María Isabel Domínguez Santiago

Expediente 103/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
103/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • María Isabel Domínguez Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de treinta y uno de enero de esta anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya impugnado; en consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y en el caso se desechó la demanda de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Ténganse por recibida la demanda y los anexos señalados en la cuenta; fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 103/2023. Desechamiento de la demanda de amparo. Como cuestión previa es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo en relación con sus anexos se advierte que María Isabel Domínguez Santiago, reclama de la Presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, y de la secretaria de acuerdos adscrita a dicha Junta, en su carácter de ordenadoras y ejecutoras, lo siguiente: "A). - SU ACUERDO DE FECHA DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL ME NIEGA hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, actos contrarios al artículo 17 Constitucional, que en la parte que interesa a la letra dice: artículo 17 "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho". Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. B).- LA PARTE RELATIVA DEL AUTO DE FECHA DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES, en el que LA JUNTA ACUERDA.- téngansele por hechas las manifestaciones del apoderado legal de la parte actora, el Licenciado David García Ángel, para los efectos legales a que haya lugar, por lo tanto en este momento no ofrece prueba alguna, así mismo dígasele que no ha lugar a lo que solicita toda vez que se encuentra establecido el momento procesal oportuno para ofrecer las pruebas correspondientes, por tal razón es que reclamo DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, llevadora del expediente laboral número 053/2021, su acuerdo de fecha DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES, en el cual desecha mi petición hecha por conducto de mi apoderado legal, que a la letra dijo: Que para estar en condiciones de representar a la actora en el presente juicio y para no vulnerar su derecho de acceso a la justicia, SOLICITO A ESTA AUTORIDAD UN PLAZO PRUDENTE PARA IMPONERME DE LOS AUTOS Y PROMOVER LO MAS FAVORABLE A MI REPRESENTADA. FECHA DE NOTIFICACION DEL DESECHAMIENTO DE MI PETICION. - ME ENTERO EL DIA DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES, mediante notificación personal". Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo1 una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO... En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley. Los citados preceptos legales prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del último de estos preceptos legales se obtiene que el amparo procede contra el acto que emane de un juicio que produzca una afectación irreparable a los derechos sustantivos de la persona reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en que México es parte. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, a criterio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demanda de amparo únicamente contra los actos dictados dentro de un juicio que sean de imposible reparación, ello para que esto no produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rigen ese juicio y que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo. Sólo hasta ese momento la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el amparo directo o el amparo adhesivo, según sea el caso. No obstante, de manera excepcional, previó la oportunidad de impugnar un acto dentro de un juicio conforme a la regla de procedencia, consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro del procedimiento. Conviene mencionar que la ley, en el artículo 107, fracción V, precisa el alcance de la expresión "imposible reparación" contra actos dictados dentro juicio. Al analizar este precepto se debe entender que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos dictados dentro de juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo las que produzcan una violación de carácter predominante, deberán reclamarse en su momento a través del medio de impugnación correspondiente. Atento a lo anterior, interpretando el artículo 107, fracción V, en sentido contrario, y de manera sistemática con el artículo 61, fracción XXIII, citado, ambos de la ley, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio que no sean de imposible reparación; es decir, que no afecten derechos sustantivos sino únicamente de índole procesal. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente el auto dictado el diez de enero del dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral número 053/2021, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, en el que, acorde a las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad de la impetrante, esencialmente se dijo: ".téngansele por hechas las manifestaciones del apoderado legal de la parte actora, el Licenciado David García Ángel, para los efectos legales a que haya lugar, por lo tanto en este momento no ofrece prueba alguna, así mismo dígasele que no ha lugar a lo que solicita toda vez que se encuentra establecido el momento procesal oportuno para ofrecer las pruebas correspondientes.". Lo anterior, refiere, con motivo de su recién nombramiento como apoderado legal. En efecto, para arribar a esta consideración, por el tema que se aborda (exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia), se tiene en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, determinó lo siguiente: De los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, así como del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Consecuentemente, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; status jurídico que alcanzarán cuando se demuestre que producen consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De ahí, que el acto que se reclama en esta instancia consistente en el acuerdo de diez de enero del dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral número 053/2021, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, por el que se dijo al apoderado legal de la que aquí impetrante que no ha lugar a lo que solicita, toda vez que se encuentra establecido el momento procesal oportuno para ofrecer las pruebas correspondientes, no es considerado como de aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Es así, pues, esa determinación sólo afecta derechos procesales y no derechos sustantivos de la parte quejosa; razón por la cual, el juicio biinstancial no es procedente, actualizándose además de manera clara y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicada esta última en sentido contrario... Violación que, en su caso, para efectos del juicio de amparo, se traduce en una violación a las leyes del procedimiento, en términos del citado dispositivo 173, de Ley de la materia... Lo anterior, ya que las consecuencias de la determinación reclamada son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, en caso de serle favorable a los intereses de la parte quejosa, y en el supuesto de no ser así, la misma estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida a través del recurso que interponga en contra del fallo de primera instancia o, en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que esta última resolución también le sea desfavorable. Con base en lo anterior, es evidente que las referidas actuaciones reclamadas no irrogan al quejoso un perjuicio de imposible reparación, en razón que únicamente producen efectos intraprocesales que pueden repararse si se obtiene resolución definitiva favorable. En las relatadas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de que se trata, en términos del numeral 113 de la ley, al actualizarse la causal de improcedencia analizada. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a David García Ángel con cédula profesional 7320999 y únicamente para recibir notificaciones, a la persona que indica, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)

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