Maria Isabel Mendez Castro

Expediente 888/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
888/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Maria Isabel Mendez Castro

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 888/2020-VIII Puebla, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Causa estado desechamiento. Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto de seis de noviembre de dos mil veinte, dictado en este juicio, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado. Archivo De tal forma, en términos de lo establecido en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 - publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12, 14 y 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Destrucción del expediente. Con apoyo en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá ser destruido una vez que cumpla tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Lo cual deberá ocurrir dentro de los treinta días siguientes al finalizar el término referido en el párrafo anterior. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno Se ordena a la Analista Jurídico SISE que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 888/2020. Puebla, Puebla, seis de noviembre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de amparo presentada por *, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público del Despacho de la Fiscalía de Zona Región Poniente, con sede en Tehuacán, Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación a las partes para la tramitación del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea); y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación de este juicio bajo la modalidad en línea les permitiría la consulta del expediente electrónico y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquéllo de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura armónica e integral3 de la demanda, se advierte que la quejosa manifiesta como acto destacado lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- la omisión del Ministerio Público que corresponda de citar a comparecer a la entrevista a la suscrita *, dentro de la Carpeta de Investigación iniciada en mi contra, por una supuesta denuncia formulada por el señor JOSÉ* Dicha omisión trasciende en la esfera del justiciable, pues se le impide de manera formal y material el ejercer su derecho de Defensa y el de promover actos de investigación respecto del hecho probablemente delictivo que se integra en la investigación inicial contenida en la Carpeta de Investigación referida.". Empero, respecto de dicho acto reclamado, sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues respecto de dicho acto se inadvierte una afectación directa a derechos sustantivos, por no ser un acto de imposible reparación. Para demostrar lo anterior, basta con analizar los antecedentes de la demanda de amparo, de donde se desprende que la quejosa indicar tener conocimiento de la existencia de una carpeta de investigación iniciada en su contra; sin embargo, ésta desconoce mayores datos, pues indica desconocer qué autoridad ministerial la tramita y respecto de cuál delito, pues a la presente data, no ha sido citada para rendir su declaración, lo cual según indica, le genera un afectación a su esfera jurídica. En ese sentido, contrario a lo que indica la quejosa en su demanda de amparo, la suscrita juzgadora considera que dicha omisión, no entraña una afectación irreparable a sus derechos procesales, pues el hecho de que aún no haya sido llamada a declarar dentro de la carpeta de investigación que dice, se le instruye, no es un acto que pueda ser combatido mediante el juicio de amparo indirecto. Es así, pues de la lectura de los artículos 215 y 218, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales se observa lo siguiente: "Artículo 215. Obligación de suministrar información Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código De dichos numerales, no se desprende que un fiscal investigador tenga la obligación de citar a la persona imputada a declarar, pues si bien ello puede lograr en algunos casos, la pronta integración de una carpeta de investigación, incluso para obtener mayores datos en torno a las circunstancias de donde derivó la comisión de un delito, lo cierto es que dicha facultad queda expresamente a discreción del Ministerio Público. Sobre todo porque será sólo aquél, quien tiene la facultad constitucional para adoptar las medidas que considere necesarias, para el correcto desarrollo de la investigación y la protección de las víctimas. Tan es así, que de la lectura del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco se advierte como una obligación procesal por parte de un ministerio público, el citar a la persona imputada a declarar, pues incluso sin ésta, se puede integrar la carpeta de investigación, por no ser un requisito indispensable. la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V, del artículo 107 de la ley de la materia). Entonces, resulta inconcuso que en el caso, no se actualiza el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, pues en éste se excluyen las violaciones relativas a cuestiones procesales tal como la que podría surgir del acto reclamado por parte de la quejosa. Para explicar mejor lo anterior, sería hasta que se emita un acto de molestia contra la quejosa de forma directa, como podría serlo una orden de comparecencia, con el apercibimiento del auxilio de la fuerza pública en caso de inasistencia, o el dictado de una orden de aprehensión en su contra, por mencionar algunos, lo que podría actualizar un afectación irreparable a derechos sustantivos, pues allí, estaríamos ante la posible privación de la libertad, el cual es un derecho tutelado por la constitución que debe salvaguardarse. De ahí que, la quejosa no pueda pretender que se inicie un juicio de amparo para lograr que sea citada a declarar dentro de una carpeta de investigación, pues el juicio biinstancial no fue creado para lograr pretensiones particulares, sino para la defensa de los derechos humanos frente a los actos de autoridad que pudieran afectar de forma irreparable la esfera jurídica de un justiciable, lo cual en la especie no acontece. Tampoco podría usarse este medio de control constitucional, para logra tener acceso a la carpeta de investigación que dice se le instruye, pues dicho derecho procesal está limitado a ciertas condiciones, entre las cuales, como se estudió, está el que ya haya sido detenida, sea citada a comparecer, o sea sujeto de un acto de molestia, pues sólo en dichos supuestos, la quejosa podría alegar que no se le da acceso a determinada carpeta de investigación. del ministerio público que se encuentra en el Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, trabajan turno por semana, y en la semana que les corresponde recibir las denuncias o querellas se las quedan para su trámite de integración, desconozco cuál de las 3 agendas del ministerio tenga dicha investigación penal en mi contra, información la cual si debe tener el MINISTERIO PUBLICO DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA DE ZONA REGIÓN PONIENTE, con sede en Tehuacán, Puebla; aunado que dicha información ya no me fue proporcionada por la Ministerio Publico, ni a la fecha me ha llegado algún citatorio para ser entrevistada en relación a los hechos que supuestamente cometí.". De donde se desprende que la quejosa podría también encaminar su acto reclamado en forma destacada, en el inicio de una carpeta de investigación en su contra, iniciada por un agente del ministerio público. El cual también encontraría la misma causa de improcedencia indicada en párrafos que anteceden. Es así, pues la integración de una carpeta de investigación y los actos y omisiones acaecidos en esta, no resultan actos procedentes mediante el juicio de derechos humanos solicitado, porque estos involucran el deber de indagación y persecución de los delitos, conferido al ministerio público en el artículo 21 de la constitución federal. De entrada, porque la carpeta de investigación, consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado; por ello, su trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie. Se afirma lo anterior, pues de conformidad con lo que disponen los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para integrar en su caso, una carpeta de investigación, misma que está encaminada a probar la comisión de un delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia del imputado, la cual carece de acto que cause daño o perjuicio a la quejosa, por ser de orden público dicha integración, según lo establece el precepto legal citado en primer término. Lo mismo acontece cuando el representante de la sociedad acuerda sobre la formulación de imputación, pues es el juez del proceso a quien compete resolver el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería lo que vendría a afectar la esfera jurídica de la quejosa. Por lo que no siempre será procedente el juicio de amparo a toda clase de actos derivados, en el caso, la integración de una indagatoria, deviene de una investigación, sino solamente a aquellos que afecten de modo irreparable los derechos fundamentales de los gobernados, como ocurre, verbigracia, cuando emite una orden de detención, pues de lo contrario se obstaculizaría y limitaría la función investigadora del Ministerio Público. En este sentido, es indudable la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra los actos de investigación en una carpeta de investigación; pues la afectación se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o comparecencia. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Sentado lo anterior, es menester aclarar que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo biinstancial, ya que mediante una fórmula legal estableció que para que un acto sea calificado como irreparable, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender a los derechos sustantivos de la quejosa. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos tutelados por la Constitución, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese tenor, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos' afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza material de la lesión que producen, expresión - esta última- que se opone con la de formal o adjetiva. En esa tesitura, se concluye que tanto el acto reclamado consistente en la omisión del ministerio público de llamar a la quejosa a declarar dentro de una carpeta de investigación, como el diverso que podría observarse de la lectura armónica e integral de la demanda, relativo al inicio de una carpeta de investigación, no encuadran como actos de imposible reparación que pueden ser susceptibles de ser reclamados mediante el juicio de amparo indirecto, por los motivos y fundamentos antes expresados. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. En virtud de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico SISE realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Por lo que desde este momento queda señalado el correo electrónico y número telefónico que indica la quejosa en su demanda. Empero, desde este momento se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse siempre y cuando se haya agendado una cita en el portal respectivo, con la cual se le dé acceso al juzgado en la fecha y hora especifica que el propio sistema determine. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio de la quejosa el indicado en la demanda, y quedan autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, la personas que indica, por así haberlo solicitado la quejosa, al haber omitido conferirles en forma expresa, las facultades amplias a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto6 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese en forma personal a la quejosa en el domicilio señalado en la demanda de amparo.

  3. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 888/2020. Puebla, Puebla, seis de noviembre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de amparo presentada por *, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público del Despacho de la Fiscalía de Zona Región Poniente, con sede en Tehuacán, Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación a las partes para la tramitación del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea); y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación de este juicio bajo la modalidad en línea les permitiría la consulta del expediente electrónico y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquéllo de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, de la lectura armónica e integral3 de la demanda, se advierte que la quejosa manifiesta como acto destacado lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- la omisión del Ministerio Público que corresponda de citar a comparecer a la entrevista a la suscrita *, dentro de la Carpeta de Investigación iniciada en mi contra, por una supuesta denuncia formulada por el señor JOSÉ* Dicha omisión trasciende en la esfera del justiciable, pues se le impide de manera formal y material el ejercer su derecho de Defensa y el de promover actos de investigación respecto del hecho probablemente delictivo que se integra en la investigación inicial contenida en la Carpeta de Investigación referida.". Empero, respecto de dicho acto reclamado, sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues respecto de dicho acto se inadvierte una afectación directa a derechos sustantivos, por no ser un acto de imposible reparación. Para demostrar lo anterior, basta con analizar los antecedentes de la demanda de amparo, de donde se desprende que la quejosa indicar tener conocimiento de la existencia de una carpeta de investigación iniciada en su contra; sin embargo, ésta desconoce mayores datos, pues indica desconocer qué autoridad ministerial la tramita y respecto de cuál delito, pues a la presente data, no ha sido citada para rendir su declaración, lo cual según indica, le genera un afectación a su esfera jurídica. En ese sentido, contrario a lo que indica la quejosa en su demanda de amparo, la suscrita juzgadora considera que dicha omisión, no entraña una afectación irreparable a sus derechos procesales, pues el hecho de que aún no haya sido llamada a declarar dentro de la carpeta de investigación que dice, se le instruye, no es un acto que pueda ser combatido mediante el juicio de amparo indirecto. Es así, pues de la lectura de los artículos 215 y 218, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales se observa lo siguiente: "Artículo 215. Obligación de suministrar información Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código De dichos numerales, no se desprende que un fiscal investigador tenga la obligación de citar a la persona imputada a declarar, pues si bien ello puede lograr en algunos casos, la pronta integración de una carpeta de investigación, incluso para obtener mayores datos en torno a las circunstancias de donde derivó la comisión de un delito, lo cierto es que dicha facultad queda expresamente a discreción del Ministerio Público. Sobre todo porque será sólo aquél, quien tiene la facultad constitucional para adoptar las medidas que considere necesarias, para el correcto desarrollo de la investigación y la protección de las víctimas. Tan es así, que de la lectura del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco se advierte como una obligación procesal por parte de un ministerio público, el citar a la persona imputada a declarar, pues incluso sin ésta, se puede integrar la carpeta de investigación, por no ser un requisito indispensable. la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V, del artículo 107 de la ley de la materia). Entonces, resulta inconcuso que en el caso, no se actualiza el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, pues en éste se excluyen las violaciones relativas a cuestiones procesales tal como la que podría surgir del acto reclamado por parte de la quejosa. Para explicar mejor lo anterior, sería hasta que se emita un acto de molestia contra la quejosa de forma directa, como podría serlo una orden de comparecencia, con el apercibimiento del auxilio de la fuerza pública en caso de inasistencia, o el dictado de una orden de aprehensión en su contra, por mencionar algunos, lo que podría actualizar un afectación irreparable a derechos sustantivos, pues allí, estaríamos ante la posible privación de la libertad, el cual es un derecho tutelado por la constitución que debe salvaguardarse. De ahí que, la quejosa no pueda pretender que se inicie un juicio de amparo para lograr que sea citada a declarar dentro de una carpeta de investigación, pues el juicio biinstancial no fue creado para lograr pretensiones particulares, sino para la defensa de los derechos humanos frente a los actos de autoridad que pudieran afectar de forma irreparable la esfera jurídica de un justiciable, lo cual en la especie no acontece. Tampoco podría usarse este medio de control constitucional, para logra tener acceso a la carpeta de investigación que dice se le instruye, pues dicho derecho procesal está limitado a ciertas condiciones, entre las cuales, como se estudió, está el que ya haya sido detenida, sea citada a comparecer, o sea sujeto de un acto de molestia, pues sólo en dichos supuestos, la quejosa podría alegar que no se le da acceso a determinada carpeta de investigación. del ministerio público que se encuentra en el Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, trabajan turno por semana, y en la semana que les corresponde recibir las denuncias o querellas se las quedan para su trámite de integración, desconozco cuál de las 3 agendas del ministerio tenga dicha investigación penal en mi contra, información la cual si debe tener el MINISTERIO PUBLICO DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA DE ZONA REGIÓN PONIENTE, con sede en Tehuacán, Puebla; aunado que dicha información ya no me fue proporcionada por la Ministerio Publico, ni a la fecha me ha llegado algún citatorio para ser entrevistada en relación a los hechos que supuestamente cometí.". De donde se desprende que la quejosa podría también encaminar su acto reclamado en forma destacada, en el inicio de una carpeta de investigación en su contra, iniciada por un agente del ministerio público. El cual también encontraría la misma causa de improcedencia indicada en párrafos que anteceden. Es así, pues la integración de una carpeta de investigación y los actos y omisiones acaecidos en esta, no resultan actos procedentes mediante el juicio de derechos humanos solicitado, porque estos involucran el deber de indagación y persecución de los delitos, conferido al ministerio público en el artículo 21 de la constitución federal. De entrada, porque la carpeta de investigación, consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado; por ello, su trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie. Se afirma lo anterior, pues de conformidad con lo que disponen los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para integrar en su caso, una carpeta de investigación, misma que está encaminada a probar la comisión de un delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia del imputado, la cual carece de acto que cause daño o perjuicio a la quejosa, por ser de orden público dicha integración, según lo establece el precepto legal citado en primer término. Lo mismo acontece cuando el representante de la sociedad acuerda sobre la formulación de imputación, pues es el juez del proceso a quien compete resolver el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería lo que vendría a afectar la esfera jurídica de la quejosa. Por lo que no siempre será procedente el juicio de amparo a toda clase de actos derivados, en el caso, la integración de una indagatoria, deviene de una investigación, sino solamente a aquellos que afecten de modo irreparable los derechos fundamentales de los gobernados, como ocurre, verbigracia, cuando emite una orden de detención, pues de lo contrario se obstaculizaría y limitaría la función investigadora del Ministerio Público. En este sentido, es indudable la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra los actos de investigación en una carpeta de investigación; pues la afectación se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o comparecencia. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Sentado lo anterior, es menester aclarar que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo biinstancial, ya que mediante una fórmula legal estableció que para que un acto sea calificado como irreparable, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender a los derechos sustantivos de la quejosa. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos tutelados por la Constitución, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese tenor, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos' afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza material de la lesión que producen, expresión - esta última- que se opone con la de formal o adjetiva. En esa tesitura, se concluye que tanto el acto reclamado consistente en la omisión del ministerio público de llamar a la quejosa a declarar dentro de una carpeta de investigación, como el diverso que podría observarse de la lectura armónica e integral de la demanda, relativo al inicio de una carpeta de investigación, no encuadran como actos de imposible reparación que pueden ser susceptibles de ser reclamados mediante el juicio de amparo indirecto, por los motivos y fundamentos antes expresados. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. En virtud de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico SISE realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Por lo que desde este momento queda señalado el correo electrónico y número telefónico que indica la quejosa en su demanda. Empero, desde este momento se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse siempre y cuando se haya agendado una cita en el portal respectivo, con la cual se le dé acceso al juzgado en la fecha y hora especifica que el propio sistema determine. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio de la quejosa el indicado en la demanda, y quedan autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, la personas que indica, por así haberlo solicitado la quejosa, al haber omitido conferirles en forma expresa, las facultades amplias a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto6 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese en forma personal a la quejosa en el domicilio señalado en la demanda de amparo.

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