María Isabel García Mendoza

Expediente 107/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
107/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • María Isabel García Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa alegara el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la omisión del Director General y del Jefe de Departamento de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en proveer sobre la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa María Isabel García Mendoza dentro del expediente con clave de trámite T-JB-16/2018, que se inició el nueve de julio de dos mil dieciocho. Por resolución dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa María Isabel García Mendoza, contra los actos del Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: (.) lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por María Isabel García Mendoza, en contra del acto reclamado al Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, de forma inmediata, dé contestación a la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa con clave de trámite T-JB-16/2018, y notifique a la peticionaria de amparo dicha contestación....". Inconforme con la anterior resolución, el diecisiete de agosto de dos mil veinte, la autoridad Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en representación del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del referido Instituto, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente sumario constitucional. Y por auto de ocho de septiembre del referido año, se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Así, el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informando que admitió a trámite el recurso de revisión el cual radicó bajo el toca R-194/2020 de su índice. Posteriormente, mediante oficio 260/2021, recibido el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la oficialía de este Juzgado, el Tribunal revisor, remitió copia fiel de la ejecutoria dictada el tres de marzo de la presente anualidad dentro del toca R-194/2020 de su índice, del que se advirtió que resolvió en los siguientes términos: (.) PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el juicio, en términos del considerando sexto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida, en la materia del recurso. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Isabel García Mendoza, en contra del acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria, reclamado al Director del Departamento de Pensiones y Jubilaciones perteneciente al Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con la corrección oficiosa realizada por este Tribunal.". En consecuencia, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento al Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, de acuerdo a los términos establecidos en la sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Posteriormente, el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asunto Jurídicos del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mediante oficio UAJ/306/2021, recibido en la oficialía de este Juzgado el seis de abril de dos mil veintiuno, remitió copia firmada electrónicamente del oficio DG/139-094/2020 suscrito por el Director General de dicho Instituto, del cual se advirtió que fue aprobada por la Junta Directiva la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa María Isabel García Mendoza, y el cual, le fue notificado el cinco de abril de dos mil veintiuno. Por lo anterior, el siete de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se le notificó el ocho de abril de dos mil veintiuno. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asunto Jurídicos del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de petición por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que por oficio DG/139-094/2020 del Director General de dicho Instituto, se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa María Isabel García Mendoza, la cual, se le notificó el cinco de abril de dos mil veintiuno; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio electrónico de cuenta con evidencia criptográfica del Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asunto Jurídicos del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a través del cual remite copia firmada electrónicamente del oficio DG/139-094/2020 suscrito por el Director General de dicho Instituto, del que se advierte que fue aprobada por la Junta Directiva la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa María Isabel García Mendoza, y de la misma se desprende que dicho oficio le fue notificado el cinco de abril de dos mil veintiuno. Por otra parte, solicita que se deje sin efectos el apercibimiento con el que fue conminado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Finalmente, en cuanto hace a la petición de la autoridad oficiante, dígasele que se dejan sin efectos el apercibimiento decretado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en atención a lo relatado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del cual remite copia fiel del testimonio de la ejecutoria pronunciada el tres de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del toca en revisión R.A.-194/2020 del índice del citado Colegiado, y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese el recibo correspondiente. Por lo anterior, dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníquese que el Tribunal Colegiado de mérito, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el juicio, en términos del considerando sexto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida, en la materia del recurso. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Isabel García Mendoza, en contra del acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria, reclamado al Director del Departamento de Pensiones y Jubilaciones perteneciente al Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con la corrección oficiosa realizada por este Tribunal.". Atento a lo anterior, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y glósese a los autos el expedientillo de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. En vista de lo anterior, remítase la copia simple de la ejecutoria que remite el Colegiado de mérito a las autoridades responsables para su conocimiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que en el improrrogable plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, la cual se concedió para los siguientes efectos: (.) dé contestación a la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa con clave de trámite T-JB-16/2018, y notifique a la peticionaria de amparo dicha contestación.". En la inteligencia, que de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en los autos del toca en revisión R.A.-194/2020 de su índice, realizó una corrección oficiosa a la sentencia sujeta a revisión, en cuanto al plazo que tiene la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector; y por ende, sostuvo la protección constitucional otorgada en la sentencia impugnada, previendo los siguientes términos: (...) 55. Finalmente, es conveniente precisar que el juez de distrito no estableció un plazo determinado para el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla diera cumplimiento al fallo, de este modo, en corrección oficiosa se indica que para respetar el derecho de petición violado, el referido instituto cuenta con un plazo de tres días para emitir el acuerdo relativo a la solicitud de pensión, es decir, para dar contestación a la petición de la quejosa." Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, Constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Cynthia Bello López, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por la sola asignación del titular en casos urgentes y de trámite, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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