María Isabel Galguera Velasquez

Expediente 463/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
463/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • María Isabel Galguera Velasquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: I. Se declara consentido el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. III. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos, y este proveído. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la quejosa María Isabel Galguera Velásquez, contesta la vista ordenada el pasado veintisiete de noviembre, y manifiesta que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia, toda vez que se excusó en la fracción II del artículo 2432 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, y estima que la fracción aplicable es la tercera; en consecuencia, al efecto se provee: Este órgano jurisdiccional estima pertinente precisar que la concesión de la protección constitucional se otorgó para que las autoridades responsables Presidenta Municipal, Regidor de Hacienda y Síndico Hacendaria, todos integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, cumplan con el deber que le impone la constitución federal en su artículo 8 Constitucional, es decir, con independencia del sentido en que lo hagan, dicten el acuerdo o los acuerdos correspondientes a las solicitudes presentadas el ocho y once de junio, y diez de julio, todos del dos mil veinte, que nos ocupa y lo(s) notifique a la brevedad posible a la peticionaria de amparo, en los términos de la ley que corresponda. Del oficio que se recibió en este juzgado el pasado veintiséis de noviembre de este año, la Presidenta Municipal, la Síndico Hacendaria y el Regidor de Hacienda, todos integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, remitieron a este juzgado copia escaneada del oficio MSP/JUD/245/2020, en el que dieron contestación a los escritos presentados por la quejosa; y del que se advierte que el veinticinco de noviembre del año en curso, fue notificada la determinación a Alfonso Galguera Pérez, en ausencia de María Isabel Galguera Velásquez, de quien obra su firma. En mérito de lo anterior, se advierte que la responsable acató en sus términos el fallo protector; toda vez que éste fue otorgado para que con independencia del sentido en que lo hicieran, dictaran el acuerdo correspondiente a las solicitudes presentadas por la parte quejosa y se lo notificaran a la brevedad posible; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. De ahí que no le asista la razón a la parte quejosa respecto a que no se acató el fallo protector, toda vez que las manifestaciones que realiza respecto al cumplimiento, implicarían efectuar un pronunciamiento sobre la legalidad de la ejecución, lo cual no es procedente; pues el proveído que declara cumplida la ejecutoria, debe formularse de forma lisa y llana; tal como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". No obstante la determinación aquí tomada, si la parte quejosa considera que con la respuesta dada a su petición la responsable nuevamente vulnera sus derechos fundamentales, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios de defensa ordinarios o extraordinarios que tenga a su alcance. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese al juicio de amparo en que se actúa, el oficio y anexo remitido por la Presidenta Municipal, la Síndico Hacendaria y el Regidor de Hacienda, todos integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que las autoridades municipales responsables, informan lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la ejecutoria dictada en este asunto. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este órgano jurisdiccional resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

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