María Isabel de la Rosa Cadena
Expediente 360/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/04/2018
Partes del expediente
- María Isabel de la Rosa Cadena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, suscrito por la Subdirectora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del cual informa que no localizó domicilio alguno a nombre de la tercera interesada Flor López Juárez; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de dos de febrero de dos mil dieciocho, se concedió a la quejosa Felipa Rodríguez López, la protección constitucional solicitada, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para el efecto de que verificara lo relativo al eficaz desahogo de la prueba de inspección ofrecida dentro del expediente laboral D-417/2015. En cumplimiento a lo anterior, los Magistrados Presidente y Representante del Estado, ambos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el oficio recibido el siete de marzo de dos mil dieciocho, remitieron copia certificada de la diligencia de veinticuatro de enero del año en curso, en la que se desahogó la prueba de inspección ocular, dentro del expediente laboral D-417/2015 de su índice. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, en el entendido de que el presente asunto, se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo.)
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual, rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias del expediente 626/2017, de su estadística, de las que se desprende que el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se dictó el laudo dentro del citado juicio laboral, mismo que fue notificado a la impetrante el doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante cédula de notificación y copia autorizada que se fijaron en la puerta del domicilio de la inconforme; al respecto, se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que María Isabel de la Rosa Cadena acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente 626/2017, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, pero aclaró que el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se dictó el laudo dentro del citado juicio laboral, mismo que fue notificado a la impetrante el doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante cédula de notificación y copia autorizada que se fijaron en la puerta del domicilio de la inconforme. Para corroborar lo anterior, la junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 626/2017 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del laudo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho y la constancia de notificación del citado laudo a la aquí quejosa, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictara el laudo respectivo dentro del expediente laboral 626/2017 de su estadística, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se dictó el laudo dentro del citado juicio laboral, mismo que fue notificado a la impetrante el doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante cédula de notificación y copia autorizada que se fijaron en la puerta del domicilio de la inconforme. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del dos de abril de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
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