la cual, se llevó a cabo el veintiséis de diciembre de dos mil veinte y con esa misma fecha, se dictó la resolución correspondiente. SÉPTIMO. Inconforme la parte quejosa con la resolución anterior, interpuso recurso de queja que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual en ejecutoria emitida en el recurso de queja, declaró fundado el recurso, y ordenó dejar sin efectos la resolución de liquidación de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, por las consideraciones siguiente: " De ahí que, conforme a las razones antes expuestas, resulta fundado lo argüido en los agravios en estudio, acerca de que para cuantificar todas y cada una de las prestaciones se debe atender la fecha en que se suspendió a la quejosa temporalmente del cargo, lo que aconteció el trece de agosto de dos mil catorce, sin perjuicio de la facultad que tiene el propio juez de Distrito para valorar, de ser el caso, aquellos elementos de contradicción con los que la parte interesada llegara a demostrar que ha sido cubierto el pago de ciertas prestaciones o emolumentos a favor de la parte quejosa. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, no obstante que, no se encuentra acreditada la petición que afirma la interesada realizó dentro de la tramitación del incidente innominado, el juez de Distrito como consecuencia del ejercicio de su función jurisdiccional deberá ejercer facultad de invocar como hecho lo actuado en el juicio de amparo indirecto de su índice, con la finalidad de atender el material probatorio aportado al mismo a efecto de determinar la suma de dinero que en derecho corresponda recibir a la parte quejosa, pues esta sostiene que existe información enviada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, respecto de las cantidades que debe entregarle, en el entendido de que la parte interesada (ahora recurrente) también estará en posibilidad de allegar las constancias de que se trata al procedimiento incidental." Seguido el juicio incidental, mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia respectiva, la cual se llevó a cabo el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y con fecha de tres de agosto siguiente, se dictó la resolución correspondiente. Inconforme la parte quejosa con la resolución anterior, interpuso recurso de queja que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual en ejecutoria emitida en el recurso de queja 288/2021, declaró fundado el recurso; y ordenó dejar sin efectos la resolución de liquidación de veintiséis de diciembre de dos mil veinte, por las consideraciones siguiente: Seguido el juicio incidental, mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia respectiva, la cual se llevó a cabo el veintisiete de diciembre pasado, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo es legalmente competente para conocer del presente incidente innominado, en términos de lo dispuesto en los artículos 67 y 196 de la Ley de Amparo, por haber tramitado el presente juicio de garantías. Ahora, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, la instauración del incidente tiene por objeto el precisar, definir o concretar la forma y términos del cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en autos; es decir, cuantificar en cantidad líquida la indemnización que debe pagarse a la parte quejosa. En ese tenor, para cuantificar los conceptos a que se condenó, conforme al material probatorio aportado, se estiman suficientes los documentos allegados por la autoridad responsable, consistente en la hoja laboral de la parte quejosa y oficio en el cual se advierte los incrementos del puesto que desempeñaba la impetrante de garantías en la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Asimismo, y en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el recurso de queja, se tiene a la vista las actuaciones originales del juicio de amparo del índice de este juzgado, al resultar hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se destaca el oficio presentado ante este juzgado el siete de junio de dos mil diecinueve (folio 408 a 413), en el que da repuesta a la solicitud de la quejosa e informa las prestaciones que percibía previo a que fuera separada de su cargo. Documentos que al no haber sido objetados, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, en cumplimiento a lo resuelto en la ejecutoria fueron analizadas las constancias que obran en el juicio de amparo del índice de este juzgado y que se tuvo por hecho notorio (folio 412 y 413), de la que se advierte que, la parte quejosa en la demanda de amparo manifestó que, el último pago que recibió fue el correspondiente al quince de enero del año dos mil quince. Así lo es, si bien es cierto que la parte quejosa aduce que, el último pago de nómina que recibió fue el correspondiente a la última quincena de diciembre de dos mil catorce, y para acreditar lo anterior ofreció como pruebas en el presente incidente de liquidación que nos ocupa, dos estados de cuenta de los periodos comprendidos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince, así como, del dieciséis de febrero al quince de marzo de dos mil quince, expedidos por la institución bancaria Santander, a nombre de aquí quejosa, de los cuales, se advierte del primero de ellos que le fue depositado el catorce de enero de dos mil quince, la cantidad de $, por concepto de pago de nómina; y asimismo, del segundo estado de cuenta se desprende que, el dieciséis de febrero de dos mil quince, le fue retirada la cantidad de por concepto de anulación de pago de nómina, por lo que alega en sus manifestación que el pago realizado el quince de enero de dos mil quince, le fue retirado el dieciséis de febrero siguiente; sin embargo, no obstante lo anterior, no ha lugar a tomar como referencia como último pago de nómina la última quincena de diciembre de dos mil catorce, como lo aduce la quejosa, así lo es, pues de las pruebas aportadas por la responsable, el doce de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que, le fue pagado a la impetrante las dos quincenas de enero y la primera de febrero de dos mil quince, pues así se advierte de las copias certificadas de las nóminas a nombre de la aquí impetrante. Así es, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha circunstancia, con el estado de cuanta del periodo del dieciséis de enero de dos mil quince al quince de febrero siguiente, del que se advierte que no le fue depositado el pago de nómina correspondiente a la última quince de enero de dos mil quince y la primera de febrero siguiente. Ahora bien, no se tomará como último pago de nómina la primera quincena de febrero de dos mil quince, no obstante que la responsable acredita haber realizado el pago, sin embargo, como se recordará en párrafos que anteceden, del segundo estado de cuenta que ofreció como prueba la quejosa, se desprende que, el dieciséis de febrero de dos mil quince, le fue retirada la cantidad de por concepto de anulación de pago de nómina, por lo se concluye que no fue realizado el pago de nómina referente a la primera quincena de febrero de dos mil quince. Por lo antes expuesto, y en atención a lo resuelto en las ejecutorias 74/2020 y 288/2021, la presente resolución será tomado en consideración para la cuantificación de las cantidades a pagar al quejoso, el periodo que se abarcan desde su ingreso a la corporación uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve (folio 437); a la fecha del último pago que recibió la parte quejosa, esto es, el treinta y uno de enero de dos mil quince, además, únicamente con fines prácticos, el computó de los días para cuantificar los montos a condenar, se calcularan al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Por otra parte, es importante mencionar, que el concepto de vacaciones no será cuantificado pues este se encuentra comprendido en la remuneración diaria ordinaria vía sueldo devengado en el periodo de disfrute de descanso, pues de hacerlo así daría lugar a un doble pago por los mismos días, esto es, se exigiría un pago por remuneración diaria ordinaria y otro por concepto de vacaciones respecto de los mismos días. En ese orden de ideas, para calcular el sueldo mensual y sueldo diario que servirán para la cuantificación, se tomarán como base las cantidades que se desprenden de las documentales ya descritas, mismas de las que se desprende: SUELDO MENSUAL $ Por tanto, se computan los siguientes conceptos a que tiene derecho el quejoso: a) INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, la cual se constituye con el pago de tres meses de sueldo; es decir, de noventa días, la cual debe pagarse conforme al salario integrado. Por lo que al corresponderle un salario mensual integrado de **concepto establecido por el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. En este apartado debe decirse que la quejosa ingresó a la corporación policiaca el uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, circunstancia que se corrobora con la hoja laboral realizada por la autoridad responsable (foja 437), además que la misma no se objetó en autos, mucho menos existe prueba en contrario. Asimismo, es de precisarse que para efectos de este concepto será tomado en consideración a partir del año de ingreso (primero de agosto de mil novecientos noventa y nueve), a la fecha en que se llevó a cabo la separación del cargo (diez de febrero de dos mil diecisiete), ello de conformidad con la jurisprudencia 198/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro de la que se destaca que los veinte días se contaran respecto de los años efectivamente laborados. Por tanto, del primero de agosto de mil novecientos noventa y nueve a la fecha en que se llevó a cabo la separación del cargo, esto es, diez de febrero de dos mil diecisiete, transcurrieron diecisiete años seis meses, diez días, lo que se verá reflejado a continuación: CÁLCULO DE 20 DÍAS POR AÑO LABORADO DEL 1/08/1999 AL 10/02/2017 20 días "Artículo 32. Los días de vacaciones se cobrarán de su remuneración íntegra, y la base para el cálculo del pago de los días a que tengan derecho será en proporción al número de días efectivamente trabajados, en el lapso de los seis meses anteriores al nacimiento del derecho. Se cubrirá la cantidad equivalente a 25% sobre el total de los días correspondientes a vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Dicha prima vacacional se deberá cubrir en forma proporcional al personal que tenga menos de un año de antigüedad.". Ciertamente, la prima vacacional será el equivalente a un veinticinco por ciento sobre el total de los días correspondientes a vacaciones. Por lo que, si en términos de los artículos 31 y 1411 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, precisan que les corresponde dos periodos de diez días al año por concepto de vacaciones, entonces tomando el veinticinco por ciento de esos veinte días 1 "Artículo 31. Los elementos operativos que tengan más de seis meses consecutivos, de servicio disfrutarán, cuando menos, de dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno, en las fechas que se señalen con anterioridad, según el calendario que para ese efecto establezca la institución de seguridad, de acuerdo con las necesidades del servicio. En todo caso, se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos pendientes, para las que se utilizarán, de preferencia, los elementos operativos que no tuvieren derecho a vacaciones. Cuando un elemento operativo no pudiere hacer uso de las vacaciones en los periodos señalados por necesidades del servicio, disfrutará de ellas una vez que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los elementos operativos que laboren en periodos vacacionales tendrán derecho a doble pago de su remuneración." "Artículo 141. Si el tribunal de control constitucional a través del juicio correspondiente resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la institución sólo estará obligada a pagar una indemnización de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio ni el pago de salarios vencidos, cualquiera que sea el resultado del juicio en los términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". resulta que de prima vacacional son cinco días de vacaciones, entonces, al multiplicar la cantidad correspondiente a un día de trabajo **que sería respecto de febrero a diciembre del año dos mil quince, de los años dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y enero de dos mil veintitrés, resulta en los términos que a continuación se verá: *. d) AGUINALDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, el pago de dicha prestación corresponde a cincuenta días de sueldo anual, asimismo, los servidores públicos que no hayan cumplido un año, tendrán derecho al pago proporcional de dicha prestación, por ello el pago de dicha prestación será analizada del dos mil quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y lo que va del año dos mil veintitrés. "Artículo 43. Los elementos operativos tendrán derecho a un aguinaldo anual de cincuenta días, sobre la remuneración promedio, y el mismo estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual preverá la forma de pagarlo. El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de su remuneración y días no laborados por sanciones impuestas. El pago del aguinaldo no está sujeto a deducción impositiva alguna. Los elementos operativos que no hayan cumplido un año de labores tendrán derecho a que se les pague esta prestación, en proporción al tiempo efectivamente trabajado." Por tanto, el pago de dicha prestación corresponde a cincuenta días de sueldo anual, entonces, al multiplicar la cantidad correspondiente a un día de e) REMUNERACIÓN DIARIA ORDINARIA, se procede a su cuantificación, y como se recordará, la fecha del último pago que recibió la parte quejosa, fue el treinta y uno de enero de dos mil quince, por lo tanto, la cuantificación será del uno de febrero de dos mil quince al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, esto es, dos mil ochocientos ochenta días. En ese contexto, cabe precisar que se tomará como base el salario diario integro, el cual, contiene agregadas la despensa, transporte y quinquenios, por lo que, no se realizaran por separado las operaciones para obtener el cálculo de las citadas prestaciones; siendo la cantidad Ahora bien, se procede a realizar las siguientes operaciones aritméticas, 2,880 (días) multiplicados por el salario diario integro, siendo la cantidad f) REMUNERACIÓN BONO MENSUAL POR ENCONTRARSE ACREDITADO EN LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA REFERENTE. Si bien es cierto que, las anteriores planillas de liquidación no se tomó en consideración este concepto, empero, también lo es que, la parte quejosa acreditó con el recibo de nómina que adjuntó a su escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que recibía el bono mensual por encontrarse acreditado en los exámenes de control de confianza, el que se debe especificar el mismo corresponde a la cantidad de por cada mes laborado; en consecuencia, la actualización que nos ocupa corresponde al periodo del mes de febrero de dos mil quince al mes de enero de dos mil veintitrés, por lo que han transcurrido noventa y seis meses; por tanto le corresponde la cantidad de g) PRIMA POR ADSCRIPCIÓN EN DELEGACIÓN FORÁNEA. Si bien es cierto que, las anteriores planillas de liquidación no se tomó en consideración este concepto, empero, también lo es que, la parte quejosa acreditó con el recibo de nómina que adjuntó a su escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que recibía la prima por adscripción en delegación foránea ZK, el que se debe especificar el mismo corresponde a la cantidad de; en consecuencia, la actualización que nos ocupa corresponde al periodo del mes de febrero de dos mil quince al mes de enero de dos mil veintitrés, por lo que han transcurrido noventa y seis meses; por tanto le corresponde la cantidad **Debe señalarse que ni la parte quejosa ni las autoridades responsables ofertaron prueba pericial alguna; por tanto, los resultados fueron obtenidos con el empleo de las operaciones aritméticas aquí señaladas, conforme a la lógica y acorde con las máximas de experiencia para obtener la cantidad líquida objeto de la condena. Por lo que se determina que deben enterarse al accionante de amparo las cantidades que se desprenden de la tabla que se transcribe a continuación: CONCEPTO CANTIDAD. a) INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL.) b) VEINTE DÍAS POR AÑO DE SERVICIO LABORADO. PRIMA VACACIONAL. Lo anterior permite concluir, que la cantidad que corresponde pagar al quejoso, es la suma **como se ha quedado establecido en líneas que anteceden; es decir, todas las percepciones del puesto que venía desempeñando el quejoso para la Fiscalía del Estado de Jalisco, desde la fecha a partir de la cual cesaron las funciones de su cargo hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; cantidad que deberá ser actualizada por la responsable en los mismos parámetros que esta resolución, agregando los porcentajes correspondientes a los días que transcurran hasta el día en que se dé el pago total de las cantidades condenadas. Cabe precisar que, si bien en la liquidación realizada por la responsable y que se ve reflejada en el oficio agregado a los autos del juicio de amparo 286/2018 del índice de este juzgado y que se tuvo por hecho notorio (folio 412 y 413), se advierte que la responsable realizó el computo del monto que corresponde retener y enterar por concepto de "Fondo de Pensión", "Vivienda", "Sedar" e "Impuesto Sobre la Renta" y que la parte quejosa se dolió en su escrito de queja anterior, de que este Juzgado fue omiso en realizar dicho cálculo, debe decirse que si bien es cierto el monto determinado por este juzgado es neto el total de la cantidad a pagar a la parte quejosa en cumplimiento al fallo protector, también lo es que, en caso de ser ésta sujeta de algún ajuste, en virtud de haber pagado ya algún concepto de los condenados (lo que deberá acreditar al momento del cumplimiento) o de algún gravamen por parte de la responsable, como los citados con antelación, ésta deberá realizar el cálculo correspondiente y exhibir el recibo de liquidación en el que aparezca con claridad el desglose del impuesto retenido a dichos conceptos, sin que resulte necesario que la autoridad examine el exacto cálculo de la cantidad a enterar, pues tal determinación corresponde a la autoridad fiscal. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia: "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN Y FUERZA DE LAS. La majestad de la verdad legal, establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que dicha verdad legal no puede alterarse en forma alguna, ni a pretexto de aplicación de nuevas leyes, porque esa verdad legal tiene el carácter de incontrovertible, y no puede alterarse, ni limitarse en sus efectos por sentencias o procedimiento de ninguna especie, ni por leyes posteriores, cuya virtud no alcanza a cambiar los asuntos juzgados ejecutoriamente, a no ser que se pretendiera desnaturalizar la finalidad de los fallos del mas Alto Tribunal de la República olvidándose que el interés social estriba precisamente en su más puntual cumplimiento, a tal grado que no pueden obstaculizarlo nuevas leyes, ni entorpecerlo resoluciones judiciales comunes, excusas, ni aun reclamaciones de terceros que hayan adquirido de buena fe, aunque aleguen que se lesionan con la ejecución del fallo protector, sus derechos; en otras palabras, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto y, por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir lo resuelto en el amparo, sino que todas aquéllas que intervengan en el acto reclamado, deben allanar, dentro de sus funciones, ya se dijo, los obstáculos que se presenten al cumplimiento de dichas ejecutorias".(Época: Séptima Época, Registro: 242268, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 22, Cuarta Parte, Materia(s): Común, Página: 75). Así como la jurisprudencia número 4a./J. 17/92, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, tomo Núm. 58, Octubre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACION DEL PATRON DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACION LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA. De conformidad con los artículos 77, fracción X, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de 1991, quienes hagan pagos por conceptos de prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros, deben, en principio, retener el tributo respectivo; esta regla general admite dos casos de excepción, la primera se da cuando la cantidad recibida no excede de noventa veces el salario mínimo; la segunda, cuando el empleado sólo ha percibido un sueldo mínimo general correspondiente a su área geográfica; por tanto, si dichos preceptos legales no exceptúan de cubrir el impuesto sobre la renta a las personas que han estado sujetas a una relación laboral, y obtienen prestaciones derivadas de una condena impuesta por un órgano jurisdiccional, es obvio que el patrón debe retener el tributo relativo, sin importar si existe separación justificada o injustificada, pues el hecho de que el pago deba hacerse por determinación judicial, como consecuencia de un despido o un no sometimiento al arbitraje, no priva a dicho pago de su carácter indemnizatorio, cuya base impositiva deriva de la obligación establecida en los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VII de la Constitución Federal". fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo" Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Es PROCEDENTE EL INCIDENTE INNOMINADO en que se actúa, mismo que se aperturó para precisar en cantidad líquida el monto que la autoridad responsable Fiscalía del Gobierno del Estado de Jalisco, debe pagar a la parte quejosa, con motivo a la ejecutoria de amparo. SEGUNDO. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable la presente sentencia interlocutoria.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada del acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés en el que se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y con su contenido, se ordena dar vista a la quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, en apego a lo establecido al respecto en el artículo 196 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; consecuentemente, con fundamento en los artículos 2º de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase a la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos antes indicados; bajo apercibimiento DE LEY CUMPLAN CON LO REQUERIDO

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL PERITO, EL PROVEIDO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEITIDÓS, QUE EN SINTESIS DICE.-Visto el oficio signado por***, como perito del Gobernador del Estado de Jalisco, mediante el cual solicita se le conceda una prórroga, para emitir su dictamen pericial correspondiente, por los motivos que expone; al respecto, se provee: agréguese a los autos el escrito de cuenta, para que surta los efectos legales a que haya lugar y en atención al mismo, se le otorga una prórroga de diez días, por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; requiérase al perito oficiante ***, por conducto de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Jalisco, para que dentro del término de diez días contados a partir de su legal notificación, emita y ratifique su opinión técnica, con relación a la nueva prueba pericial en materia de valuación acordada en autos, apercibido que de no hacerlo, la prueba se integrará sólo con los dictámenes que obren agregados en autos y que se encuentren debidamente ratificados. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe ***, perito oficial, mediante el cual, solicita se le otorgue una ampliación de término para emitir su dictamen pericial en materia de Valuación, ofrecida en autos; al respecto, de conformidad con el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se otorga una prórroga de diez días, por lo que requiérase a dicho perito, para que dentro del término de diez días contados a partir de su legal notificación, emita y ratifique el dictamen solicitado, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. ASÍ COMO EL ACUERDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SINTESIS DICE.-

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