Maria Gudalupe Perez Perez

Expediente 63/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
63/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Maria Gudalupe Perez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la quejosa omitió recurrir el acuerdo de once de febrero del año en curso que tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, relacionados con los diversos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto causa estado. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de acuerdo, y que carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso, por auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, transcurrió del treinta y uno de enero al ocho de febrero del año en curso, pues fue notificado el veintinueve de enero del presente año (foja 12), a efecto de desahogar la prevención ahí inmersa, sin que hubiese dado cumplimiento a la misma. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo antes señalado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección signada por ** por propio derecho, contra actos de la Procuraduría General de la República, con sede en Cholula, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades en cuanto a la designación de las autoridades responsables, motivo por el cual debe requerirse la aclaración correspondiente. Para demostrar lo anterior, se hace notar que el Organigrama de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República conduce a la inexistencia de las siguientes autoridades Procuraduría General de la República con sede en Cholula, Puebla, y Comandante de la Policía Ministerial Federal así como sus elementos a su cargo con sede en la Ciudad de Cholula, Puebla. Entonces, debe mandarse aclarar la demanda, pues el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, impone a la quejosa la obligación de señalar la denominación correcta de las autoridades responsables. Además, que si llegara a admitirse la demanda, se imposibilitaría la notificación a las referidas autoridades al margen de que ninguna existe como ha sucedido en otros asuntos que han terminado en sobreseimiento, por la falta de una autoridad concreta. Sobre todo porque los órganos jurisdiccionales carecen de facultades para perfeccionar el señalamiento de la autoridad responsable, en particular cuando su denominación resulta inexistente como las antes citadas. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción III, y 114 fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: 1 Indique la denominación correcta de la autoridad que señaló como Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Cholula, Puebla, 1 Proporciones la denominación correcta de la autoridad que señalo como Comandante de la Policía Ministerial Federal así como sus elementos a su cargo con sede en la Ciudad de Cholula, Puebla. Se hace saber a la quejosa que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto, se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a la quejosa que la prevención de que se trata, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión (por las autoridades inexistentes) y también asegurará una correcta integración del juicio de protección. Además, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo (lista); y quedan autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas a que hace referencia, porque omitió señalarlas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías a él y a las personas autorizadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido Por último, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información

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