María Isabel Chávez Domínguez

Expediente 493/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
493/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • María Isabel Chávez Domínguez
  • Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
  • María Isabel Chávez Domínguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO Agréguese únicamente a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa del oficio 868, al que se acompañó el toca I-41/2022 que anexó a su informe justificado, lo anterior para los efectos legales procedentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés.********************CAUSA EJECUTORIA NIEGA********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ el amparo promovido por ********************apoderada de********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE DEVUELVEN CONSTANCIAS.********************Devuélvanse al Magistrado de la Tercera Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, las documentales consistentes en el toca ******************** que acompañó a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. ********************ARCHIVO.********************Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO.********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal, y concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente.********************TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE********************Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos.********************DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE.********************En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 493/2022-VII, promovido por la apoderada de María Isabel Chávez Domínguez, contra actos que reclama del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable y remitido por esta al Tribunal Colegiado, de la cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, el que por auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, se declaró incompetente para conocer del acto reclamado, en la demanda de amparo. Por lo que mediante oficio 3423, dicho Tribunal Colegiado turnó los autos a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y el diez de mayo del año en curso, por razón de turno se remitieron a este juzgado el mismo día, y de la demanda de amparo se desprende que María Isabel Chávez Domínguez, por conducto de su apoderada, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: La resolución de fecha 09 nueve de marzo de 2022 dos mil veintidós, dictada dentro del toca número I-41/2022 y que me fuera notificada con fecha 10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós, dictada por el c. Magistrado de la Tercera Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, la cual resolvió en definitiva, el recurso de apelación interpuesto por la suscrita. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO: ÚNICO. Específicamente del c. Juez Cuarto de Primera Instancia, en materia civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, la ejecución de la resolución de fecha 9 nueve de marzo de 2022 dos mil veintidós, dictado dentro el toca número I-66/2021 por el c. Magistrado de la Tercera Sala Civil." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de once de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 493/2022; se estimó innecesario solicitar el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, por ya obrar en autos; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclama una resolución de segunda instancia emitida por una Sala Civil con sede en esta ciudad, capital, donde este juzgado constitucional ejerce su competencia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: La resolución de nueve de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, dentro del toca civil 41/2022, que confirmó la resolución interlocutoria veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la primera sección del juicio sucesorio intestamentario número 649/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Cuarto de lo Civil, ambos de esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las autoridades responsables exhibieron en apoyo a su informe justificado, consistentes en toca original 43/2022. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, el diez de marzo de dos mil veintidós, según se desprende de la constancia que obra a foja 466 del cuaderno de pruebas. Por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente hábil, esto es, el once del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. De ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el catorce de ese mes y año y concluyó el cuatro de abril del año en cita, al que se le descuentan los días inhábiles correspondientes a sábados y domingos; así como el veintiuno de marzo del mismo año, por ser festivo. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el uno de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ´De las sentencias´, del título primero ´Reglas generales´, del libro primero ´Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan inoperantes en una parte, e infundados en otra. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que acude a esta instancia en la calidad de parte dentro del juicio sucesorio intestamentario, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. En una porción de su primero, segundo y tercero conceptos de violación, la quejosa sostiene que la sentencia combatida carece de la debida fundamentación y motivación, y en diverso apartado de su tercer concepto de violación precisa que el acto reclamado no cumple con los requisitos de congruencia y exhaustividad. En diversa porción del primero y segundo concepto de violación, señala que la resolución combatida violenta lo dispuesto en los artículos 484,487,489 y 490 del código civil para el Estado de Michoacán, y 340,347,367,860 y 875 del código de procedimientos civiles para el Estado de Michoacán. Lo anterior porque considera que la sentencia resulta inconstitucional, pues cita artículos, argumentos y una serie de manifestaciones tendentes a sostener que Pedro Mastache Melgarejo tiene derecho a heredar por tener la calidad de cónyuge supérstite, pero es omiso en fundar y motivar su resolución, puesto que en los argumentos que la ahora quejosa emitió ante la responsable, sostuvo que si bien Pedro Mastache Melgarejo tiene derecho a heredar, se omitió establecer que Pedro Mastache Melgarejo tiene incapacidad para heredar y para tal efecto se promovió un incidente de pérdida de la capacidad para heredar, en el que se acreditó que Pedro Mastache Melgarejo denunció de manera dolosa a la quejosa y a sus dos hermanas y, no obstante ello, la responsable no entró al estudio de tal circunstancia, tal y como lo dispone el artículo 875 del código de procedimientos civiles para el Estado de Michoacán. Considera que la sentencia resulta ilegal, porque la responsable fue omisa en entrar al fondo del estudio del incidente de pérdida de la capacidad para heredar; de ahí que al no estudiar a fondo las constancias que existen en el juicio principal y en el incidente, se genera una afectación a la tutela judicial efectiva. En el tercer concepto de violación, la quejosa señala que la resolución combatida vulnera lo dispuesto por los artículos 1, 8, 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 340, 347, 367, 573 y 574 del código de procedimientos civiles para el Estado de Michoacán, porque no se aplicó el principio pro persona; aunado a que carece de los principios de congruencia y exhaustividad. Esto es, que el Magistrado responsable dejó de observar que todas las personas (físicas y morales) gozan no sólo de las garantías individuales reconocidas en la Constitución, sino que además de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte, de tal forma que las normas serán interpretadas de conformidad con la constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento la protección más amplia a las personas. Por lo tanto, considera que el Magistrado responsable en atención al derecho humano de acceso a la justicia debió resolver en la sentencia de la primera sección a su favor que resulta procedente el incidente de pérdida de la capacidad para heredar. Una porción de su primero y segundo conceptos de violación, resultan infundados, porque contrario a lo que sostiene, el fallo combatido no adolece de falta de fundamentación y motivación que refiere la quejosa, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que la responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En efecto, la responsable en primer término procedió a fijar su competencia; enseguida realizó una síntesis de los agravios planteados por la recurrente, y procedió a dar contestación a los agravios planteados, declarándolos infundados, para concluir confirmando el auto recurrido. Ahora, la quejosa aduce en una porción del tercer concepto de violación que la autoridad responsable se apartó del principio de exhaustividad y congruencia que debe regir en toda resolución, dicho concepto de violación es infundado; pero para concluir en esos términos, se estima necesario precisar lo siguiente: El artículo 17 de la Constitución Federal señala: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El artículo constitucional establece de forma explícita el principio de exhaustividad, así como imbíbito el de congruencia, éste último atendiendo a sus dos concepciones interna y externa, la primera, atinente a que los actos de autoridad deben ser congruentes consigo mismos, es decir no contener consideraciones contradictorias; y la segunda, relativa a que el acto debe ser congruente con las constancias y con las pretensiones que se persigan con el mismo; además de que la exhaustividad consiste en que se debe resolver sobre todos y cada uno de los puntos planteados. En ese entorno, del análisis del acto combatido, se aprecia que cumple con el principio de exhaustividad y congruencia, que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se advierte que la resolución combatida contenga consideraciones contradictorias; además de ser congruente con las constancias que dieron origen al acto reclamado, y resolver las pretensiones planteadas, esto es así, porque la materia del recurso de apelación versa precisamente respecto a la sentencia interlocutoria emitida en la primera sección del juicio sucesorio intestamentario. Respecto a la exhaustividad, esta consiste en que se deben resolver sobre todos y cada uno de los puntos planteados, circunstancia que colma el acto reclamado, porque como se advierte, versa sobre el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de María Isabel Chávez Domínguez, dentro del juicio sucesorio intestamentario, a bienes de Esthela Ortega Solorio o Estela Ortega Solorio o Estela Ortega o Esthela Ortega, en contra de la sentencia emitid dentro de la primera sección del referido juicio; cuestiones que sí abarcó la resolución que se analiza y al ser ello así, carece de sustento la afirmación que realiza la quejosa. Lo anterior, porque la resolución reclamada, en esencia, determinó: Que contra lo afirmado por la recurrente, Pedro Mastache Melgarejo sí tenía derecho a heredar, pues acreditó su carácter de cónyuge supérstite de la actora de la sucesión, por encontrarse casado con la de cujus al momento de fallecer. Ello a través del acta de defunción relativa, cuyas declaraciones ahí asentadas tienen pleno valor hasta en tanto no se pruebe lo contrario, de conformidad con los artículos 45, 100 y 101 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, y la tesis con registro 182737 del rubro: "ACTA DE DEFUNCIÓN. LOS DATOS QUE CONTIENE NO CONSTITUYEN ASPECTOS EXTRAÑOS A ELLA, POR LO QUE DA FE DE SU CONTENIDO, Y LOS VICIOS O DEFECTOS QUE CONTENGA PODRÁN ENMENDARSE MEDIANTE DECLARACIÓN JUDICIAL."; lo que además no fue combatido por la inconforme en los agravios, lo que por sí sólo los hace infundados; y, Que adverso a lo argüido, el juez no debía pronunciarse sobre el incidente sobre lo decidido de la capacidad para heredar de Pedro Mastache Melgarejo, pues tal incidencia ya había sido resuelta por interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, que la declaró improcedente y donde se valoraron las pruebas ofertadas; sin que existan constancias sobre su impugnación. De forma que al ya haber sido resuelta la incidencia, el juez de los autos no estaba obligado a analizar nuevamente tal aspecto incidental. De ahí que sean infundados los conceptos de violación en análisis. Ahora, las diversas porciones del primero y segundo concepto de violación, resultan inoperantes. Para concluir en esos términos, se estima necesario precisar que ante la autoridad responsable, la quejosa planteó prácticamente los mismos agravios que ahora endereza en su primero y segundo conceptos de violación, lo que se corrobora con el contenido del escrito de agravios que obra a fojas 5 a 29 del cuaderno de pruebas, en el cual en esencia expuso: Que en la resolución combatida no se analizó el incidente de pérdida de la capacidad para heredar interpuesto en autos por la albacea en contra de Pedro Mastache Melgarejo, vulnerando de esa forma también los artículos 484 y 487 del código civil para el Estado, 573,574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y demás garantías constitucionales. Por lo tanto, se debe revocar la resolución apelada para que se dicte otra en la que observándose los principios de motivación, fundamentación, precisión, claridad, exhaustividad y congruencia, se puntualice la razón del porqué Pedro Mastache Melgarejo, tiene derecho a heredar en la presente sucesión, cuando éste denunció penalmente a la albacea y sus hermanas y, por ende, no tenía derecho a heredar, al carecer el fallo de esa motivación. Que en la sentencia impugnada tampoco se mencionó la prueba confesional que a cargo de Mastache Melgarejo se ofreció en el incidente de pérdida de la capacidad para heredar, ni la carpeta de investigación número 1003201732480 de la Unidad de Investigación de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán, cuando era responsabilidad del juzgador pronunciarse tanto de tales probanzas, así como respecto del incidente y de todo lo habido en el juicio. Ello, expuso, por ser en la sentencia de primera sección donde se establece quienes tienen derecho a heredar, además porque la autoridad federal se negó a conocer la incidencia planteada por no existir sentencia donde se resolviera la declaración de herederos. Que la juez de origen debió analizar en la resolución materia de apelación todas las pruebas, incidentes, causas de pérdida del derecho a heredar y elementos tendientes a acreditar el entroncamiento y, por tanto, las violaciones procesales cometidas en el incidente se debieron resolver en la primera sección. De ahí que al no analizar la jueza que Pedro Mastache Melgarejo tiene incapacidad para heredar en el juicio sucesorio por incurrir en una de las causales del artículo 487 del código civil, al haber acusado a la albacea y a sus hermanas del delito de privación de la libertad, lo que está demostrado en el incidente con las pruebas respectiva, infringió la tutela judicial efectiva. Los anteriores agravios fueron declarados infundados en la sentencia que ahora se combate, expresamente en los términos siguientes: "[.] CUARTO. Agravios que son infundados. Toda vez de que de una interpretación sistemática de los artículos 1013 y 1035 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado que establecen por su orden: "La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: El testamento o testimonio de protocolización; La denuncia del intestado; Los nombramientos y remociones de albaceas; Las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar y preferencia de derechos; y, Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores; y, En la sentencia el juez declarará herederos a los que hubieran justificado su parentesco con el autor de la sucesión y si ninguno lo hubiere justificado, declarará heredero al Fisco. En la misma sentencia resolverá quien es el albacea definitivo que será nombrado por el juez de entre los herederos declarados, si ninguno hubiere obtenido mayoría de votos. Si el Fisco fuere el heredero, su representante será nombrado albacea". La primera sección de un juicio sucesorio se ocupara del dictado de la resolución de la primera sección en la que se hará la apertura de la sucesión, la institución de herederos nombrando herederos a quienes demuestren ese derecho, y del nombramiento de albacea. Así como de la tramitación y resolución de los incidentes que tengan relación con la remoción del cargo de albacea, validez del testamento y la capacidad legal para heredar, como la preferencia de derechos. Bajo esas premisas, no asiste razón a la apelante, primeramente, porque de la resolución materia de apelación, se advierte que la juez del conocimiento atendiendo los principios fundamentales señalados por la inconforme y en base a las constancias habidas y exhibidas en el juicio: Decretó la apertura de la sucesión a bienes de Esthela Ortega Solorio también conocida como Estela Ortega Solorio y/o Estela Ortega y/o Esthela Ortega; Determinó entre otras personas que Pedro Mastache Melgarejo tiene derecho a heredar en la presente sucesión al haber demostró (sic) ser cónyuge supérstite de la autora de la sucesión; y, Nombró como albacea definitiva a la propia recurrente. Cuenta habida que se justificaron los hechos expresados en el escrito de radicación del sucesorio, por lo que concierne a la declaración de heredero de Pedro Mastache Melgarejo, éste allegó para tal efecto el acta de defunción de Esthela Ortega Solorio también conocida como Estela Ortega Solorio y/o Estela Ortega y/o Esthela Ortega, expedida por el Director del Registro Civil de Morelia, Michoacán, en la que se asentó entre otros que Esthela Ortega Solorio estaba casada con Pedro Mastache Melgarejo. Documental que como lo consideró la juez de los autos resulta idóneo para demostrar el vínculo que existía entre la autora de la sucesión y Mastache Melgarejo, al no haber sido desvirtuada, argumentos que no fueron combatidos en el pliego de agravios, circunstancias que por sí sola hace infundados los agravios. Determinación que fue acertada, ya que acorde con lo establecido en el artículo 45 del Código Familiar del Estado, el que señala: [.] Los datos asentados en el acta de defunción no constituyen aspectos extraños a la misma, al ser estos proporcionados por los comparecientes, en cumplimiento de lo mandado por loa ley ante el Oficial del Registro Civil por lo que harán fe hasta que se pruebe lo contrario, y al respecto las actas de defunción en términos de los artículos 100 y 101 del Código Familiar para el Estado, que establecen por su orden: [.] Contienen, entre otros datos; el nombre, apellido, edad, nacionalidad, estado civil, ocupación y domicilio que tuvo el difunto; si era casado se anotará el nombre y apellidos del cónyuge, aunque este hubiere fallecido. Por lo tanto, la información contenida en el acta de defunción de Esthela Ortega Solorio también conocida como Estela Ortega Solorio y/o Estela Ortega y/o Esthela Ortega, que obra a foja 46 en las copias certificadas que integran el cuaderno de apelación, está íntimamente relacionada con los atributos de la personalidad que tuvo en vida aquélla, ejemplar que al haber sido levantado con declaraciones hechas conforme a las disposiciones legales, en términos del citado artículo 45 del ordenamiento legal familiar en consulta, hace fe plena en todo lo que el Oficial del Registro Civil en ejercicio de sus funciones certificó haber pasado en su presencia. En ese tenor, bastó con analizar que en la citada acta de defunción perteneciente a Esthela Ortega Solorio también conocida como Estela Ortega Solorio y/o Estela Ortega y/o Esthela Ortega Esthela Ortega Solorio también conocida como Estela Ortega Solorio y/o Estela Ortega y/o Esthela Ortega, se asentó que su cónyuge fue Pedro Mastache Melgarejo, para que éste tenga derecho a heredar, ya que se debe entender que tales declaraciones hacen fe hasta en tanto no se demuestre lo contrario por tratarse se insiste de manifestaciones hechas en cumplimiento de la norma, lo que resulta suficiente para reiterar lo determinado por la juez de origen, esto es que el esposo supérstite de la autora de la sucesión es Pedro Mastache Melgarejo, al haber acreditado la relación existente entre él y ella, circunstancia que no fue desvirtuada, por ende tiene derecho a heredar en la presente sucesión. Con lo anterior es factible concluir que la sentencia combatida contrario a lo que puntualizó la inconforme, no resulta ilegal ya que se encargó de aperturar la sucesión legítima a bienes de Esthela Ortega Solorio también conocida como Estela Ortega Solorio y/o Estela Ortega y/o Esthela Ortega, de la institución de herederos declarando heredero entre otros a Pedro Mastache Melgarejo por haber demostrado ser cónyuge supérstite de la autora de la sucesión, y se nombró albacea definitiva a la apelante. Argumentos orientados en lo conducente, por la tesis con número de registro 182737 [.]. Ahora bien, no obstante que en la primera sección del juicio sucesorio también se ocupa de dilucidar los incidentes que tengan relación con aspectos de remoción del cargo de albacea, validez del testamento y la capacidad legal para heredar, así como la preferencia de derechos, y que de las copias certificadas que integran el cuaderno de apelación se advierta la tramitación por parte de la albacea del incidente de incapacidad para heredar en contra de Pedro Mastache Melgarejo. No asiste razón a la recurrente, cuando asegura que al dictar la sentencia de primera sección del sucesorio que ocupa la jue de primera instancia debió analizar el incidente planteado, así como las pruebas allegadas en el mismo. En principio, toda vez que como se dijo la resolución de primera sección se ocupa de abrir la sucesión legítima, la declaración de herederos y el nombramiento de la albacea. Por otra parte, cualquier incidente que tenga que ver con el tema de la capacidad legal para heredar, ejercitado en la primera sección del sucesorio se tramitará conforme a los procedimientos establecidos para los incidentes acorde con el artículo 860 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, como ocurrió en la especie, ya que de las constancias que integran el cuaderno de apelación se desprende la tramitación del incidente en comento y que el mismo ya fue resuelto mediante sentencia interlocutoria de fecha 25 veinticinco de mayo de 2021 dos mil veintiuno, resolución vista a fojas de la 379 trescientos setenta y nueve a la 393 trescientos noventa y tres del cuaderno de apelación, en el cual se analizaron los argumentos planteados en el mismo, se valoraron las pruebas ofertadas para demostrar la incidencia, la que como se anunció resultó improcedente, sin que contrario a lo indicado por la inconforme, existan constancias de impugnación alguna con respecto a esta resolución. Por lo que, al haberse resuelto la incidencia con antelación al dictado de la sentencia fuente de apelación, la juez de los autos no se encontraba obligada a analizar de nueva cuenta ese aspecto incidental, del que hizo referencia en los resultados de la resolución combatida, como antecedente de su improcedencia. [.]" Ahora, se reitera que la quejosa, en diversa porción del primer y segundo concepto de violación, señala que la sentencia resulta inconstitucional porque se citan artículos, argumentos y una serie de manifestaciones tendentes a sostener que Pedro Mastache Melgarejo tiene derecho a heredar por tener la calidad de cónyuge supérstite, pero: Es omiso en fundar y motivar su resolución, puesto que en los argumentos que la ahora quejosa emitió ante la responsable, sostuvo que si bien Pedro Mastache Melgarejo tiene derecho a heredar, se omitió establecer que éste tiene incapacidad para heredar y; al efecto, se promovió un incidente de pérdida de la capacidad para heredar, en el que se acreditó que Pedro Mastache Melgarejo denunció de manera dolosa a la quejosa y a sus dos hermanas, y, no obstante ello, la responsable no entró al estudio de tal circunstancia, tal y como lo dispone el artículo 875 del código de procedimientos civiles para el Estado de Michoacán; también consideró que la sentencia resulta ilegal, porque la responsable fue omisa en entrar al fondo del estudio del incidente de pérdida de la capacidad para heredar; de ahí que al no estudiar a fondo las constancias que existen en el juicio principal y, en el incidente, se genera una afectación a la tutela judicial efectiva. Luego, este juzgado federal considera que de un análisis comparativo entre lo expuesto por la apelante, aquí quejosa, en los agravios formulados ante la responsable y lo ahora planteado en las porciones anotadas del primero y segundo concepto de violación, se advierte que estos últimos son una reproducción literal de los primeros. De lo anterior no se observa que la parte peticionaria del amparo haya expresado razonamiento lógico jurídico alguno tendente a combatir las consideraciones en base a las cuales el Magistrado responsable declaró infundados dichos agravios y confirmó la interlocutoria apelada. En concreto, la quejosa deja de combatir todo lo razonado por la Sala en el sentido de que: Que contra lo afirmado por la recurrente, Pedro Mastache Melgarejo sí tenía derecho a heredar, pues acreditó su carácter de cónyuge supérstite de la actora de la sucesión, por encontrarse casado con la de cujus al momento de fallecer. Ello a través del acta de defunción relativa, cuyas declaraciones ahí asentadas tienen pleno valor hasta en tanto no se pruebe lo contrario, de conformidad con los artículos 45, 100 y 101 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, y la tesis con registro 182737 del rubro: "ACTA DE DEFUNCIÓN. LOS DATOS QUE CONTIENE NO CONSTITUYEN ASPECTOS EXTRAÑOS A ELLA, POR LO QUE DA FE DE SU CONTENIDO, Y LOS VICIOS O DEFECTOS QUE CONTENGA PODRÁN ENMENDARSE MEDIANTE DECLARACIÓN JUDICIAL."; lo que además no fue combatido por la inconforme en los agravios, lo que por sí sólo los hace infundados; y, Que adverso a lo argüido, el juez no debía pronunciarse sobre el incidente sobre lo decidido de la capacidad para heredar de Pedro Mastache Melgarejo, pues tal incidencia ya había sido resuelta por interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, que la declaró improcedente y donde se valoraron las pruebas ofertadas; sin que existan constancias sobre su impugnación. De forma que al ya haber sido resuelta la incidencia, el juez de los autos no estaba obligado a analizar nuevamente tal aspecto incidental. Lo cual conduce a declarar inoperantes tales planteamientos expuestos y que pretende sean analizados por esta autoridad federal como conceptos de violación, pues al haber hecho solamente una reproducción literal de lo alegado ante la autoridad responsable, técnicamente no se combaten en forma alguna las consideraciones que sostienen el sentido de la resolución reclamada. Más aún que, como se precisó, no procede suplir su deficiencia. Son aplicables las tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Octava Época Registro: 230775 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/2 Página: 652 CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES, SI EL QUEJOSO SÓLO REPITE LO ADUCIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En los casos no específicamente determinados por la ley para suplir la deficiencia de la queja, la técnica jurídica procesal exige que los conceptos de violación estén relacionados directa e indirectamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; pero si ante la potestad federal el quejoso sólo reproduce en términos casi textuales lo que alegó ante la autoridad responsable y que fue declarado por ésta sin fundamento, tal planteamiento en el amparo resulta inatendible, porque no puede estimarse que combata las consideraciones en que se apoya el acto tachado de inconstitucional". "Época: Novena Época Registro: 1003661 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 1782 Página: 2035 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN QUE TÉCNICAMENTE NO EXISTEN. Si lo que en la demanda de amparo se expresa a título de conceptos de violación no es más que la reproducción textual de los agravios hechos valer en la alzada, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el tribunal de apelación, sin exponerse argumentación alguna para impugnar la sentencia de dicho tribunal, debe considerarse que técnicamente no existen conceptos de violación, dado que los argumentos contenidos en la referida demanda de amparo son anteriores a la sentencia reclamada y lógicamente no son aptos para demostrar que esa sentencia sea violatoria de garantías, por lo que el amparo debe negarse, si además no existe deficiencia en la queja que deba suplirse". "Época: Novena Época Registro: 186982 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: III.1o.P. J/11 Página: 936 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN QUE TÉCNICAMENTE NO EXISTEN. Si lo que en la demanda de amparo se expresa a título de conceptos de violación no es más que la reproducción textual de los agravios hechos valer en la alzada, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el tribunal de apelación, sin exponerse argumentación alguna para impugnar la sentencia de dicho tribunal, debe considerarse que técnicamente no existen conceptos de violación, dado que los argumentos contenidos en la referida demanda de amparo son anteriores a la sentencia reclamada y lógicamente no son aptos para demostrar que esa sentencia sea violatoria de garantías, por lo que el amparo debe negarse, si además no existe deficiencia en la queja que deba suplirse". Ahora, la diversa porción del tercer concepto de violación relativa al principio pro persona, también resulta inoperante. Ello pues si bien la quejosa pretende amplificar la protección que contiene el derecho fundamental de acceso efectivo a la jurisdicción, a fin de que se analice y determine la procedencia del incidente que hizo valer en el trámite de la primera sección del procedimiento sucesorio. Cierto es también que se declararon inoperantes por reiterativos los conceptos de violación vinculados al análisis y procedencia del a referida incidencia, lo que implica un obstáculo para que este juzgado pueda pronunciarse sobre tal aspecto en el fondo. De ahí que la sola invocación del principio referido no puede tener en el caso el alcance de declarar procedente la incidencia, ya que no superan los requisitos de fondo para que se analice de fondo el agravio. Al respecto de citan las tesis siguientes: Registro digital: 2004748 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906 Tipo: Jurisprudencia "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Registro digital: 2002359 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 530 Tipo: Aislada "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Ahora, en relación a diversa porción plasmada en el primer concepto de violación, en el sentido de que la responsable viola las formalidades esenciales del procedimiento, así como los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, porque no admitió la prueba de oficio vía informe, ni tampoco tomar en consideración las constancias de la Fiscalía del Estado de Michoacán, en la cuales afirma se demostró que Pedro Mastache Melgarejo, denunció a la quejosa y a sus hermanas, lo cual afirma fue ofrecido en el incidente de la capacidad para heredar. De un análisis comparativo entre lo expuesto por la quejosa en los agravios formulados ante el Magistrado responsable, y lo ahora planteado en la porción precisada del primer concepto de violación, se advierte que lo alegado en estos últimos, no fue expuesto como agravio ante la autoridad responsable, al momento de interponer el recurso de apelación, cuya resolución ahora constituye el acto reclamado, por lo que ésta no tuvo oportunidad de pronunciarse en torno a lo fundado o no de tales alegaciones, de manera que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de una sentencia a la luz de razonamientos que no conoció dicho tribunal y que por tanto, no formaron parte de la litis del recurso de apelación de mérito; de ahí la inoperancia de tal porción del concepto de violación. Sirve de sustento por identidad jurídica la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 178788 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Abril de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: VI.2o.A. J/7 Página: 1137 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas". Bajo esa tesitura, dadas las razones expuestas en párrafos anteriores, lo aquí resuelto no es contrario a las tesis invocadas como apoyo de la demanda de amparo. En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a María Isabel Chávez Domínguez. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no ser en sí mismos violatorios de garantías. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Isabel Chávez Domínguez, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 493/2022-VII, promovido por la apoderada de María Isabel Chávez Domínguez, contra actos que reclama del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad y otra autoridad; y... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Isabel Chávez Domínguez, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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